Los jubilados preferirían haber delinquido
Carlos Mira
Periodista. Abogado. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


Los precios de una economía son un sistema de señales simple que indican lo que la gente prefiere, cuáles son su prioridades, cuáles sus preferencias y hasta cuáles son sus valoraciones morales.
La Argentina, desde su encierro y su estatismo ha hecho mucho por destruir esos radares, pero, paradójicamente, desde el Estado, muchas veces se indica lo que este modelo prefiere, lo que este modelo premia y lo que este modelo estimula.
En efecto, a través del “precio” de los planes de asistencia social (es decir el monto de dinero que se le asigna a una persona por reunir determinados requisitos) se pueden discernir un orden de prioridades y también un orden de valores que el gobierno estimula.
Cuando uno advierte lo que cobra un preso que violó la ley, que probablemente robó o asesinó, contra lo que cobra un jubilado, que probablemente no hizo otra cosa que trabajar toda su vida (números redondos, $ 5500 para los presos, $ 3700 para los jubilados), tiene la sensación de que algo muy profundo está dado vuelta mal en el país.
Los presos gozan de un sistema de seguridad parecido al de un trabajador blanco: ingresos, “vacaciones”, agremiación, paritarias; mientras que los jubilados apenas arañan la mitad de lo que se necesitaría para llegar a fin de mes.
La pregunta es quién ha establecido este orden de prioridades. Y no caben dudas de que esa tabla ha sido organizada por lo que a la presidente le gusta definir como “la política”. En efecto, es “la política” la que constantemente realiza cálculos electorales para tomar las decisiones que más le convienen según sus pautas demagógicas.
En ese sentido, haber llegado a la conclusión de que, estableciendo un esquema de ingresos para los presos superior al que rige para los jubilados, se obtendría una respuesta social más favorable, es toda una definición, no solo del tipo de gobierno que tenemos sino del tipo de sociedad que tenemos; es decir de cómo somos nosotros mismos.
Los políticos son máquinas de calcular a tiempo completo. Durante las 24hs se la pasan pensando que decisiones serían más valoradas por la gente para que esa consideración se traduzca luego en una preferencia electoral. Si luego de esas elucubraciones han llegado a la conclusión de que remunerar mejor a los presos les da más ventajas que haciéndolo con los jubilados, es porque antes han detectado esas preferencias en nosotros.
Resulta francamente repugnante esa situación. Concluir que la sociedad emite señales suficientes como para que un político proceda a implementar un sistema de ingresos presidiario más alto que el jubilatorio, señala una decadencia moral de una magnitud alarmante.
Y si uno se lo pone a pensar con detenimiento, anclando ese pensamiento con otras actitudes públicas de los argentinos, llega a la conclusión que una vez más los maquiavélicos cálculos de “la política” no se equivocan.
El nivel de tolerancia a la deshonestidad es muy alto en la Argentina. En decenas de casos cotidianos advertimos que las conductas honradas no son recompensadas por el sistema de señales que rige en el país. Al contrario, vemos como distintas circunstancias públicas y privadas entregan suficientes elementos de juicio como para que cualquiera con un grado mínimo de perspicacia advierta que es mejor andar metido en algún curro que trabajar dignamente.
Demos un ejemplo casi estúpido a esta altura: ¿quién devuelve algo que encuentra fortuitamente?
Muchos, incluso, temen meterse en más líos que en reconocimientos si lo hacen. Los escasísimos casos que se conocen, se conocen, justamente, porque dada la absoluta “anormalidad” que suponen, salen en la tapa de los diarios.
En los lugares públicos o privados de acceso público, como cines, shoppings, bibliotecas, teatros, dependencias estatales, no hay una oficina o ventanilla expresamente dedicada a recibir objetos perdidos por sus dueños.  Ni siquiera se piensa en eso.
Si fuera un inversor extranjero en conversaciones con un socio local para traer eventualmente dinero a la Argentina, sería lo primero que preguntaría: “¿Dígame, hay aquí en los lugares públicos,  oficinas donde la gente pueda devolver objetos que encuentra y que fueron perdidos por sus dueños?”. “No”, sería la respuesta. “¿Y por qué?”, trataría de ahondar. “Porque aquí, si alguien encuentra algo que otro perdió, se lo lleva, no lo devuelve”, seguramente me contestarían. Mi conclusión sería: “Entonces, está bien, terminamos acá… no voy a invertir nada en este país”. “¿Pero por qué?, me preguntarían, asombrados. “Porque no invierto en lugares donde la gente se queda con lo que no le pertenece”, respondería.
Una podredumbre muy sería está afectando el núcleo de la sociedad argentina. Habrá excepciones, seguramente. Pero los países los hacen las mayorías. Es el peso de las características generales lo que termina decidiendo el tipo de decisiones políticas que se toman.
Si queremos cambiar la decencia de los que nos gobiernan, deberíamos empezar por mirarnos a nosotros mismos. Quizás cuando podamos respondernos por qué toleramos mansamente que un preso gane más que un jubilado, hayamos dado el primer paso.
 

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