Escribe Thomas E. Lehman

ESCUELA PUBLICA OBLIGATORIA: EL DILEMA ECONOMICO.
Las escuelas públicas son como todos los organismos gubernamentales, incapaces de evaluar correctamente su propio desempeño en términos de satisfacción proporcionada a los usuarios: los estudiantes y sus padres. Esta ausencia de una adecuada capacidad de autoevaluación yace en la inhabilidad de las burocracias educacionales o de cualquier agencia del estado para calcular ganancias o pérdidas en términos de asignaciones numéricas/unidades monetarias o proceso de calcular y comparar costos de oportunidad (precios) entre una variedad de elecciones. Están cargadas de procedimientos estructurales regulados no existiendo relación alguna entre los estudiantes y los contribuyentes, quienes están forzados a financiar todos los gastos educativos de los estudiantes.
Para una compañía privada, operando dentro de los parámetros de una economía de mercado, el cálculo económico consiste en comparar ingresos y egresos para arribar al uso más eficiente de los recursos en la satisfacción de las necesidades más urgentes.
Las ganancias son una manifestación implícita de los consumidores, que declaran que los recursos escasos empleados en la fabricación de un determinado bien fueron prudentemente aplicados, ya que los consumidores están dispuestos a pagar un precio por el producto o servicio mientras que las pérdidas demuestran que los recursos fueron despilfarrados y que deberían haber sido empleados de una forma mas conductiva a la satisfacción de los consumidores, quienes optaron por no adquirir el bien. Independientemente de las ganancias o pérdidas producidas, todas las empresas que operan dentro de los parámetros de un mercado libre de trabas tienen la posibilidad de evaluar, positiva o negativamente, su propio desempeño en un período inmediato, precisamente porque disponen del uso del cálculo económico.
Debido a que las burocracias gubernamentales existen dentro de un mar capitalista de cálculo económico, los burócratas pueden calcular y presupuestar gastos, pero dado que los organismos de gobierno no operan en base a ganancias o pérdidas estos administradores no tienen forma de relacionar los gastos con los ingresos provenientes de impuestos para determinar que los gastos fueron prudentemente asignados. Ellos no son conscientes de si los recursos tomados de los contribuyentes fueron empleados de acuerdo a las demandas mas urgentes de los consumidores. Los organismos de gobierno están privados de métodos contables de ganancias y pérdidas, métodos estos imprescindibles para evaluar económicamente el desempeño pasado y realizar cambios en base a la información provista.

EL DILEMA POLITICO.
Debido a que las burocracias no pueden evaluar su desempeño en términos de satisfacción del consumidor recurren entonces a criterios no económicos. Estas medidas de cálculo no económico se podrían denominar "cálculo político". Política o ideológicamente motivados, los administradores dentro de cualquier burocracia a fin de alcanzar sus objetivos buscarán aplicar su autoridad hasta donde sus posiciones se lo permitan. Intentarán incrementar el presupuesto anual de sus organismos gastando más de lo asignado anualmente con la excusa de "necesario para la sociedad", intentarán expandir la esfera de influencia de sus organismos obteniendo mayor poder y prestigio que las agencias con las que compiten en el pedido de fondos. Intentarán usar el poder de sus posiciones para forzar sus propios valores sobre la sociedad. A menos que sea políticamente necesario ellos no prestarán mucha atención a aquellos para quienes el organismo fue designado para servir, en este caso los estudiantes y padres. Los administradores no son motivados por pérdidas o ganancias económicas, sino por consideraciones personales políticas o ideológicas. El éxito o fracaso de estas organizaciones está completamente basado en el punto donde esos objetivos sociales, ideológicos y/o políticos sean alcanzados.

LA SOLUCION INCONDICIONAL.
A fin de proporcionar integridad académica, realización individual, libertad y un ambiente de aprendizaje sosegado, deberíamos desmantelar el monopolio educativo y establecer una separación entre la educación y el estado. La educación debería ser vista como lo que es: un bien económico a ser comprado y vendido en el mercado de acuerdo a las valoraciones subjetivas y preferencias de los consumidores de servicios educativos: los estudiantes y sus padres. Los administradores y profesores de la escuela pública deberían comenzar a competir en el mercado de las ideas.
La educación financiada en base a impuestos debería ser reemplazada por educación financiada por los consumidores independientes y debería también se ofrecida a precios competitivos. El mercado educativo debería ser el resultado de compras voluntarias o abstención a comprar de los consumidores y de ninguna manera el resultado de intervención de políticos o administradores públicos motivados política o ideológicamente.
Además, la educación debería ser no obligatoria, si los niños y sus padres no se interesan en consumir la información y conocimientos provistos por los servicios educativos en el mercado no deberían ser obligados a consumirlos. Aún más, la educación no obligatoria disminuiría la violencia en las escuelas. Las escuelas en un libre mercado tendrían el incentivo de proveer una educación de primer nivel a estudiantes a un precio competitivo y los asistentes tendrían un incentivo financiero para desempeñarse de la mejor manera posible. Si una escuela no tuviera rigurosos programas y un curriculum sobresaliente percibiría una reputación paupérrima, sus egresados no alcanzarían ingresos considerables disminuyendo la cantidad de estudiantes interesados en ingresar, causando pérdidas financieras y forzando a la escuela a reevaluar su performance. A la inversa, aquellas escuelas que proveyeran una mejor educación a sus alumnos acumularían ganancias, reflejando el correcto empleo de sus recursos escasos. En ambos casos, el cálculo económico en términos de ganancias o pérdidas posibilitaría a las escuelas evaluar su desempeño en términos de demanda de educación.
Las actuales escuelas públicas no sobrevivirían a la búsqueda de la excelencia de las escuelas en libre competencia, los estudiantes no estarían cautivos en las bases políticas o ideológicas de los profesores y administradores, y los profesores se verían en la necesidad de proveer de una valiosa experiencia educativa a sus estudiantes en un ambiente de aprendizaje sosegado o se encontrarían sin empleo. La separación de la escuela y el estado es tan importante como la separación de la escuela y la iglesia. Sólo entonces los estudiantes comenzarán a experimentar diversidad académica, madurez intelectual y un medio de aprendizaje sin violencia. Sólo entonces estarían librados de la burocratización de la mente.

Thomas E. Lehman es profesor adjunto de Economía e Historia en la Indiana Westeyan University.

Este artículo fue originalmente publicado en la revista The Freeman.