Entre la mentira y el infierno
Humberto Bonanata


Las consecuencias de la marcha ciudadana del 18 de febrero eran de esperar. La movilización pluralista más convocante de nuestra historia contemporánea movilizó la “salida inorgánica” como llaman dentro del régimen al final de ciclo constitucional.

Del odio al temor y del temor al pánico son los reflejos conducentes de quienes saben que el 10 de diciembre deberán abandonar legalmente el poder y entregarlo a los ciudadanos que resulten legalmente electos en los actos comiciales de todo el país.

Paradójicamente, la dirigencia opositora también está sumida en el pánico del fantasma del “autogolpe” que subyace en las mentes enfermas del entorno presidencial.

Hasta ahora, sólo Elisa Carrió acusa con nombres propios a los cabecillas de esta eventual asonada inconstitucional, nunca consumada en 205 años de nuestra adolescente historia. Por legítima defensa –propia y colectiva- Carrió enfrenta sola a un poder en retirada frente a consecuencias inimaginables.

La muerte de Nisman, los negociados en la venta de 26.000 proyectiles 9 mm. entre el Ejército milanista con el narco-estado de “los monos”, denunciado valientemente por el periodista Alberto “Beto” Valdez, y el desguace de los poderes constituidos, es el camino indicado que mostrará sus primeros frutos en la contramarcha del próximo domingo 1 de marzo en la convocatoria oficialoide del último discurso de inicio de la Asamblea Legislativa por alguien que se apellide Kirchner.

Cristina Fernández estaría dispuesta a ir a fondo contra un total de 32 denunciados dentro de los cuales se hallan 6 empresas o grupos económicos.

Los artículos que se mencionan en la denuncia apoyada en la Ley 26734 y modificatorios serían los siguientes:

Art. 210 bis Código Penal; Art.213 quater CP... en referencia de la Ley Antiterrorista 26734:

Se hace mención especial al Art. 213 ter que dice lo siguiente:

"Se impondrá prisión o reclusión de CINCO a VEINTE años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (...)"

La denuncia se encontraría ya redactada y en poder de CFK para ponerse en conocimiento público con el apoyo de un importante número de gobernadores, diputados, senadores y jueces de todo fuero.

CFK impulsaría la denuncia con aplicación de la Ley denominada antiterrorista (modificatoria del CP) a efectos de ponerle nombre y apellido a las habituales referencias que se vienen realizando sobre desestabilización y/o destitución de los poderes constituidos.

La gama interpretativa de la llamada Ley Antiterrorista es tan amplia que puede tranquilamente encuadrar a cualquier opositor muy fácil:

Es importante destacar que el impulso a la denuncia tiene gran presión política por cuanto quieren convertirlo en una especie de acción de clase:

Consideran impulsar la denuncia con firmantes personas físicas y agregar versiones similares o equivalentes firmadas por organizaciones:

Habrían trabajado en la denuncia desde el día jueves 12 de febrero, el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, el Ministro Julio Alak y el Canciller Héctor Timerman.

Con sólo leer su comunicado formal ante la red social Facebook puede reflejarse el disloque mental de la “primera ciudadana”; a saber:

Según la presidenta, el acto del 18-F “no fue para nada homenaje a una persona trágicamente fallecida, con la obvia excepción de sus familiares directos”.

“Tampoco fue una marcha del 'silencio', porque el mismo fue sonoramente roto por un orador sindical integrante de una central obrera ferozmente opositora al gobierno”,agregó en alusión a las palabras que dijo el titular del gremio de los judiciales Julio Piumato sobre el final de la convocatoria.

En el extenso texto, la Presidenta sostuvo que “el 18-F fue decididamente una marcha opositora, convocada por fiscales y apoyada por jueces y todo el arco político opositor. El 18-F no es el homenaje a un Fiscal, ni siquiera un reclamo insólito de justicia, sino el bautismo de fuego del Partido Judicial”.

Para Cristina Fernández, “el verdadero hecho político e institucional de la marcha del 18-F" fue la "aparición pública y ya inocultable del Partido Judicial”, al que llamó un“nuevo ariete contra los Gobiernos Populares”.

“Ya no se trata de golpes violentos que interrumpen el funcionamiento de las instituciones y de la Constitución. La modalidad es más sofisticada. Articula con los Poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo”, entiende la Presidenta.

Y concluye: “Resultan realmente sorprendentes, y una muestra más de cómo funciona el Partido Judicial, los motivos que alega el Fiscal Pollicita para no concurrir al Congreso de la Nación a explicar una denuncia tan importante en la que estaría involucrada la Presidenta de la Nación, su Canciller y un Diputado, entre otros”, escribió Cristina Fernández sobre el fiscal que la imputó por la denuncia que presentó el fallecido Alberto Nisman, supuestamente asesinado por un comando iraní.

Difícil aclarar tanta desmesura ideológica.

Saben que 2016 los encontrará transitando los pasillos tribunalicios federales en los que deberán expurgar la conjunción de ilícitos cometidos en estos degradantes doce años de decadencia argentina.
 

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