Una concesión peligrosa en las conversaciones de paz en Colombia
Mary O'Grady
Destacada columnista del Wall Street Journal.


El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tiró una bomba la semana pasada cuando sugirió, en una cadena de radio nacional, que la definición de un delito político debería ser ampliada para incluir el tráfico de drogas. Los delitos cometidos por razones “políticas” que apuntan a la rebelión en Colombia no impiden que una persona ocupe un cargo público, mientras que las condenas por delitos graves sí.

Al día siguiente, el presidente aclaró su pronunciamiento. No todos los narcotraficantes cumplirían con los requisitos para que sus delitos sean reclasificados, dijo. En cambio, la propuesta sería un incentivo ofrecido por el gobierno “específicamente” para las narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las negociaciones de paz, que se encuentran en su cuarto año en La Habana. La idea, dijo, es prepararse para “el día en que miembros de las FARC quieran participar en política”.

Los colombianos que apoyan una indulgencia para los narcoterroristas como un camino hacia la paz celebraron. Para todos los demás, las declaraciones del presidente confirmaron lo que sus detractores han afirmado desde hace mucho: Santos está rogando a las FARC por un acuerdo, y en el proceso, poniendo en peligro la justicia y la libertad.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, estaba particularmente perturbado. El funcionario dijo que Santos quiere poner fin a la persecución criminal del tráfico de drogas cuando es cometido por miembros de la FARC, prohibir su extradición a EE.UU. y “darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política”. Tras haber observado cómo guerrilleros salvadoreños no fueron penalizados después de sus sangrientos crímenes en los años 80 —y luego tomaron el poder e impusieron un gobierno castrista en San Salvador—, muchos colombianos sienten temor. Además, ¿qué pasó con la igualdad ante la ley?

Cuando en agosto de 2012 se filtró a la prensa la notica de las negociaciones secretas con las FARC, el gobierno de Santos reconoció que los diálogos habían empezado hacía más de un año. En ese entonces, el presidente me dijo por teléfono desde Bogotá que los rebeldes se habían acercado a él y que sentía la responsabilidad de ver si podría alcanzarse un acuerdo de paz.

Santos insistió en que no habrá un cese al fuego bilateral ni zona desmilitarizada para los guerrilleros durante las negociaciones, que durarían meses, no años. En sus duras palabras había una convicción implícita de que las fuerzas armadas habían reducido el poder de la guerrilla de forma tan exitosa que las conversaciones eran para facilitar una rendición de los rebeldes.

Más de 40 meses después del inicio en 2011, todo este razonamiento está boca abajo.

Las negociaciones formales empezaron en Oslo en octubre de 2012, pero enseguida fueron trasladadas a La Habana. La semana pasada, volví a preguntarle a la oficina de prensa de la presidencia por qué se habían trasladado las conversaciones a La Habana, en lugar de a una ubicación neutral. No ha habido respuesta. No obstante, el ex oficial de inteligencia cubano Enrique García me dijo hace unos meses en Miami que llevar a cabo las negociaciones en la isla viene directamente del manual de la KGB soviética.

Cuba es famosa por su vigilancia las 24 horas del día, siete días a la semana, a visitantes influyentes. La ventaja de la ubicación le permite evaluar psicológicamente a los negociadores colombianos, estudiar sus debilidades y desarrollar relaciones de confianza para manipularlos. La KGB también les enseñó a los cubanos a reconocer, y hacer uso, de las ambiciones personales excesivas, según García.

Santos no ha ocultado su anhelo de alcanzar un acuerdo que sería calificado como el final del conflicto más prolongado en el hemisferio. Es difícil ignorar la posibilidad de que Cuba y las FARC esten jugando con el ego del presidente.

Las FARC ciertamente no parecen interesadas en la paz. Se han negado a ceder en todos los asuntos importantes, desde entregar sus armas al gobierno a aceptar penas de cárcel por sus atrocidades, renunciar a la riqueza obtenida de las drogas y la extorsión, y pagar reparaciones a las víctimas.

Los terroristas de las FARC continúan atacando regularmente a blancos civiles. Datos de la policía indican que ha habido decenas de secuestros desde que las FARC prometieron en 2012 poner fin a la práctica. Santos finalmente puso un límite y suspendió las negociaciones cuando el brigadier general del ejército Rubén Darío Alzate Mora y otras dos personas (incluido un civil) que viajaban con él en el departamento del Chocó fueron secuestradas el 16 de noviembre.

Sin embargo, el presidente hizo un gran esfuerzo para restaurar las negociaciones con las FARC. Pastor Alape, un comandante de las FARC, es buscado en Colombia y en EE.UU. por tráfico de drogas. No obstante, Santos le dio un salvoconducto desde La Habana al lugar en Colombia donde las FARC mantenían a Alzate. Cuando Santos anunció el día de la liberación, las FARC lo atrasaron un día para mostrar quién estaba al mando.

Antes de la liberación de los secuestrados, las FARC obligaron a Alzate a posar junto con Pastor Alape para una foto propagandista sugiriendo una reconciliación. El negociador colombiano Humberto de la Calle expresó indignación pero, como de costumbre, nada ha pasado. Esta semana, las dos partes volverán a la mesa de negociaciones, donde, como me dijo un astuto observador, “Colombia está negociando los términos de su rendición”.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 8 de diciembre de 2014.
 

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