Bajo la ley antiterrorista
Carlos Mira
Periodista. Abogado. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


¿Por qué la presidente eligió lanzar el país a un jacobinismo de consecuencias imprevisibles? Nadie lo sabe. Ayer en el marco del enésimo discurso anunciando un plan de subsidios y fomento (esta vez la construcción de -dijo- 100000 viviendas[¿?]) anunció que su gobierno aplicaría la Ley Antiterrorista a la compañía RR Donnelley por considerar que la quiebra de dicha empresa fue una maniobra provocada a propósito para alterar el orden social y económico.
La presidente dijo que parte del paquete accionario de la imprenta pertenecía a un fondo controlado por Singer, en una especie de "confabulación mafiosa internacional" contra la Argentina.
Se trató de un discurso preparado para amoldar las necesidades políticas de su gobierno a los términos de una ley dictada con todas las ambigüedades posibles del lenguaje para dar lugar, precisamente, a que su aplicación se adecue a una coyuntura determinada.
La presidente también dijo que era “la primera vez” que se aplicaba. Se trató de un dato erróneo o, quizás de una desinformación presidencial. La ley antiterrorista pretendió ser aplicada antes contra manifestantes en Famatina y contra el periodista Juan Pablo Suarez en Santiago del Estero. Este último estuvo preso 10 días simplemente por filmar las escenas de una rebelión policial en su provincia.
La ley establece ciertos requisitos (coherentes al menos con el objetivo blanqueado al sancionarla, esto es, cumplir con una imposición del GAFI para evitar el lavado de dinero) que incluyen la necesidad de probar una vinculación con una red terrorista internacional, que se laven activos financieros, que existan armas y explosivos y que se incite al odio racial, étnico o religioso con el objetivo de causar terror a la población.
Cómo hará el gobierno para probar la existencia de armas, explosivos, incitación al odio racial o religioso para causar terror en la población, tampoco lo sabemos. Pero lo que resulta evidente es que el intento pasará por describir la maniobra como una acción programada por los fondos buitres (que a estos efectos ocuparían el lugar de la “asociación ilícita internacional”) para aterrorizar a la población por la vía de hacerle creer que la economía se desploma con la inocultable consecuencia de la pérdida de empleos y fuentes de trabajo.
La Sra. de Kirchner agregó que para ese objetivo la empresa había contado con la inestimable colaboración de la prensa (tan buitre como Singer y Donnelley) que con “grandes titulares anunciaba la pérdida de 400 puestos de trabajo” y de la Justicia, en la persona del juez comercial Gerardo Santiccia a quien acusó de fallar una “quiebra express” (“el que quiera una quiebra rápida ya sabe adónde ir… Hasta Griesa es más lento…", ironizó). También dijo que el Gobierno pedirá que se revoque la quiebra y se investigue la “defraudación”. También anunció que irá a la SEC de Estados Unidos (la agencia que regula y controla Bolsas y valores de ese país) donde Donnelley informó de sus pérdidas por el cierre en Argentina.
Todo esto es gravísimo. La presidente está embarcando al país en un sistema de vida peligroso que incita a la tacha de argentinos bajo el argumento de que son “buitres” locales; está poniendo en peligro lo que queda en pie del sistema de garantías de la Constitución; está tergiversando la aplicación de la ley retorciendo su interpretación para que ésta cuadre con sus objetivos y está acusando a individuos de pertenecer a organizaciones criminales con ramificaciones internacionales, todo de una manera temeraria, sin pruebas y sin seguir los procedimientos que la propia ley argentina prevé para casos como los que la Sra. de Kirchner insinúa.
En efecto, la ley de quiebras establece la figura de la quiebra fraudulenta cuando se sospeche que dicha declaración envuelve una estrategia para estafar a los acreedores o para evadir las obligaciones comerciales, laborales o impositivas de la empresa. Pero acudir a la Ley Antiterrorista  (olvidando que en el Derecho Penal no existe la analogía y no se puede aplicar una ley punitiva por “semejanzas”, sino que en cada caso deben cumplirse taxativamente los requisitos establecidos en el tipo penal para poder aplicar la ley) es una maniobra del tipo “quemar las naves y que se pudra todo”, francamente inconcebible en una jefe de Estado, en la que debería primar la cordura, el tino y la sensatez.
Si todo el argumento en el que se basa esta movida es que Donnelley tiene un socio minoritario llamado Black Rock al que la presidente vinculó con Singer (“todas las piezas comienzan a encajar”, dijo) sería conveniente que revise su información antes de seguir adelante con esta locura.
En efecto Black Rock posee unas pocas acciones en Donnelley (nada que le permita decidir la quiebra de una de sus subsidiarias en el mundo). Pero la Sra. de Kirchner omitió explicar -no sabemos si adrede o porque realmente no lo sabe- que ese fondo también posee un porcentaje minoritario de acciones en la petrolera estatal YPF. Además, Larry Fink, el CEO de Black Rock, fue una de las pocas figuras de primer nivel de Wall Street que apoyaron expresamente a Argentina en el conflicto con los buitres. Fink llegó incluso a presentarse como "amicus curiae" de la Argentina ante los tribunales neoyorkinos en defensa del país y en contra del fallo del juez Thomas Griesa.
En fin, cada vez son más los indicios de que toda esta tremenda complicación con los holdouts le ha venido como anillo al dedo al gobierno. Le cayó del cielo, como la mano levantada del defensor de Nacional para provocar el penal que salvó a San Lorenzo de su peor momento en el partido por la final de la Copa Libertadores.
Ahora todas las vicisitudes económicas serán culpa de los “buitres”; quienes hagan comentarios de cualquier naturaleza que no sean del agrado del gobierno serán “buitres locales”, como ya lo dijo Kicillof; los partidarios de la venezualización completa de la Argentina y del desacople final y definitivo de la Argentina con el mundo, tendrán la excusa perfecta para perfeccionar sus anhelos.
En ese sentido era hasta gracioso ver hoy a la mañana la manifestación de estudiantes universitarios y secundarios en las inmediaciones del Obelisco, “contra las empresas norteamericanas buitres”. Pero uno se pregunta, si se está dando lo que quieren ¿por qué se quejan?, si las empresas “norteamericanas buitres” están saliendo de la Argentina ¿por qué protestan?, ¿no era eso lo que reclamaban?, ¿o al final querían que se quedaran? Es increíble: los muchachos revolucionarios salen a la calle a hacer bardo y ni siquiera saben por qué lo hacen.
La jacobinización de la Revolución Francesa terminó con la Revolución Francesa y arrojó a Francia a las manos de Napoleón, en una parábola entre graciosa y paradójica -aunque muy explicable si uno estudia el fenómeno de la Revolución y si uno estudia hasta la propia Francia- teniendo en cuenta que todo había empezado para liberar al pueblo francés de la dictadura de la monarquía.
Solo esperemos que la jacobinización de Cristina no genere un nuevo tipo de despotismo en la Argentina.
 

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