EE.UU. ayuda a un gobierno que tiene a estadounidenses como blanco
Mary O'Grady
Destacada columnista del Wall Street Journal.


Dos ciudadanos estadounidenses enfrentan 10 años en una cárcel salvadoreña pese a que no hay evidencia de que hayan infringido la ley. Su acusador es el gobierno del ex guerrillero marxista Salvador Sánchez Cerén, uno de los “clientes” favoritos de la ayuda extranjera del gobierno de Barack Obama.

Mientras Miguel Lacayo y Thomas Hawk, que tienen doble ciudadanía, se quedan en el aire en El Salvador, la Millennium Challenge Corporation (MCC) y el Departamento de Estado de Estados Unidos continúan inyectando dinero al país. En una carta a este diario con fecha del 5 de octubre, los miembros de la junta de MCC Lorne Craner y Susan McCue defendieron una nueva promesa de inversión de US$277 millones firmada en septiembre. “El Salvador pasó los estrictos criterios de MCC respecto de libertad económica, justicia e inversión en la gente”, escribieron.

Eso probablemente fue una noticia para los acusados —a los que se les imputaron cargos en 2013— y para cualquiera que no esté aliado con el partido del presidente Sánchez Cerén. Roberto Rubio —que trabajó en políticas públicas para el FMLN durante la guerra civil salvadoreña y ahora es el representante local de Transparencia Internacional—, advirtió en mayo que la persecución de enemigos políticos llevada a cabo por el gobierno del FMLN evoca a los gobiernos militares de los años 70. La Asociación Nacional de la Empresa Privada también acusó al gobierno de usar “páginas web, redes sociales y boletines electrónicos para perseguir a quienes defienden la libre expresión, generan empleo y son considerados como oposición por el Estado”.

En 2002, durante la presidencia de Francisco Flores, Lacayo fue ministro de Economía y Hawk era miembro de la junta directiva de la estatal eléctrica conocida como CEL. El Salvador contrató los servicios de Deutsche Bank para encontrar un socio estratégico para que CEL desarrollara sus recursos geotérmicos.

La compañía italiana Enel Green Power ganó esa licitación en un proceso transparente. En 2008, la empresa trató de hacer más inversiones para obtener la mayoría en la empresa conjunta, llamada LaGeo, según lo estipulado en el contrato. CEL, a petición del gobierno, trató de bloquearlo.

En 2014, tras dos apelaciones por parte de CEL, la corte francesa designada en el contrato para dirimir disputas tomó una decisión final a favor de Enel. En vez de aceptar la propiedad minoritaria, el gobierno de Sánchez Cerén pagó US$280 millones por 36,2% de Enel en LaGeo.

El FMLN se opone a cualquier esfuerzo por reducir el rol del Estado en la economía y los cargos de corrupción incitan a los votantes. El gobierno parece estar decidido a declarar el acuerdo con Enel como corrupto para avivar la hostilidad popular contra sus opositores políticos. En 2013 alegó que los acusados, incluyendo a otros ex funcionarios salvadoreños, conspiraron para darle a Enel un pacto endulzado a costa del país.

El primer juez que evaluó los cargos en 2013 los declaró sin fundamento. Sin embargo, el fiscal general Luis Martínez exigió audiencias al respecto. Ahora hay más de 110.000 páginas de documentos ante la corte, pero él aún no ha identificado públicamente delito alguno.

En cambio, este caso se basa en la teoría de que, arriesgando 10 años de prisión, Lacayo como “instigador” convenció a otras 19 personas de hacerle un favor ilegal a Enel de manera gratuita. Es una aseveración ridícula. Sin embargo, el 6 de mayo, otro juez dictaminó que ocho de los acusados originales deben ir a juicio. La semana pasada, el centro de estudios salvadoreño Fusades calificó los cargos de “criminalización indebida de una política pública”.

Este caso expone la destrucción deliberada del estado de derecho. En 2000, el Índice de Libertad Económica de The Wall Street Journal/Heritage ubicó a El Salvador como la novena economía más libre del mundo. Ahora es la número 62. La semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo que en 2014 El Salvador recibió apenas 3% de toda la inversión extranjera directa en Centroamérica.

No obstante, Washington no ha dejado de inundar El Salvador con ayuda extranjera. Como parte de la iniciativa de US$1.000 millones de ayuda para Centroamérica del vicepresidente Joe Biden, el Departamento de Estado ha solicitado US$119 millones para El Salvador para el año fiscal 2016. Esto no incluye gastos en seguridad. La nueva inyección de dinero de MCC llevó sus compromisos con El Salvador en los últimos siete años a más de US$700 millones.

Esto es tan sólo una gota en el océano presupuestario del gobierno estadounidense, que alcanza casi US$4 billones. No obstante, es mucho dinero para los revolucionarios de un país pequeño que tienen la meta de usar el monopolio del Estado para desmantelar la democracia.

McCue no respondió a mis solicitudes de comentarios desde enero. Craner, quien ya no se encuentra en la junta de MCC, me dijo en un correo electrónico en enero que respalda su defensa del estado de derecho en El Salvador, pero que no sabía sobre el conocido caso de CEL-Enel. Dijo que lo “investigaría”. La semana pasada me dijo en un correo que ahora cree que MCC debería repensar su apoyo.

Ese es un pobre consuelo para las víctimas de la represión del FMLN que EE.UU. está financiando.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 1 de junio de 2015.
 

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