Una batería de propuestas para jerarquizar la Justicia argentina
Carlos Roberto Saad
Abogado ( U.B.A ). Master en Estrategia en Análisis del Mercado Jurídico. Derecho Empresario para Abogados (U.A.D.E). Master of Arts Program in Conflict Resolution ( The McGregor School of Antioch University - Fort Lauderdale - USA ). Titular y Director Jurídico.


La cita de Juan Bautista Alberdi, quien fuera un político, jurista, y escritor argentino cuyo pensamiento fue la principal influencia en la elaboración de la Constitución Argentina de 1853, por la que se cosechó concordia tras años de enfrentamiento entre compatriotas, que reza: “… el gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia; no ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al trabajo, o bien sea la libertad de industria..” de modo unívoco rige y estructura todas y cada una de las concepciones del Protocolo para la Convivencia de los Argentinos en el Siglo XXI, que implica una agenda que se apoya en las mejores tradiciones nacionales para que nuestra República quite obstáculo y permita desarrollar todas las potencialidades. Se trata del Plan de Gobierno 2011-2015 de Compromiso Federal que auspicia la candidatura a la primera magistratura de su conductor, el Dr. Alberto Rodríguez Saa, a quien tengo el inmenso privilegio de acompañar e impulsar.
 
Como hombre del derecho y con casi cuatro décadas de ejercicio profesional, concibo que un gobierno es una necesidad de civilización, porque es instituido para dar a cada gobernado la seguridad de su vida y de su propiedad. Esta seguridad se llama y es la libertad, y reasegura con una necesaria reforma integral del sistema judicial argentino, que comenzaremos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando un paradigma mundial.
 
Bajo los auspicios del gobierno del Dr. Alberto Rodríguez Saa, se realizarán profundas reformas estructurales a fin de intentar lograr en un breve lapso de tiempo los siguientes objetivos para jerarquizar la función jurisdiccional, asegurando un gran salto de calidad institucional:
 
Como es imprescindible la coordinación de la formación universitaria de los abogados, se fomentará el dictado de cursos de capacitación de posgrado en todas las universidades del país, dando herramientas y dotando a los futuros profesionales de herramientas concretas para el desarrollo exitoso de su actividad profesional, luego que entre las casas de altos estudios se coordine un sistema de acreditación profesional que estimule la formación y perfeccionamiento continuo, y a la vez que éstas coadyuven en la tarea de capacitación de los integrantes del Poder Judicial, donde la selección, designación y remoción de magistrados sea una atribución de un probo Consejo de la Magistratura, que será reformado para que se garantice que el partido dominante no pueda designar o remover jueces por sí sola, ni pueda trabar designaciones o remociones.
 
Eliminaremos el flagelo de la costosa e inmoral corrupción, que además tendrá nombres propios, porque se acabará el reino de la impunidad bajo el gobierno del Dr. Alberto Rodríguez Saa. Existen en nuestro país organismos encargados del tema, tales como la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Ética Pública. Les daremos la independencia imprescindible para su cabal operatividad.
 
Mejoraremos la Gestión Judicial, a través de reformas procesales en materia civil y comercial a fin de asegurar que todos los procesos sean dinámicos y rápidos, mediante un procedimiento simple y accesible a los litigantes.
 
A tales fines se instrumentará el procedimiento oral en todos los juicios. Los juicios tendrán un plazo de duración, el cual no se podrá exceder. En caso de que esto ocurra el juez desestimará las pruebas pendientes que no sean esenciales y dictará sin más trámite la sentencia.
 
Se crearán Tribunales para Causas de Menor Cuantía, con procedimientos simples y trámites abreviados y económicos, garantizando de este modo a todos los ciudadanos el libre acceso a una verdadera justicia y evitando los “cuello de botella” que se producen cuando el juez como único encargado de dictar sentencias, por lo que se crearán distintos tribunales, según la importancia del asunto en debate.
 
De tal modo que las de menor cuantía estarán a cargo de un juez unipersonal, y las intermedias a cargo de tribunales colegiados y las de mayor importancia a cargo de Magistrados pero además con el procedimiento previsto en la Constitución Nacional de juicios por jurados, pero con la revolucionaria e innovadora idea de jurados letrados (el número de jurados será de ocho pero no legos sino letrados, por causas que se explicarán en extenso en forma verbal cuando así se requiera).
 
En materia penal, la Justicia tendrá medios y recursos e infraestructura para tender a la agilidad, a fin de que quien delinque cumpla efectivamente su condena y no sea un peligro para el resto de la sociedad al quedar libre antes de tiempo.
 
Se reformulará además el régimen de prisión preventiva a fin de que ésta efectivamente se cumpla. Concretaremos una profunda modificación del sistema carcelario, respetando la dignidad humana de los reclusos y garantizando el principio constitucional de cárceles sanas y limpias, eliminando cualquier privilegio dentro de las cárceles y con agentes del servicio penitenciarios sujetos a control y auditoría permanente.
 
En el procedimiento de Ejecución de Sentencias contra el Estado, las mismas serán cumplidas en un plazo razonable mediante un trámite sencillo garantizando la automatización en su pago, eliminando la posibilidad de corrupción en la discrecionalidad en la emisión de las órdenes de pago.
 
Quizás la propuesta más revolucionaria que mencioné anteriormente será la implementación del Juicio por Jurados. El art. 118 establece la aplicación de juicios por jurados para “todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido en la Cámara de Diputados…”  coincidentemente con lo dispuesto en el art. 24 al expresar que “El congreso promoverá la reforma de la actual legislación en sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”.
 
El postulado se basa en un ideal de justicia y de independencia en su ejercicio. Consiste en la posibilidad que un grupo de ciudadanos pueda determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado, debiéndose expedir sobre los hechos y no sobre el derecho aplicable, aspecto este último que se encuentra en cabeza del juez.
 
La disposición ha sido mantenida incluso después de la reforma constitucional de 1994, en la última parte del inc. 12 del art. 75 de la Constitución Nacional, que asigna como facultad del Congreso de la Nación la de dictar las leyes “…que requiere el establecimiento de juicios por jurados”.
 
Como vemos la abundancia de normas en nuestra Constitución Nacional referidas al tema, manifiesta una intención indudable del constituyente de hacer realidad este sistema de justicia, sin perjuicio de lo cual a la fecha, ese mandato continúa incumplido.
 
Se propone por tanto impulsar el sistema de juicio por jurados, limitado en una primera instancia a procesos delictuales de menor envergadura o a determinadas figuras penales y luego extendiéndolo al resto de los procesos. Estos jurados estarían formados por abogados de la matrícula y por empleados, y, funcionarios judiciales con título de abogado de todos los fueros -en cuantía a determinar- conforme listados llevados al efecto por el Ministerio de Justicia o la Corte Suprema. La participación sería obligatoria y remunerada.
 
De este modo, más allá de cumplir la manda constitucional de creación de los jurados, se descomprimiría la labor judicial y se fomentaría la independencia e imparcialidad de su accionar.
 
Profundizaremos y fomentaremos los medios alternativos de resolución de controversias, estudiando la aplicación del principio de oportunidad en materia penal.
 
La ley 24.573 (y su decreto reglamentario) instituye, desde 1995, y actualmente la ley 26.589 (y decreto reglamentario) con carácter obligatorio la mediación previa como requisito para el inicio de acciones judiciales.
 
La propuesta consiste en redoblar el apoyo a medios de resolución de conflictos, por medio de la capacitación judicial y su difusión tendiente, a lograr su incorporación y aceptación por la comunidad y su valoración como un medio útil de lograr la paz social y la realización de los derechos, en tiempos breves y útiles. También se postula la extensión a supuestos actualmente excluidos, como las causas penales menores.
 
Al igual que es inédito el Juicio por Jurados letrados, es terriblemente innovador en la gestión y con excelentes resultados en el tráfico jurídico, burocrático y comercial el expediente, firma digital y democratización del control judicial. Es casi nulo aprovechamiento de las herramientas que brinda la era digital en la que se encuentra inmerso el mundo en el siglo XXI.
 
Se creará, a fin de terminar con este sistema arcaico y costoso, el “Expediente Digital”. El mismo no tendrá soporte físico en papel, sino que se encontrará íntegramente en el sistema informático del Juzgado, y al cual tendrán acceso los litigantes, sus letrados y los demás interesados. Cada parte deberá registrar su firma digital con la que firmarán los distintos escritos, los cuales serán presentados vía correo electrónico, medio por el cual se cursarán también todas las notificaciones.
 
A fin de democratizar el control judicial por parte de la población, se incluirá en la página web del Poder Judicial la información referida a cada juzgado que contenga indicadores estadísticos de plazos, dictado de sentencias, ingreso y finalización de causas, entre otros.
 
Pensamos en la necesidad de varias Ciudades Judiciales, y comenzaremos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente el Poder Judicial de la Nación con asiento de sus Tribunales Nacionales y Federales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta un grave problema consistente en la atomización de dependencias en una vasta cantidad de inmuebles que circundan el casco céntrico de la ciudad, con distancias excesivas entre ellas, que conlleva al profesional a un desplazamiento en distintos medios de transporte, que atenta contra la calidad de su labor profesional.
 
Análoga situación es la que se observa en el Ministerio Público de la Nación, en relación a las oficinas ocupadas por las defensorías y las fiscalías federales de las distintas instancias y fueros.
 
Por otra parte, en muchos casos los inmuebles utilizados no son de propiedad del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, sino alquilados o pertenecientes a otras dependencias de la administración pública que las ceden “a término”.
 
De este modo, la actividad judicial se transforma en un laberinto de oficinas, donde los expedientes son cotidianamente trasladados de un lugar y así podemos ver pilas de ellos siendo desplazados por las calles de nuestra ciudad. En este marco, el diseño de un proyecto de Ciudad Judicial resulta imperioso y urgente. Este proyecto deberá considerar no sólo la cantidad de juzgados y demás dependencias existentes, sino también prever necesidades futuras, eventuales ampliaciones y la posibilidad de incorporar todas las innovaciones tecnológicas disponibles y que puedan generarse en el futuro.
 
La Comisión que he dirigido se llama de Justicia y Seguridad y para éste último ítem es que al efecto de no ser exhaustivo, dado que se trata de un artículo de opinión con los principales propósitos de la Integral Reforma en el Sistema Judicial, es que intenté conceptualizar ante el militado espacio sobre los principales iniciativas: no obstante, que las temáticas Justicia y Seguridad pertenecen al mismo universo, sin ser compartimentos estancos, las concernientes a el último ítem, para profundizarlas en una amena explicación pormenorizada, es que procuro realizar a la brevedad otro artículo del mismo tenor, y mientras es que remito a Protocolo donde los puntos sobre los que actuaremos en un Ministerio de Justicia y Seguridad que enuncio están desarrollados.
 
Cuando concebimos “Seguridad” y nuestras propósitos para hacerla perceptible a cada ciudadano y organización, pensamos en las “nuevas herramientas científico-tecnológicas para la policía; la modificación de las Leyes Excarcelatorias; la Municipalización de Policía Prevencional en Prov. de Buenos Aires; en que la Ciudad Autónoma de Bs As se ocupará del Delito Local: en la Construcción de Centros para Menores Autores de Delitos Graves; en la Creación de la Agencia Federal contra el Crimen Organizado y la Aplicación en todo el País de las Leyes Contravencionales vigentes; en las Medidas Específicas para la Nación; en una Agenda Digital Federal para la Seguridad y en crear una Agencia Federal de Lucha contra Crimen Organizado con una Unidad de Análisis Criminal que promocione y ayuda a la Municipalización de Policías Provinciales; en el traspaso de la Policía Federal que Atiende a la Ciudad de Bs. As.; en el impostergable Plan de Construcción de 100 Establecimientos Carcelarios; en la implementación urgente del “311” para Recepción de Denuncia de Casos no Graves. Unidad de Capturas; así como en Unidades de Seguimiento de Excarcelados y Libertad Condicionada, dando mayor presupuesto al Patronato de Liberados que traduce el compromiso del Estado y la sociedad con la rehabilitación; cuando pensamos en la Legislación Nacional Penal, desde el Congreso, sin medias tintas impulsaremos la modificación del art. 42 del Código Penal agregado in fine, la incorporación del art. 108 bis al Código Penal, la modificación del art. 52 del Código Penal, así como mejoraremos la legislación sobre Imputabilidad de Menores, modificación art. 14 del Código Penal. Crearemos antes de los primeros cien días de gobiernos, un Banco Nacional de Datos de ADN.
 
Por tanto, yo, Carlos Roberto Saad, honrando a mi persona en primer lugar, así como a mi sociedad, mi familia y a mis nietos, a quienes les quiero dar la posibilidad de constituir una familia en un gran país en el que sean felices, mi compromiso en cumplir  sin pausa y con gran vocación, los postulados del “Protocolo para la Convivencia de los Argentinos en el Siglo XXI” que generosamente Alberto Rodríguez Saa brinda en la inteligencia que será su plan de gobierno, y en el que signa las directrices del país que viene y que todos los hombres y mujeres de bien que habitan este suelo añoran.
 
Porque la Unión de los Argentinos es un Compromiso Ético. Ésta es nuestra única dirección. Nos comprometemos a no propiciar en nuestra agenda legislativa, ni a dar tratamiento a propuestas de terceros, a ningún tema que divida a los argentinos. Compromiso Federal tiene como Objetivo Principal de Gobierno Unir a los Argentinos y recuperar la Paz Social.




El artículo fue escrito dentro del Marco del  "Protocolo Para la Convivencia de los Argentinos en el Siglo XXI " en al año 2011.
 

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