Así es la política pro-mercado
Alejandro A. Tagliavini
Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland (California). Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


El motivo por el cual el mercado, insólitamente, es tan impopular es porque le han vendido, a la opinión pública, una idea al respecto altamente negativa que no es real. Y digo insólitamente porque el mercado natural son las personas, de donde resulta ilógico que éstas descrean de sí mismas. Es fácil advertir quién realmente propone políticas favorables y quiénes engañan. Como los modos son varios, hoy me ocuparé solo de uno: cualquier política pro mercado de manera necesaria empieza por mejorar la situación de los ciudadanos empezando por los más débiles (por la “ley de marginalidad”).
 
Entonces, quienes hablan de “ajustes dolorosos”, de “costos indeseados”, de “poner el hombro” y las frases archiconocidas que usan los políticos para expoliarnos, sencillamente mienten: sus proyectos son fuertemente anti mercado. Y luego aparecen las lógicas protestas sociales y el voto castigo y nadie se explica por qué estos “revoltosos no se cuadran”.
 
Pero vayamos al tema de moda. A raíz de la quita de subsidios y el consiguiente aumento de tarifas, se habla de “inflación”. Antes de conocerse el aumento para Edenor y Edesur comunicado el viernes, según el Estudio Bein -probablemente el más “pesimista”- los recortes de subsidios anunciados tendrían un impacto de 9 puntos sobre la “inflación”. Pero inflación, verdaderamente, es la sobre oferta de moneda sobre lo que el mercado demanda en tiempo real y este no es el caso, esto es simplemente un reacomodamiento de precios.
 
Ahora, para que este reacomodamiento sea un real reflejo del mercado -de las personas que eligen con toda libertad y acomodan su presupuesto- debe ser completamente desregulada tanto la generación, como el transporte y la distribución al punto que cualquier vecino pueda producir, transportar y vender a cualquier otro vecino. Muchas quejas se han odio sobre los fracasos de las desregulaciones en España o California, pero, precisamente, hubo fallas debido a que no todo se liberó y los beneficios se cortaron en los bolsones de monopolio que quedaron.
 
Para desregular no hay que olvidar dos cosas. Una, que no existe tal cosa como “monopolio natural”, todo puede competir naturalmente, y perfectamente podrían ponerse dos líneas de transmisión eléctrica paralelas, aunque normalmente esto no ocurra porque -ante la amenaza de otro- el que tiene la línea suele alquilársela a precio razonable. Y lo otro a tener en cuenta es que existen regulaciones indirectas, como normas municipales en cuanto a tendido de redes, que deben eliminarse. Recomiendo la lectura de “Electricity Supply: An End To Natural Monopoly” de Walter J. Primeaux y “The Electricity Business: Power to the People” en The Economist del 28 de marzo de 1998.
 
Pero lo peor que está haciendo el gobierno, y que es verdaderamente injusto -al punto que puede provocar un serio bajón en el salario real de las familias y las protestas sociales correspondientes- es que se está dejando de lado la contrapartida que el mercado prevé en este caso.
 
Efectivamente, la eliminación de los subsidios implica que el Estado se ahorra, según el ministro de Energía, este año US$ 4.000 millones. Haciendo un cálculo muy vago, solo para tener una idea ilustrativa, suponiendo que en Argentina hay unos 8 millones de hogares, cada hogar debería recibir -de algún modo- una reducción en los impuestos proporcional a lo que el Estado se ahorra, es decir, unos $ 580 mensuales, más de lo que pagaría por el aumento en la boleta de luz. Lo que resulta lógico porque el Estado ahorra, no solo en los subsidios, sino también en la burocracia que lo intermedia.
 
Ahora, como primero se pagan los impuestos y luego de allí sale el dinero para los subsidios, una política pro mercado realizaría el lógico camino inverso: primero se reducirían los impuestos -aumentando la capacidad adquisitiva real de las familias- y luego se quitarían los subsidios, lo que achicaría el poder adquisitivo de las familias pero en menor proporción ya que se ahorraría lo gastado en intermediación burocrática. De no darse, en primer lugar, esta reducción en la carga impositiva familiar, se estaría actuando con mucha injusticia y en contra del mercado -de las personas- y sería una simple avivada de los políticos…  con alguna excusa demagógica, como de costumbre. 
 

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