¿Cuál es el objetivo del gobierno corporativo? Esta pregunta parece baladí, pero no lo es. Con demasiada frecuencia se utiliza ese término con sentidos y significados tan amplios que lo convierten en un cajón de sastre dentro del cual todo cabe.

Por ello es importante saber lo que no es propiamente la finalidad de quienes gobiernan las compañías de lo que en realidad es. De entrada, eso no tiene nada que ver con las relaciones entre la empresa y la sociedad, como insinúan los defensores de la stakeholder theory, o para salvaguardar el entorno o para crear compañías fuertes capaces de competir en el mundo, etc. Estas y otras finalidades se engloban dentro de un concepto tan atractivo como perverso, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que se ha convertido en uno de los grandes negocios del siglo XXI, a cuya sombra florece una corte de parásitos que chupa la sangre de uno de los instrumentos de bienestar y prosperidad más poderosos del mundo: la gran corporación.

La filosofía subyacente a la RSC es tan atractiva como falaz: el capitalismo es un sistema con un pecado original, el egoísmo individual, que ha de redimirse sirviendo a determinados intereses públicos. Esta vieja idea se ha extendido como la pólvora de la mano de los teóricos y propagandistas de la RSC, que se ha arrogado la pretensión de decir lo que es moral o no, socialmente responsable o no, del comportamiento de las empresas. A su vez, éstas invierten cada vez más recursos en las actividades sugeridas por las ONG y otros elementos de la denominada sociedad civil para obtener su aprobación en una verdadera inmolación ante el altar del bien público de los principios básicos de la corporación capitalista. La RSC sería algo así como el tributo pagado por la economía de mercado a la virtud.

El contenido del gobierno de las empresas es algo muy limitado y específico. Se refiere exclusivamente a las vías por las cuales se asegura que las acciones corporativas, la administración de los activos y el comportamiento de los gestores están orientados a servir los fines de los accionistas, que son los dueños de las compañías. La ventaja de esta definición es bastante clara. Primero, permite identificar al servicio de quién debe estar la corporación, que no es otro que al de sus propietarios, el accionariado. Esta cuestión elemental tiende a diluirse en el debate contemporáneo sobre el tema cuando se habla de la responsabilidad social de la empresa y otras cajas de Pandora de esa índole, cuya apertura lleva a planteamientos tan absurdos como culpabilizar a las multinacionales del hambre en el mundo o del riesgo de extinción del oso panda. En segundo lugar, ayuda a definir con precisión los mecanismos de gobierno corporativo, es decir, los medios por los cuales los gestores son responsables ante los accionistas de la consecución de los fines de la empresa, esto es, la maximización de los beneficios.

La atribución a las compañías de obligaciones distintas a lograr el máximo beneficio para sus accionistas dentro de la ley —deberes sociales indefinidos o minimizar los efectos colaterales negativos ocasionados por la actividad empresarial— constituye una concesión a lo políticamente correcto que escapa de manera absoluta a los fines empresariales y cuya toma en consideración podría sobrecargar a las compañías con cargas regulatorias o morales que las impedirían o distraerían del cumplimiento de los objetivos asignados por los propietarios. En cualquiera de sus versiones, la RSC es un mecanismo de restricción del derecho de propiedad, una nueva expresión de la vieja idea fascista de la función social de la propiedad. Es un triunfo póstumo de la ponzoña colectivista, de la canonización del “autosacrificio” acudiendo a la terminología randiana.

Los estándares de vida disfrutados por las sociedades industrializadas en la actualidad tienen su causa última en un principio básico: la persecución individual del beneficio en un mercado competitivo. Gracias a ella, la inversión es posible, gente encuentra empleo, los trabajadores cobran sus salarios, los consumidores adquieren mejores bienes y servicios a precios más bajos, y se emplean los recursos escasos de la sociedad de la manera más eficiente posible, lo que aumenta el bienestar de todos. Esta es la principal grandeza del capitalismo, su más poderosa contribución social y la fuerza sobre la que reposa el funcionamiento del sistema de libertad económica. Desde esta óptica, la RSC es una fuerza subversiva de los cimientos de una economía libre.

La inclusión del concepto de Responsabilidad Social de la Empresa, aunque se considera de aceptación voluntaria, es un error conceptual grave, un portillo a todo tipo de iniciativas y propuestas destinadas a expropiar los derechos económicos de los accionistas, como sucede ya en muchos supuestos, a causa de la presión e incluso el chantaje que determinadas organizaciones —por ejemplo, las ONG— ejercen sobre las compañías para que financien sus actividades. En realidad, la RSC es una manera hipócrita y sofisticada de practicar la filantropía con el dinero de los demás.