En educación mejor que decir es hacer
Edgardo Zablotsky

Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago, 1992. Ejerce los cargos de Profesor Titular y Vicerrector de la Universidad del CEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.



Hace pocos días Jorge Ferronato, director del CBC, expresó que impulsa la idea de crear talleres de lectura y escritura para los ingresantes a la UBA, dado que “llegan sin poder resolver problemas matemáticos simples ni comprender textos, carecen de los saberes mínimos”. Es claro, como señalaron varios especialistas, que el problema arranca en la primaria y se agrava en la secundaria. Por ello es necesario enfrentarlo en sus raíces: intentar corregirlo en la universidad no es más que convalidar el fracaso de nuestro sistema educativo. En este año electoral todo candidato hablará de educación pero, ¿cuántos harán algo al respecto una vez que sean elegidos? Probablemente sea más apropiado enfrentar nuestra crisis educativa en el Congreso que en las aulas, donde muchos maestros arriesgan hasta su integridad física en pos de educar a nuestros niños.

Veamos, por ejemplo, el modo en que la legislación uruguaya facilita el funcionamiento de escuelas como el liceo de la Iglesia Católica Jubilar y el liceo laico Impulso. Ambos, centros educativos gratuitos de gestión privada que se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben ninguna subvención del Estado y brindan educación secundaria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, alcanzando rendimientos académicos comparables con las mejores escuelas del país. Su financiamiento es factible, como señala la página web del liceo Impulso, pues dada la legislación impositiva “las empresas donan 100 pesos y el costo real para ellas es de 18,75, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de la renta”.

Este hecho es posible gracias al art. 78 de la Ley 18.083/2006 y su modificación, el art. 269 de la Ley 18.834/2011 (sintetizado): “Las donaciones que las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas e Impuesto al Patrimonio realicen a las entidades que se indican en el artículo siguiente (ej. instituciones privadas cuyo objeto sea la educación primaria o secundaria que atiendan a las poblaciones más carenciadas) gozarán del siguiente beneficio: El 75% de las sumas se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados. El 25% restante podrá ser imputado a los efectos fiscales como gasto de la empresa. Las entidades que reciban subsidios del Presupuesto Nacional deberán optar entre percibir el subsidio o ampararse en el beneficio previsto en la presente norma”. ¿Por qué en este año electoral en el cual todos los candidatos pronunciarán múltiples discursos en pos de una mejor educación, no les preguntamos si están dispuestos, por ejemplo, a apoyar una legislación de estas características? Se hablan muchas generalidades pero se hace muy poco por cambiar un sistema educativo que ha fracasado. El no apoyar una legislación como la aquí propuesta sería otra ilustración de este hecho.
 

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