¿Prohibición o incentivos?
Laura Rodríguez Machado
Senadora Nacional.


El nombre de la coalición a la cual pertenecemos quienes hoy tenemos la responsabilidad de gobernar —Cambiemos— no es casual y su significado fue bien interpretado por todos los argentinos: luego de una gestión que nos dejó una inflación acumulada del 700%, un déficit fiscal histórico, una gigantesca incapacidad de crecimiento económico ocultada bajo la alfombra del empleo público artificial, un Gobierno que ya sumaba 5 años sin generar trabajo genuino, luego de políticas extractivas que empobrecieron a la gente día a día, llevadas a cabo por funcionarios que vieron en la política una oportunidad y no un compromiso; el pueblo decidió, mediante un verdadero cambio, transformar la Argentina.
A tan sólo 5 meses, el nuevo rumbo ya está en curso y a través de políticas concretas, concentradas en mejorarle la calidad de vida de la gente, pusimos como meta de nuestras medidas la creación de trabajo digno y estable para todos los argentinos, para lo cual no hay recetas mágicas. El único camino real para cumplir este objetivo es la atracción de inversiones que expandan con ellas nuestra economía. En este sentido, es por todos sabido que les hemos quitado todos los frenos posibles a las grandes, medianas y, especialmente, pequeñas empresas. Incluso logramos entre todos sacar a la Argentina de un vergonzoso default, lo que les devolverá a los ciudadanos la capacidad de financiarse a tasas considerablemente más bajas, para que puedan multiplicar su capacidad productiva y entren así al mundo, compitiendo de igual a igual.
En fin, se sentaron las bases necesarias con las que todo país desarrollado contó al comenzar un crecimiento sostenible de su economía, lo que nos posiciona como un atractivo lugar para cualquier empresario del mundo. Estas políticas comenzaron a dar resultados y se hicieron plausibles en diferentes anuncios, como los de Fiat y Coca-Cola, por millonarias inversiones. De hecho, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, afirmó que se detectaron proyectos de inversión en la Argentina por veinte mil millones de dólares por parte de compañías nacionales y extranjeras.
Teniendo esto en cuenta, no puede dejar de sorprendernos la reciente propuesta realizada repentinamente, con la que se pretenden solucionar los problemas que aquejan hoy al país como herencia de una administración anterior que no supo generar las condiciones idóneas para la prosperidad de los trabajadores, buscando la prohibición de los despidos bajo la pena de una doble indemnización por parte de las empresas hacia los afectados.
En primer lugar, cabe destacar que dicha medida no hará más que entorpecer el proceso productivo generado mediante propuestas superadoras y constructivas. Es sumamente llamativo que, una vez dadas las condiciones para la inversión, lo primero que proponen es una inestabilidad jurídica que espantaría al más arriesgado de los empresarios. Según Andrea Ávila, CEO para Argentina y Uruguay de Randstad, consultora internacional de recursos humanos, existen muchísimos proyectos de inversión listos para la Argentina, pero que esperan definiciones económicas para largarlos. ¿Es acaso esta la señal que aguardan dichos inversores?
Es pertinente preguntarse además la razón de la iniciativa, teniendo en cuenta el momento en el que se propone, cuando el nivel de desempleo es prácticamente el mismo que el de finales de 2015, las inversiones son una cuestión de tiempo y hasta reabren empresas que cerraron el año pasado, como Cresta Roja. Es decir, cuando la situación tiende a recomponerse, se buscan las más extremas de las medidas. Quiero pensar que se trata de una mera distracción, que corregirán al percatarse de la realidad, ya que el oportunismo político sería tremendamente grave cuando día a día se está sacando al país de la crisis económica e institucional que nos han dejado.
Hay que tener en cuenta, además, que si una gran empresa necesita reducir personal, lo hará; pero bajo ningún punto de vista se puede esperar lo mismo de las pymes —ni de las peluquerías, los almacenes, los restaurantes—, quienes no podrán absorber la doble indemnización y terminarán quebrando, por lo que dejarán a la totalidad de sus trabajadores en la calle. Recordemos que el 98% de las empresas privadas del país son pymes, con lo cual, según los pronósticos de economistas y especialistas en el sector productivo, las consecuencias serán deplorables, ya que pondrán, sobre todo, a un 80% de los puestos de trabajo privados en juego.
Como vemos, no sólo no se beneficiará a quien se pretende, es decir, los que tienen empleo, sino que además se les pondrá un obstáculo infranqueable a quienes aún no corren con la misma suerte, ya que, como se adelantó, las empresas frenarán así sus proyectos de inversiones para no correr con el riesgo de emplear a alguien que quizás después no puedan sostener.
Si la realidad fuera algo tan sencillo de cambiar, ¿por qué detenernos en los despidos? ¿Por qué no avanzar más y lograr, mediante una ley, el pleno empleo y el más alto ingreso per cápita mundial? Simplemente porque el mundo no funciona así, de lo contrario la Unión Soviética sería el más próspero de los países y el muro de Berlín aún seguiría en pie.


Publicado en INFOBAE.
 

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