Más parches que soluciones de fondo
Nicolás Cachanosky


El Gobierno anunció un nuevo plan de blanqueo de capitales. Uno de los objetivos de este plan es financiar la reforma y el aumento de las jubilaciones prometidas por Mauricio Macri. Se pueden ver dos motivaciones en este aspecto. En primer lugar, varios de los 47 países que firmaron el acuerdo intercambio de información financiero-fiscal están tomando medidas similares. En segundo lugar, Cambiemos ha decidido reducir el déficit fiscal de manera gradual. Dado el alto nivel de presión tributaria, aumentar los impuestos de manera significativa no es viable. El blanqueo busca proveer fondos al fisco.

El Gobierno descuenta que el blanqueo será exitoso, ya que con el acuerdo de intercambio financiero no será tan fácil esconder fondos en el exterior. En segundo lugar, teniendo en cuenta el contexto internacional de bajas tasas de interés, invertir en bonos del Tesoro argentino será más rentable que dejar dichos fondos en el exterior.

El término ‘blanqueo’ dista de ser el más apropiado. Esta palabra suele hacer referencia a las operaciones que buscan maquillar un origen legítimo a fondos obtenidos de manera ilegítima. Por ejemplo, cuando en un hotel o un casino se reporta que se han tenido más clientes que los reales y estos han pagado en efectivo. Sin embargo, en este caso la propuesta está destinada (en principio) a fondos obtenidos de manera legal, pero que no han sido declarados. Por ello, hablar de “amnistía fiscal” o de “declaración de activos ocultos” es más preciso y neutral.

Esta ley de amnistía fiscal o de declaración de activos ocultos no debe hacernos perder de vista el problema de fondos, que es el porqué de la fuga y el ocultamiento de tantos recursos financieros. Los planes de “blanqueo” de capitales en sí no resuelven este problema de fondo. Los fondos no se fugan de Argentina por la malicia del ciudadano, se fugan porque hace años que se debe soportar una carga tributaria asfixiante, con inflación récord y por la falta de proyectos de inversión con una rentabilidad tentadora. Las repetidas confiscaciones de depósitos y la pesificación hacen del mercado financiero argentino un lugar poco seguro para invertir los recursos financieros. El Poder Judicial, por su parte, no se ha visto capaz o interesado en defender la propiedad de los depositantes. ¿Puede el ahorrista confiar en que el Poder Judicial va a proteger sus ahorros del Estado?

En lo que respecta a jubilaciones, el sistema de reparto estatal lejos está de ofrecer una jubilación decente. Los fondos privados en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) —que estaban celosamente reguladas— fueron expropiados por el Estado. Es necesario entender que hay pequeños ahorristas que se ven en la necesidad de esconder sus ahorros del voraz Estado argentino en vistas de tener una vejez decente. Si estos ahorros se mantienen en el país, se corre el alto riesgo de que sean expropiados de una manera u otra. No estamos hablando aquí de estafadores o delincuentes, sino de personas que buscan proteger su vejez. ¿Qué garantías les ofrece Cambiemos de que efectivamente sus ahorros no van a ser confiscados o depreciados por la inflación? ¿Y qué responsabilidad le cabe el Estado, entonces, por esta fuga y ocultamiento de recursos financieros? Mientras los escándalos de corrupción de la dirigencia política no cesan de ser noticia, el Estado le pide al contribuyente que declare sus fondos, pague entonces aún más impuestos y corra el riesgo de ver sus ahorros desaparecer como ya ha sucedido en el pasado. Esto hace especialmente cuestionable que este acuerdo se extienda a funcionarios públicos, cuyo comportamiento ético debería estar fuera de toda duda y quienes deberían ser los primeros en dar el ejemplo.

En un contexto internacional de abundancia de dólares, Argentina debería ser receptora de caudales de inversiones, sin necesidad de ningún blanqueo o amnistía fiscal para fondos no declarados si invertir en este país fuese la oportunidad que efectivamente Cambiemos dice que es. El grado de necesidad de un blanqueo puede interpretarse como el grado de fracaso del plan económico. Los blanqueos son, en definitiva, más parches que soluciones de fondo. Cambiemos ha anunciado algunos objetivos fiscales. Pero no ha anunciado planes que detallen cómo se van a cumplir dichos objetivos. Argentina necesita una seria reforma del gasto público e impositiva. Esto genera incertidumbre. Las inversiones de largo plazo, sin embargo, necesitan la certeza de un mercado abierto, libre y flexible, con una protección a la propiedad privada que trascienda al Gobierno de turno. No tengo la impresión de que en el plano internacional, por el momento, Cambiemos y la dirigencia política estén ofreciendo esa seguridad.
 

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