Una Argentina saqueada
Guillermo Yeatts
Fundador de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre y Miembro del Consejo de Administración. Graduado en New York University con un Bachelor of Science  en Finanzas y un Master en Economía. Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Realizó el posgrado OPM en la Escuela de Negocios de Harvard University en Cambridge, Massachusetts. Autor de diversas obras, entre ellas “Un mundo pequeño: El futuro de la libertad en la era global”.


Los últimos meses nos han mostrado de la forma más dramática y salvaje la realidad de una Argentina saqueada. La evidencia muestra la forma en que el Estado argentino fue tomado como un botín por parte de los gobernantes de turno -los cuales sin ningún tipo de limitación, confiando en la  eternidad en sus cargos y una complaciente impunidad- se apoderaron del fruto del trabajo de los ciudadanos.
 
Hace ya algunos años (2008), mi libro “El botín. La Argentina saqueada” –en un contexto institucional diferente al actual- se refería a esta temática, al arraigo de estas tradiciones en la historia argentina, lo cual sucedía en un contexto de división de poderes formal, pero no real. También, de federalismo declarativo pero de centralismo fáctico. No sólo en términos de corrupción, sino de reparto de privilegios por parte del gobierno de turno. El contraste entre las supuestas instituciones republicanas y una realidad de poderes concentrados era más que evidente. La obra analiza cómo en tal contexto diferentes grupos de poder –políticos, empresarios prebendarios, sindicales- aprovechan esta permeabilidad para “capturar” al Estado en su beneficio particular. En términos de Mancur Olson el Estado es tomado en función de sus intereses por “coaliciones de distribución” o “grupos de intereses especiales”.
 
Estado capturado
Douglass North se refiere a situaciones como la de la Argentina con el término de “Estado Natural” (Natural State), diferenciándolo del concepto de “Estado de Naturaleza” (State of Nature) al que hacen referencia los pensadores contractualistas como John Locke, Thomas Hobbes o Jean Jacques Rousseau. Afirma North que en el “Estado Natural” se produce una alianza entre gobiernos y grupos de intereses específicos para explotar al resto de la población, a través de monopolios legales, restricción del acceso a los mercados, contrataciones por encima del precio de mercado, etc. En consecuencia, el proceso maximización del interés personal se torna de suma cero o negativa, y lo que ganan unos se lo quitan al resto de la sociedad.
 
Dada esta “permeabilidad” institucional a la influencia de grupos de interés, el escenario que se genera es uno en el cual resulta más rentable desde el punto de vista empresario invertir recursos en obtener reglas de juego “taylor made” (a medida) que convencer a millones de consumidores sobre las bondades de un producto o servicio. En este contexto, una regla institucional básica es que es parte de las reglas de juego poder cambiar las reglas de juego.
 
De esta forma, algunos estados son “capturados” por los grupos de intereses especiales, quienes les dan forma a través de complejos procesos de negociación entre los distintos actores. Mientras tanto, los ciudadanos dispersos poco pueden hacer para competir contra estos poderosos actores que actúan colectivamente. Mancur Olson sostiene que las organizaciones para la acción colectiva están preponderantemente orientadas a la lucha por la distribución de la renta y la riqueza, y no al aumento de la producción en su conjunto. Se trata de “coaliciones de distribución” u organizaciones que se dedican a lo que una valiosa tendencia de la bibliografía especializada denomina “búsqueda de renta”.
 
 
Si esto es así, ¿por qué los ciudadanos no enfrentan a estas coaliciones distributivas que tanto daño les hacen? Olson explica esta paradójica situación por la que los grupos pequeños (coaliciones de distribución) prevalecen sobre los más numerosos (los ciudadanos) a la hora de actuar en forma colectiva en procura de sus propios intereses, afirmando que la teoría sociológica clásica asume que si los ciudadanos tienen un interés político común se organizarán y lucharán en favor de tal interés, lo cual se contrapone con lo observado en la realidad. Lo que sucede es que los altos costos de transacción necesarios para concretar la acción colectiva de los grupos numerosos, el carácter difuso de los potenciales beneficios, sumado a la imposibilidad de excluir comportamientos free-riders, diluyen los incentivos para actuar en conjunto.
 
El modelo de Estado como “botín” excluye a la mayor parte de la población que no puede participar para generar reglas de juego a su medida. Los grupos pequeños, concentrados y fuertes son los que ganadores de esta pulseada. Los perdedores son dispersos sectores de ciudadanos que dedican sus energías a trabajar para alimentar a su familia sin entrometerse en la formación de políticas públicas.
 
 
El caso argentino nos manifiesta la forma en que las reglas de juego de una democracia mayoritaria, sin límites, que han regido generando incentivos orientados a la puja por la distribución de la renta más que a la creación de riquezas. 
 

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