La Cámpora presentó a Máximo Kirchner como orador
Claudio Chiaruttini
Politólogo y destacado periodista.


Y después de muchos fracasos, La Cámpora realizó ayer su demostración de fuerza, presentó a Máximo Kirchner como orador y potencial candidato, el hijo de la Presidente de la Nación desafió a la oposición a enfrentar a Cristina Fernández en las urnas (un intento tibio de volver a instalar la re-reelección en la agenda política) y puso en duda si el hijo de Néstor Kirchner será candidato presidencial el año que viene o que lo visto en Argentinos Juniors sea el comienzo de un plan pensando en 2019.
Desde hace tres semanas, Cristina Fernández volvió a ocupar el centro del ring ante la certeza de que el efecto del lema “Patria o Buitre” se agotaba, resolvió aprovechar la debilidad e internismo que cruzan a la oposición para recuperar la iniciativa política, lanzando anuncios insólitos (como la megatorre en la Isla Demarchi), pero manteniendo negociaciones secretas para obtener golpes de efecto que permitan llega a fin de año.
Colocar ahora a Máximo Kirchner en el escenario político forma parte de esa idea que intenta imponer el Gobierno de que el kirchnerismo es un proyecto político que ha venido para quedarse, que no es transitorio como el cafierismo, el alfonsinismo, el menemismo, el cavalismo, el lopezmurphysmo, la Alianza o el duhaldismo. Por algo los publicistas de la Casa Rosada bautizaron como “Irreversible” el acto de La Cámpora.
Según las encuestas, Daniel Scioli, Sergio Massa y Mauricio Macri están congelados en la voluntad de voto desde hace 6 meses. En ese tiempo, la Presidente de la Nación ganó y perdió cerca de 10 puntos porcentuales. Conclusión: no hay candidato opositor que capitalice la debilidad y los errores del Gobierno, la imagen presidencial puede subir o bajar, pero no “escapa” hacia la oposición.
De allí que el Gobierno comience a desafiar a la oposición a enfrentar a Cristina Fernández, que critique las ideas, proyectos o propuestas que realicen o que los descalifiquen como administradores de sus respectivos espacios de gestión (Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires, Sergio Massa en Tigre y Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires), pese a que fueron elegidos dos veces, con una cantidad de votos creciente.
Las críticas kirchneristas crecen justo cuando los tres candidatos opositores, más Julio Cleto Cobos y Ernesto Sanz, han comenzado a realizar sus primeras propuestas en caso de ser elegidos Presidentes de la Nación, lo que implica que el Gobierno quiere esmerilar cualquier proyecto alternativo antes de que tome forma y dimensión en la opinión pública.
El “triple empate” que muestran las encuestas, teoría a la que adhieren entusiastas los consultores del oficialismo como Artemio López, consolida el espacio de liderazgo político del kirchnerismo. Reduce a la oposición a un grupo abroquelado y paralizado, frente a una Presidente de la Nación que se presenta inquieta, proactiva, que persigue enemigos y que, cuando se propone una meta, la alcanza.
Tal como dice cualquier manual de liderazgo político, cuando aparecen los primeros signos de debilidad, es el momento de realizar las mayores demostraciones de fuerza. Y Cristina Fernández toma el centro del ring político peleando con todos, lanzando propuestas, obteniendo triunfos e imponiendo su voluntad, pese a que pague cada vez más caro por cada una de las decisiones que toma o por los efectos que produce.
Por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó con mucha rapidez la “Ley de Pago Soberano”, pero como ocurrió en el Senado, el Gobierno tuvo que convencer a los legisladores patagónicos con un nuevo texto de “Ley Vaca Muerta” para combustibles no convencionales; confirmó que habrá giros de dólares para las provincias que deban pagar sus deudas y para obras en el interior. Es decir, la billetera estuvo generosa en la semana, por lo menos, en cuanto a promesas se trata.
Y ahora van por la Ley de Abastecimiento, con la nueva consigna de movilizará a la militancia las próximas semanas: “Patria o Silobolsa”, en un intento por salir a la caza de los granos que mantiene acopiado el productos agropecuario, lo que podría abrir una nueva batalla con la Mesa de Enlace, como fue la lucha por la Resolución 125.
En parte, por ese motivo Cristina Fernández y el Gobierno intentan imponer el miedo a través de la amenaza de creciente conflictividad social. Saben que cuando salgan a buscar los silobolsas, el campo se va a rebelar. Que con los productores agropecuarios en las rutas, los camioneros podrían sumarse y, con ellos, otros gremios cercanos a Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, además de agrupaciones de izquierda y gente que, simple y sencillamente, se cansó de 12 años de kirchnerismo.
El Gobierno lanza las alertas de “conflicto social” para “desinflar” las posibles movilizaciones que se realicen. Saben que el miedo paraliza a la clase media y hablando de “disturbios” y “enfrentamientos” apuntan a vaciar de adhesiones a la marcha del 18 de Septiembre, que se está citando, con poco éxito, por ahora, a través de las redes sociales.
También para calmar a los gremios, en parte para que no movilicen si hay manifestaciones o llamados a paro, el Gobierno aumentó el aporte de los trabajadores a las obras sociales. Desde hace años venían los sindicatos exigiendo el ajuste, ahora, con algunos aportes adicionales de la Superintendencia de Salud, Cristina Fernández baja la tensión con las centrales gremiales aliadas, evitando un esperable desbande hacia el moyanismo o la unificación de las dos CGT.
Como parte de este proceso de contención para quitarle adhesión a posibles movilizaciones sociales surge el “Plan 12 cuotas” para productos en pesos que la Casa Rosada ha mensurado prolijamente: espera unos 2 millones de ventas (que se realizarían en 56 grandes cadenas, con 1.300 puntos de venta), que beneficiarían a 17.000 empresas en forma directa (y otras 16.000 en forma indirecta), lo que implica 44% de las empresas industriales, que emplean a 530.000 trabajadores en forma directa e indirecta; y con el plan dicen que podrían renovarse productos de las líneas blancas en algo menos de 300.000 hogares, lo que impactaría en 6% del PBI.
Esta obsesión por los números trata de mostrar una industria que no cae, como cuando la Presidente de la Nación dijo en la celebración del “Día de la Industria” que, si no fuera por la mala perfomance de la industria automotriz (que Cristina Fernández calificó como “encanutarse” los autos) el PBI crecería entre 1,2 y 1,5%, frente a casi 2% que cae en estos momentos. Es el Estado impulsando el consumo, tal como ocurrió en la crisis del 2008, sin entender que la crisis actual poco tiene que ver con la ocurrida hace 6 años.
Y acá aparecen los culpables. El consumo caer “porque la gente la cree a la cadena de desánimo”, tal como dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof; las automotrices derrumban el PBI y lloverían dólares si los productores no los retuvieran la soja en silobolsas. Nada habla Cristina Fernández o el Gobierno del impacto negativo que han tenido el cepo importador, el default, la persecución a inversores extranjeros, la prohibición de girar ganancias a las casas matrices, la falta de respeto de las leyes u otros temas relacionados con sus acciones, sus decisiones y sus posiciones ideológicas.
“El culpable es el otro”, recibió como nombre en las redes sociales esta burda estrategia de la Casa Rosada.
Pero, mientras la Presidente de la Nación y todo el coro de funcionarios apunta hacia donde antes señaló Cristina Fernández, por detrás se despliega un impactante aumento de tarifas que reduce el poder de compra de los salarios, se rompen las negociaciones con los países miembros del Club de París, se aceleran las negociaciones con China por el famoso swap de monedas y se analiza con el Banco Internacional de Pagos por una línea contingente para reforzar las alicaídas reservas del Banco Central.
Tanta es la desesperación por los dólares que tiene el Gobierno que resolvió que la licitación por las cuatro bandas de 4G, mas los remanentes de la 3G, sólo aceptará el pago en dólares. Es decir, la Casa Rosada espera embolsar entre US$4..000 millones y US$6.000 millones, según fuentes privadas. El problema que tienen las telefónicas que podrían actuar en la licitación es que tienen muchos pesos (ganancias que no les dejan girar al exterior) y no les venden los dólares. Es decir, el Gobierno quiere que traigan los dólares del exterior, algo que ninguna casa matriz aceptará si antes no le dejan girar rentas acumuladas. Además, las empresas quieren que no sean los municipios los que autoricen la colocación de antenas, sino el Estado Nacional, y nadie se arriesgará a colocar miles de millones de dólares si no tiene asegurado poder extender sus redes para el nuevo servicio.
Pero, más allá de errores oficiales y especulaciones, un tema despierta gran incertidumbre: la invitación que hizo Francisco a la Presidente de la Nación. Cristina Fernández, que no recibió al cardenal Jorge Bergoglio las 15 veces que le pidió audiencia cuando los separaban 100 metros, ahora volará sobre el Océano Atlántico para “comer un plato de pastas” con el Papa (que es la misma persona).
El Vaticano dijo que el Papa quiere hablar sobre el empleo joven y los paraísos fiscales, mientras que la Casa Rosada sostuvo que será para dialogar sobre los “fondos buitres” y la propuesta argentina de regularlos nivel internacional. Sin embargo, nadie cree en ninguna de las dos versiones. Todos aciertan en decir que será la creciente conflictividad social en la Argentina y que el país no puede seguir en contra de los mercados financieros internacionales, dos temas que comenzaron a preocupar a Francisco luego de leer un adelanto del Barómetro Social que hace la Universidad Católica Argentina, hace más de 3 semanas.
Fue Francisco quién repitió “Cuiden a Cristina”. Y algunos especulan que ahora el pedio papal a la Presidente de la Nación será “Cuidá a la Argentina”. Empresarios, políticos y sindicalistas escucharon al Papa. Lo que se duda es que la Mandataria escuche la súplica del Pontífice. Quizás por eso, un mes después del almuerzo, el Pontífice recibirá a la Asociación de Magistrados, aquellos que investigan las casi 480 denuncias de corrupción que apuntan a funcionarios públicos, el flanco más débil hoy del Gobierno y el tema que puede desatar el comienzo de una crisis institucional terminal.
 

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