Los indicadores económicos de
corto plazo son espectaculares. Estamos creciendo por segundo año consecutivo
en el orden del 8%, con chances que a fines de 2005 recuperemos los
paradigmáticos niveles de actividad de mediados de 1998. La situación fiscal es
sólida. La tasa de interés es más baja que durante los mejores años de la
convertibilidad. Lo mismo que la fuga de capitales de residentes. Además, ya
hay alguna entrada de capitales de extranjeros. Todo bien.
Cosas muy parecidas se decían hace
10 años cuando la convertibilidad estaba en su apogeo y ya sabemos cómo
terminó. Retrocediendo más en el tiempo encontraremos que Argentina parecía
tener destino europeo a principios del siglo pasado pero hace 30 años que tiene
el mismo PIB per capita, con el agravante que el 44% de la población hoy es
pobre cuando antes era mínima. Hace 25 años éramos igual que Irlanda y hoy son
casi 12 veces más que nosotros (cuadro adjunto). Eramos iguales a España y en
2004 ellos son 6 veces más que Argentina. Australia nos superaba en 40% y hoy
es 8 veces más. México era menos de la mitad de Argentina y hoy nos supera en
70%. Eramos 2,5 veces más que Chile y hoy ellos son casi 50% más que nosotros.
Argentina era 6 veces Botswana (Africa) y hoy nos superan en 40%. Fuimos 6
veces más que Brasil y hoy estamos a la par.
Nuestra decadencia es tan terrible
que hoy, a pesar de tener entre 8 y 13 veces más de ingreso per capita que
algunos países africanos muy pobres como Zambia, Kenia y Tanzania, la
clasificación que nos corresponde en el mundo a partir de indicadores
institucionales (ver cuadro adjunto) más la performance de crecimiento
económico del último cuarto de siglo, es muy similar a la de ellos. En efecto,
en la segunda columna del cuadro adjunto se ve que haciendo un promedio del
ranking de cada país para 7 variables (sobre la base de 200 países de todo el
mundo) Argentina ocupa el puesto número 134, Zambia el 137, Kenia el 142 y
Tanzania el 145. Irlanda está número 17, Australia en el puesto 21. Los tres
primeros (no están en el cuadro adjunto) son países nórdicos: Dinamarca,
Finlandia y Suecia. O sea, a pesar de que nuestro ingreso per capita está en el
orden del de Chile, México y Brasil, en materia de respeto a las instituciones,
calidad en la información pública, imperio de la ley, eficacia del gobierno,
etc. somos indigentes.
Ejemplos sobran. La ridícula
redistribución “progre” de los cortes más caros de la Cuota Hilton que ha hecho
la Secretaría de Agricultura. El desembarco “pingüino” en el BCRA que llegó al
límite del absurdo al poner como director del ente que rige la política
monetaria del país a un especialista en lotería. El “apriete” permanente de la
Secretaría de Energía para que las generadoras de electricidad capitalicen en
la construcción de una central los $460M de deuda que Cammesa contrajo con
ellas desde la pesificación de las tarifas. La media sanción del Senado de un
proyecto de ley que impide a las empresas de servicios públicos intimar al pago
a un moroso sin audiencia previa de mediación. El gobernador de Santa Cruz
apela una medida judicial que lo obligaba a abrir toda la información
relacionada con los fondos de la Provincia y consigue que otro juez le diga que
no tiene porqué rendir cuenta de lo que pasó con el dinero.
Y como paradigma de la falta de
imperio de la ley está el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia
declarando constitucional la pesificación de los depósitos bancarios.
Es una vergüenza que la Corte
Suprema haya dictaminado exactamente al revés sobre el mismo tema en poco más
de un año y medio. En efecto, el 5 de marzo de 2003 en el caso de la Provincia
de San Luis contra el Banco Banco Nación por sus depósitos a plazo fijo,
declaró inconstitucional la pesificación de los depósitos bancarios destacando que "el Poder Ejecutivo se apartó de las
directivas dadas por el Congreso en la ley de emergencia 25.561" y que
"la pesificación asimétrica dispuesta mediante el decreto 214/02 arrasó
con el derecho de propiedad de modo incompatible con la protección que la Constitución
otorga a esa garantía”.
En su fallo del martes, la Corte Suprema
consideró que la pesificación es constitucional, que los amparistas (los
ahorristas que recuperaron sus depósitos mediante acciones de amparo) son poco
menos que aves de rapiña, que respetar el derecho de propiedad (o sea dólares)
hubiera sido crear una clase privilegiada de “no estafados” y que la
convertibilidad fue una ficción. Claro, salvo el caso de Carlos Fayt, todos los
ministros de la Corte que en aquél momento votaron contra la pesificación y a
favor de la dolarización de los depósitos de San Luis como Julio Nazareno,
Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López y Adolfo Vázquez ya no están más, ya
sea por las gestiones del propio Kirchner o de sus “adjuntos” en el Congreso
con las respectivas amenazas de juicio político. Por supuesto que esto no es
ninguna defensa de aquellos cortesanos sino poner las cosas claras: así como
antes había una repudiable mayoría automática menemista, ahora fue reemplazada
por una no menos cuestionable tropa kirchnerista. O sea, una burda expresión de
la Argentina feudal. Viene el gran señor, en este caso Kirchner, hace 10 años
Menem y negocia “su” Congreso, designa sus jueces, su Corte Suprema, su Banco
Central.
También es una vergüenza el fallo de la Corte
por la desproporción y antagonismo de actitudes que se tuvo con las Provincias
versus los ahorristas. La convertibilidad explotó por culpa de que durante 11
años (1991-2001) se mezcló el tipo de cambio fijo por ley con déficits fiscales
de USD 12.000M de dólares en promedio anual (4% del PIB) financiados
externamente, primero con privatizaciones y luego con colocaciones de deuda.
Esto último hizo que el endeudamiento público consolidado (Nación y Provincias)
saltara USD 106.000M entre 1990 y 2001. De USD 66.000M a USD 172.000 M. Las
Provincias explican 25% de ese aumento de la deuda, o sea USD 26.500M (3 veces
la que tenían antes de la convertibilidad) que es el déficit fiscal que
acumularon en el período ¡a pesar de haber recibido USD 15.000 M en promedio
por año de recursos federales (coparticipación y otros), el doble de lo que
recibían antes de la convertibilidad! Sin embargo, la Nación se hizo cargo del
100% de la deuda interna de Provincias por valor de USD 13.000M ¡como premio
por su irresponsable política fiscal durante más de una década!
Si a las Provincias, responsables junto con la
Nación del peor colapso de la historia argentina se les dio la nacionalización
(¿condonación?) de la deuda por USD 13.000M ¿porqué no emitir otros USD 13.000M
de deuda pública para respetar los depósitos de la gente y de paso poner algún
límite a la barbaridades que puede hacer el Estado en la Argentina?