En un momento complicado, una esperanza
Carlos Mira
Periodista. Abogado. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


La Argentina heredó de la tradición política española el Juicio de Residencia, es decir, la costumbre de juzgar a los funcionarios del poder una vez que dejan el poder. La institución del Juicio Político, directo descendiente del “impeachment” norteamericano, que organizó la Constitución, se suponía que venía a cambiar radicalmente aquella costumbre. Sin embargo cuesta traer a la memoria caos de juicios políticos a hombres del poder. Perón lo hizo masivamente a la Corte Suprema de Justicia que le trababa su proyecto autoritario y populista, pero no hay antecedentes de remociones de presidentes mientras estuvieron ejerciendo su cargo.
Al contario la “constitución material” de los argentinos -es decir, el conjunto de hábitos y costumbres de la sociedad- volvió a imponerse sobre la “constitución formal” (la jurada en Santa Fe en 1853) y rodeó de seguridades y blindajes a los funcionarios del poder mientras ejercieron el poder.
En los últimos años incluso se llegó a insinuar que cualquier amague de investigación sobre ellos implicaba una actitud destituyente y un acto de golpismo activo. En lugar de aceptar que lo que se ponía en juego eran los mecanismos previstos en la Constitución, se decía, justamente, que esa pretensión constituía un alzamiento contra la Constitución. Kafkiano.
De ese modo los funcionarios utilizaron el poder como un escudo de impunidad. No hace mucho un ícono de la corrupción, Alfredo Yabrán, definió de ese modo al poder: cuando se le pidió que resumiera en una palabra lo que para él significaba el poder, el fallecido empresario respondió: “impunidad”.
Desde que el juez Bonadío decidió allanar las supuestas oficinas de la empresa presidencial Hotesur y requerir sus antecedentes a la IGJ y a la AFIP, como así también pedir las declaraciones juradas impositivas de todos los miembros de la familia de la presidente y de su difunto esposo, Néstor Kirchner, se abrió una posibilidad de que por primera vez el poder sea investigado mientras es poder.
Nadie sabe muy bien si los mecanismos que se han puesto en funcionamiento van a responder a la esencia republicana del control de un poder sobre otro (en este caso de la Justicia sobre el Ejecutivo) o si todo terminará en una riña de gallos en donde los personajes involucrados quieran cobrarse cuitas personales. De ser así, sería, claramente, una picardía.
El juez Bonadío no ha sido un dechado de prolijidad. No puede acusárselo de tener una inquina personal contra los Kirchner o contra el gobierno, porque, al contrario, los ha beneficiado en otras actuaciones. Alguna de ellas, incluso, le valieron algún pedido de investigación en el Consejo de la Magistratura, investigaciones que ahora el propio gobierno blandea para echarle tierra al juez olvidando.
Pero de todos modos el concepto, digamos, “neutro” de la investigación de los funcionarios del gobierno mientras están en el gobierno hay que anotarlo como un definitivo avance.
Obviamente el kirchnerismo arde en insultos, chicanas, indirectas furiosas y todo tipo de maldiciones hacia el juez. Por lo pronto le ha radicado denuncias “espejo” a las que él le investiga a la presidente. Capitanich volvió al remanido argumento del golpe y la Sra de Kirchner dijo que no se dejará extorsionar por los “caranchos judiciales”.
Pero desde el punto de vista de la salud institucional de la República, el evento resulta esperanzador. Brasil echó de la presidencia a Fernando Collor de Melho por un procedimiento de impeachment sin que nadie argumentara que ese mecanismo fuera la fachada de un golpe. No hace falta recordar el clásico ejemplo del caso Watergate -que a esta altura aparece como un caso menor- en donde el presidente norteamericano debió dejar el gobierno por haber espiado a sus adversarios y, fundamentalmente, por haber mentido. A nadie en su sano juicio en EEUU se le ocurrió siquiera sugerir que aquello hubiera sido una destitución encabezada por los medios corporativos.
El caso de los manejos oscuros de las empresas presidenciales y de aquellas en las que aparece el empresario Lázaro Báez, que incluyen el posible desvío de fondos de la obra pública hacia las cuentas de las firmas que controlan los hoteles de la presidente puede transformarse en un caso testigo en la Argentina.
Obviamente todo está teñido por la enorme capacidad que el país ha demostrado tener para arruinar cualquier investigación, desde el caso García Belsunce hasta el de Nora Dalmaso, por mencionar solo dos y del ámbito completamente privado. La sociedad siempre ha sido privada de saber la verdad y mucho más cuando sus propios recursos estaban en juego. Si ya es grave que la Justicia no pueda arribar a certezas contundentes en caso en donde los involucrados son individuos privados, con intereses privados y fondos privados, lo es mucho más cuando esas personas, tanto como los intereses y los fondos son públicos.
Quizás estemos siendo contemporáneos de un cambio histórico: que el poder sea juzgado civilizadamente, en paz y sin que ese hecho implique ningún cortocircuito constitucional, mientras está en el poder. Si la Justicia pudiera tener por una vez en la vida un ataque de seriedad y de grandeza y pudiera mantener esta línea de investigación con el objetivo de averiguar la verdad y no con otros intereses espurios, el país habrá dado un paso enorme hacia la civilización. Allí sí que podremos decir que, aunque estemos mal, vamos bien.
 

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