Pauta oficial versus Libertad de prensa
Gustavo Forgione
Director de "La Hoja Federal".


Cuando nos referimos a "pauta oficial", lo hacemos pensando en un barril sin fondo conformado por dineros públicos que el Poder Ejecutivo Nacional asigna a determinadas personas para difundir su propaganda partidaria, ya que no incluimos en esa bolsa el gasto de las publicaciones en el Boletín Oficial.
En las "atribuciones del Poder Ejecutivo" establecidas en nuestra Constitución; y me refiero a la Constitución de la Nación Argentina sancionada en 1853 y reformada varias veces hasta 1984, Ley fundamental y madre de todas las normas inferiores; no figura, en ninguno de los artículos pertinentes, que van desde el 99º hasta el 107º, ningún permiso ni atribución al Poder Ejecutivo para hacer propaganda del gobierno.
Lógicamente, la publicación de los actos oficiales deben ser divulgados, para lo cual existe el Boletín Oficial, las gacetillas de prensa que son levantadas por los medios noticiosos de difusión en cualquier soporte, lo que finalmente genera noticias interesantes, si el acto divulgado así lo merece.
Ante este esquema lógico, se entiende que el motivo de que exista una pauta oficial, responde exclusivamente a una cuestión de propaganda, la cual sirve solamente para que el gobierno utilice nuestros dineros públicos para convencer a los más incautos de que lo está gastando bien.
Esto, que pareciera una ridiculez, es lo que ocurre con el presupuesto destinado a la propaganda oficial o el que, asignado a otros menesteres, se deriva de algún modo indecoroso para este impúdico fin.
Durante los últimos años, vemos que ese fraude que llamamos pauta oficial, ha crecido en forma desmedida, algo que no es criticado por los medios de comunicación masivos, por la obvia razón de que sus ingresos derivados de la actividad comercial se ven beneficiados notablemente.
En ese orden, resulta vergonzoso que las noticias no condenan el excesivo gasto, sino solamente la distribución arbitraria del vergonzoso botín.
En todos los casos, de no existir esta pauta oficial, algunos medios no habrían sido fundados; otros, habrían reconvertido su actividad y, muchos de sus beneficiarios deberían ponerse a trabajar, por lo cual, el silencio de la prensa en general sobre este abuso violento del gobierno sobre el erario, es llamativo.
Así, existen casos como el de un peluquero del barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, cuya actividad era "coiffeur" de Aníbal Fernández, haya recibido $ 5.890.280.- en concepto de "pauta oficial" proveniente de la agencia oficial TELAM, por alguna cuestión difícil de explicar; o que el aún vicepresidente Boudou haya recibido varios millones en el mismo concepto y que finalmente se facturaron por vía de su inmobiliaria, algo que se encuentra bajo investigación en una de las tantas causas que el segundo mandatario colecciona en el despacho del juez Lijo.
Y cómo no recordar a otro beneficiario de este botín, como fue la ex novia de Boudou y quien fuera chofer del extinto presidente Néstor Kirchner, Rudy Ulloa, quien se encuentra en el conjunto de quienes facturaron cifras superiores al millón de pesos por este oscuro concepto, junto a los hijos de Dante Gullo y el bandido Ricardo Jaime.
 
Anécdota maldita
Dejando de lado los casos de corrupción más vergonzosa y generalizada que haya vivido nuestro país durante estos últimos años y que tiene pocos precedentes aislados, comparto una anécdota ocurrida a principios del año 2001, cuando el entonces presidente de la Rua envió al Congreso Nacional varios proyectos de Ley para someterlos a su sanción. Entonces, me tocó asesorar al diputado Alchouron, al que le indiqué que me parecía muy prudente un proyecto que reducía substancialmente los fondos para la pauta oficial que el presidente había enviado al Congreso, a lo cual el diputado me indicó que coincidía plenamente, pero que la aplicación de una medida semejante ayudaría a que le cueste al presidente su salida del gobierno... algo que ocurrió a fines de ese mismo año.
 
Soborno y chantaje
La sola existencia de un cupo de dinero público tan abultado y sometido al manejo discrecional y arbitrario de algún funcionario sin control republicano, destinado a los medios de comunicación y publicidad, resulta siempre en un soborno de parte de quien distribuye el botín y un chantaje por parte de quien, si no recibiera la suma pretendida, podría actuar en contra de éste por sentirse "excluido" (adoptando la fraseología de este nuevo paradigma).
Ante este esquema, es lógico que a un librepensador, a un progresista, a quien intente explicar públicamente sus criterios francos y veraces, el valor del dinero lo deje fuera de este entuerto, por carecer de una buena predisposición para los negocios en detrimento de su intelecto o, simplemente, porque lo ataquen de algún modo para doblegar su voluntad.
Afortunadamente, aún existen comunicadores que no ceden ante la presión de una corriente de pensamiento impuesta por el poder de turno, aunque lo contrario les habría hecho la vida más fácil o hubieran evitado alguna experiencia violenta.
Por otro lado, vemos a muchos comunicadores atacar a quienes no forman parte de un sistema tan perverso y siguen el relato de la propaganda del gobierno repitiendo sus frases a modo de manual.
Para todos los casos, la libertad de prensa se vio atacada, agredida o anulada.
 
Los números hablan
En una sociedad sana, no existiría la posibilidad de que el estado abone sumas de dinero a privados para que divulguen los beneficios y oculten los perjuicios generados por su gobierno. Bajo el nuevo paradigma, esto es moneda corriente, a tal punto de que esto que llaman "El Modelo" necesitaba, según el Presupuesto Nacional aprobado para este año, la suma de $ 958.000.000.- para hacer propaganda, pero ello no fue suficiente y el último día del año pasado, se aprobó la ampliación de ese monto en $ 182.000.000.-, dando una cifra de "un mil setecientos cincuenta millones de pesos, destinados a la prensa y difusión de actos oficiales".
Ese escandaloso monto, no incluye lo que ANSeS, PAMI, YPF, Aerolíneas y otros organismos destinaron de sus presupuestos para propaganda oficial.
Recordemos que Presidencia necesita $ 1.750 millones para indicarnos que está gastando bien nuestro dinero, algo que en 2003 estaba presupuestado en la "entonces escandalosa suma de $ 46 millones".
Como resulta muy difícil recabar datos actualizados del gobierno en esta materia, los datos de ANSeS citados son los del año 2014, que indican que el gasto en propaganda fue de $ 510 millones, lo que claramente debe haber sufrido un aumento considerable que, como mínimo, acompañe a la inflación para este año; otro tanto, será lo que surja del programa Fútbol para Todos, que tiene un presupuesto inicial de $ 1.634 millones; otro "puchito" de $ 315 millones están presupuestados, inicialmente, para la "Conmemoración del Bicentenario".
Seguramente, muchos ítem se nos han escapado, ya que estos $ 4.275 millones no contemplan los aumentos posteriores de presupuesto, acostumbrados desde 2003 hasta la fecha, tal el caso del aumento del 32% ordenado por Capitanich para su presupuesto de difusión, respecto del presupuesto aprobado por el Congreso; ni los gastos para propaganda que se hacen mediante los presupuestos de otras empresas públicas y organismos descentralizados.
 
 
Alegoría
En todos los casos, la utilización discrecional de dineros públicos para propaganda del gobierno tiene como único objeto el de convencer a los más incautos, de que el gobierno gasta bien el dinero que los ciudadanos le confían durante su gestión.
Resulta curioso que alguien esté conforme por ser persuadido mediante propaganda oficial onerosa, pero ello ocurre y hay quien aplaude tal ignominia.
Apelando a una alegoría más casera, sería como si un consorcista de edificio apruebe y abone contento miles de pesos que el administrador del mismo consorcio utilizará para convencerlo de que ese mismo dinero, junto a otros montos inciertos, están bien gastados.
 
Exhortación
Desde que comenzó el milenio, un cambio cultural, que alguien encubrió bajo el motete de "nuevo paradigma", colocó a la lógica racional en un peldaño inferior al que la misma razón indica; desde entonces, todo lo que respondía a la coherencia, hoy carece de sentido.
 
Sería hora de volver a otorgarle criterio científico, lógica, racionalidad y sentido práctico a las cosas, volver a las fuentes y terminar, entre otras cuestiones, con este "botín pirata" que implica la pauta oficial.
 

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