¿Qué debería cambiar el próximo gobierno?
Gabriel Boragina



En el marco del debate sobre las medidas que debería adoptar el próximo gobierno, se plantea la necesidad de mantener ciertas políticas encaradas por el actual y reformular -o directamente derogar- otras que se estima como contraproducentes.
En esta discusión, no sorprende constatar aquí muchas de las "recomendaciones" efectuadas por partidarios de la autodenominada "oposición" giran en torno al sostenimiento de buena parte o -podríamos incluso llegar a decir- de la mayor parte de las políticas asistenciales que han visto su proliferación e intensificación durante todo el periodo del gobierno que termina.
En particular, nos llamó profundamente la atención en la insistencia de ciertos "opositores" a la subsistencia de transferencias directas, tales como la denomina "Asignación universal por hijo" (AUH) sin que se aclare qué debería concretamente hacerse con el resto de los subsidios y transferencias que, alegremente, ha venido dispensado el gobierno próximo a finalizar.
Más allá que, como ya hemos explicado muchas veces, todo este tipo de transferencias directas o subsidios de unos sectores a otros empobrecen a todos a la larga (subsidiantes y subsidiados) pese a que, en un primer momento, luzca como que los subsidiados se "benefician" a costa de los subsidiantes, resulta sumamente curioso detenerse a pensar en las "razones" o "motivos" que pueden llegar a determinar que ciertas personas se muestren a favor de unos subsidios y no de otros.
En el caso de la AUH anteriormente mencionado, la pregunta que se impone es ¿por qué mantener este y no otros? Una respuesta tentativa podría ser porque se considera "justo", "humanitario", "solidario", etc. a falta de otras "justificaciones" de orden económico. Es decir, "justificable" desde el punto de vista moral.
Pero esto nos mueve a nuevas preguntas del tipo ¿por qué ayudar económicamente a engendrar hijos podría ser más justo, moral o solidario que alimentar a la gente, por ejemplo? ¿No sería acaso más solidario, moral, justo, etc. -en última instancia- que cada habitante de un país estuviera mejor y más alimentado que antes? ¿"Justificaría" esto la imposición de un subsistido o "asignación universal al hambre"?
Si lo único que va a tomarse como parámetro para decretar un subsidio o asignación es un criterio de justicia, solidaridad, humanidad, moralidad, etc. habría que concluir que todas, absolutamente todas las necesidades humanas deberían ser o estar subsidiadas por el "estado", con lo cual la gente perdería automáticamente toda obligación y responsabilidad por proveer a su propio sustento, ya que ello "debería" ser un deber "indelegable" de los gobiernos.
No sorprende que este sea el criterio que prevalece entre los sectores de lo que a nuestro juicio se mal denomina "oposición" política al presente gobierno. Y no sorprende, dado que el marco cultural-político que predomina, tanto entre los votantes como entre los potenciales candidatos con mayores posibilidades de acceder la poder, es el del intervencionismo económico sustentado -a su turno- por la socialdemocracia, inspirada en torpes teorías que han recibido diversos rótulos, como el de "sistema mixto", estado "de bienestar" o estado "benefactor", de los cuales muchas veces nos hemos ocupado.
Como ya es costumbre en este tema, parece olvidarse que toda transferencia de ingresos de un sector a otro de la población genera efectos malsanos, tanto en el plano moral como en el económico. Repasémoslos sucintamente:
1.                  En el plano moral, resiente la responsabilidad personal por el propio cuidado de uno mismo y de su familia para esperar que todo lo que se recibe provenga de dadivas otorgadas por el poder. Esto -a su turno- relaja cualquier inclinación hacia el trabajo y la producción, lo que determina un incentivo de poderosas dimensiones en pos de lo que se ha dado en denominar la cultura del ocio.
2.                  En el económico genera un efecto contrario al que se deseaba, ya que lo que se les quita por la fuerza a los que lo han producido, para entregárselo a quienes no lo han producido, transforma, en el mejor de los casos, a los antes pobres en ricos, y a los antes ricos en pobres, con lo cual la sociedad, en su conjunto, no ha ganado nada. En ese supuesto -repitamos que sería el mejor escenario imaginable- el resultado sería un juego de suma cero, en el que lo que unos "ganan" lo fue porque otros lo perdieron. Y cuando entra a jugar lo que hemos señalado en el efecto 1, descubrimos que -a la larga- todo el conjunto social se ha visto perjudicado, descendiendo los niveles de vida a extremos impensados, y que no se hubieran dado en el caso de que el asistencialismo social no hubiera existido.
3.                  El efecto político de estas medidas genera lo que se conoce como clientelismo, que no es otra cosa que una táctica política originada y destinada a cooptar y retener una buena masa cautiva de adeptos, los llamados idiotas útiles que son los que proporcionarán el caudal de votos necesarios para que los políticos -que conceden alegremente el fruto del trabajo ajeno a quienes nada han hecho por el mismo-, ganen en cada elección que se presenten. Sobran los dedos de una mano para encontrar gobiernos que no hayan recurrido a este "truco". Las diferencias entre unos y otros no han pasado de mostrarse más "moderados" aquellos que estos en hacerlo.
 Resumiendo lo hasta aquí esbozado, en tanto y cuanto el plafón cultural-moral-educativo no sufra modificaciones respecto de "ideas clave" como las de la libertad y responsabilidad individual, la importancia y el papel de la propiedad privada y de los mercados libres en la generación de riqueza y de mayores oportunidades para todos sin exclusión, etc. seguiremos "navegando en un mar" de gobiernos que practicarán populismo, y que se diferenciarán entre si nada más que respecto del grado en que lo harán. Pero hemos de tener en claro que dichas políticas no permitirán mejores niveles de vida para aquellos a quienes se dice ser sus destinatarios. Por el contrario, producto de los incentivos y desincentivos que operan en sentidos inversos, y a la descapitalización creciente que -en términos reales- implican estas "asistencias sociales", la situación de los pobres ("excluidos" se les llama ahora) será cada vez mucho peor.
 

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