Detrás de la prometedora reforma petrolera de México
Mary O'Grady
Destacada columnista del Wall Street Journal.


En la política, como en la vida, las expectativas pueden convertirse en su destino. Si las fija muy bajas, no se hace nada, y si las pone demasiado altas incluso los buenos resultados pueden causar decepción y lamentos interminables.

Un cálculo equivocado en las expectativas podría explicar por qué algunos observadores están criticando la propuesta presentada por el presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada para reformar el sector energético de su país.

El presidente no ofreció la privatización completa del monopolio estatal, Pemex. Tampoco propuso retirar la prohibición constitucional a conceder derechos de exploración y explotación por parte de petroleras internacionales. Sin embargo, ninguna de estas omisiones es fatal (explicaré por qué en un momento).

Aquellos ingenuos que esperaban que Peña Nieto lanzara por la borda lo que es prácticamente un ícono religioso para su Partido Revolucionario Institucional (PRI) merecen que se les rompieran las ilusiones. Desde que el Partido Acción Nacional (PAN), de centroderecha, ganó la presidencia en 2000, acabando con una hegemonía de 70 años del PRI, el Ejecutivo ya no gobierna como un dictador. Peña Nieto tiene el apoyo del PAN para una reforma energética más a tono con el mercado, pero cuando todavía le quedan cinco años de mandato, no puede arriesgarse a enajenar su flanco izquierdo.

Incluso con los compromisos que se vio forzado a hacer a causa de esta realidad política, la reforma energética que propuso tiene posibilidades significativas de crear riqueza.

Si hay una razón para ver la reforma con recelo no es que ésta no producirá más ingresos, sino más bien lo que el presidente planea hacer con ella. El pacto de Peña Nieto, un acuerdo entre los grandes partidos para trabajar en la reforma, incluye proyectos sociales propios de un Estado de bienestar, como pensiones y servicios de salud universales y seguro de desempleo. Tristemente, su gobierno habla de subir los impuestos en un país que necesita reducir la carga del Estado para ser más competitivo a nivel global y crecer para salir de la pobreza.

En febrero de 2010, pasé un día con el personal de Pemex, viajando en helicóptero entre las plataformas petroleras de la compañía en el Golfo de México. Quedé impresionada por la calidad de la gente y la maquinaria, la cual era casi toda importada. Pese a ello, la producción petrolera de la compañía ha caído 25% en la última década. El mes pasado, Pemex informó que el volumen de crudo exportado en el primer semestre de este año cayó 4,7% interanual, lo cual atribuyó al declive en la producción y la creciente demanda interna.

México podría enfrentar una crisis fiscal si la producción petrolera continúa bajando, ya que los ingresos de Pemex representan un tercio del presupuesto gubernamental. Además, en abril de 2012, Standard & Poor's calculó que los pasivos de pensiones no financiadas y otras obligaciones ascienden a cerca de US$60.600 millones.

En una visita a The Wall Street Journal en noviembre de 2011, el entonces candidato Peña Nieto se quejó sobre el lento crecimiento de México. Para hacer frente al problema, prometió una enmienda constitucional para permitir la inversión privada en Pemex. El lunes pasado, puso la cuota inicial de esa promesa. En septiembre, enviará la reforma propuesta al congreso.

Para entender por qué esta propuesta es prometedora es necesario mirar las barreras constitucionales de México a la inversión privada. El gobierno desea reformar el artículo 27 para eliminar la prohibición a "la utilización de contratos en sus actividades de explotación de hidrocarburos" por parte del gobierno. En el artículo 28, Peña Nieto propone que los hidrocarburos, petroquímicos, electricidad y refinación sean sacados de la lista de sectores "estratégicos" que son considerados de dominio exclusivo del Estado.

Estas reformas abrirán la puerta a que el gobierno firme contratos con empresas privadas para la exploración, explotación y venta de gasolina en México. La reforma le dará al gobierno el poder para elegir los yacimientos petroleros que desee desarrollar y solicitar ofertas. Pemex competirá con todos los demás participantes del mercado. El monopolio de la empresa será cosa del pasado.

Los detractores aseguran que los "contratos de ganancias compartidas" que Peña Nieto propone son, desde la perspectiva de una compañía petrolera privada, inferiores a los contratos de producción compartida ofrecidos en otras partes debido a que elevan el riesgo de los inversionistas. Sin embargo, el atractivo de esos contratos dependerá de lo que se conoce en México como la "legislación secundaria".

El incentivo del gobierno —después de que Peña Nieto haya gastado una buena parte de su capital político enmendando la constitución— será forjar una ley con la ayuda de sus aliados del PAN que provea el mayor retorno posible sobre las riquezas petroleras del Estado que se encuentran bajo tierra. Eso requerirá términos que sean lo suficientemente atractivos como para atraer a los inversionistas. Es poco probable que el fracaso de la limitada reforma energética de 2008 del ex presidente Felipe Calderón sea ignorado por los arquitectos de la nueva ley.

Muchos países pobres permiten que las petroleras internacionales extraigan el oro negro. No obstante, para convertirse en un motor de prosperidad, esa riqueza debe ayudar a estimular la empresa privada y no debe ser cargada con impuestos. Si el gobierno de Peña Nieto no entiende esto, podría tener éxito con su reforma energética, pero fracasaría en su misión de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
 

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