La producción en alerta: cuando el enemigo duerme en casa
Gerardo Gallo Candolo
 ‎Ing. Agrónomo y periodista agropecuario.


a alarmas se encendieron el pasado 30 de noviembre cuando se aprobó en el Senado de la Nación -el mismo día en que la iniciativa perdía estado parlamentario- un proyecto de ley cuyo nombre técnico es "Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales", que afectaría negativamente a la producción y sus industrias derivadas de aprobarse en diputados tal cual está redactada.
 
La iniciativa siempre tuvo su sustento en el mismo Ministerio de Ambiente, bajo su regulación quedarían más de 69 millones de hectáreas que involucraría a gran parte de la producción e industria arrocera y forestal de Corrientes, Entre Ríos, zonas ribereñas santafecinas y del delta bonaerense; la de terneros de la Cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires con sus implicancias en la industria frigorífica; importantes áreas productivas de las provincias de Formosa y Chaco, por citar solo algunas de ellas. 

El Ministerio de aplicación quedaría facultado a aplicar multas multimillonarias a productores, industrias y otros actores.
 
Desde el inicio se ignoró la opinión de los sectores productivos e industriales provinciales, como la de científicos y técnicos como los especialistas del INTA.
 
En este caso no se escuchó al mayor referente técnico en la materia, ya que el INTA indicó que la definición de humedal del proyecto involucra a áreas que no son tales; ya que una estimación del Instituto de Suelos de INTA en donde se consideran los suelos Hídricos solamente (humedales), la superficie nacional involucrada resulta ser de 33,6 millones de hectáreas, es decir el 12% del territorio continental, pero si se agregan los suelos de campos bajos anegables sólo temporariamente, como el proyecto aprobado en el Senado, el total asciende a más de 69 millones de has, (25% del total país).
 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también solicitó modificar en el artículo primero del proyecto el concepto “preservar servicios ecosistémicos” por “conservar funciones ecosistémicas”.                

Tal consejo del INTA lo fundamentó en que “el concepto “preservar” hace que no sean viables los sistemas productivos tradicionales, ya que todos en mayor o menor medida afectan uno o varios servicios ecosistémicos, pero no necesariamente las funciones ecológicas”.                                                                                                         

Esta observación, que no es menor, al no tenerlo en cuenta los redactores de esta iniciativa hace sospechar de intereses ajenos al de un sector fundamental de nuestra economía, sino también sería una punta de lanza para la intromisión del Estado sobre la propiedad privada con argumentos pseudocientíficos o, sencillamente, de una supuesta opinión de vecinos.
 
Las organizaciones “ambientalistas” que manejan los hilos de estas cuestiones, siempre difunden estudios técnicos que se basan en investigaciones sin rigor científico, y en última instancia cuando la verdadera ciencia los acorrala el concepto es: “no importa que no sea verdad, sino que la opinión pública lo considere así”; es por eso que la mayor parte de sus recursos lo invierten en comunicación, justamente el área pésimamente manejada por los productores agropecuarios, sobre todo en la Argentina.
 
La provincia más afectada por esta iniciativa sería Corrientes, según opinan las entidades agroindustriales de la provincia, ya que “comprometería el uso racional de más del 50 por ciento del territorio provincial que se encuentra con proyectos agropecuarios y con obras de infraestructura productiva”, alertaron en su momento. Es que este proyecto afectaría a la jurisdicción provincial, ya que un productor correntino que quiera generar una inversión deberá gestionarla a través de un organismo nacional en caso de convertirse en ley este proyecto. La Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes indicó que la forma en que se redactó esta iniciativa incluye erróneamente grandes planicies anegables y valles totalmente productivos que suman 1.700.000 hectáreas, el 20% del territorio correntino.         En la provincia de Buenos Aires, este concepto no solo sumaría la Cuenca del Salado, la mayor área productora de terneros del país, sino también el Delta y grandes extensiones del Oeste, Río Quinto, que totalizan más de17 millones de hectáreas.
 
Esto también lo alertó el INTA: “existe también una agroindustria dependiente de la producción primaria de los humedales para proveerse de insumos, como son los casos de la industria frigorífica que se provee de bovinos de la Cuenca del Salado, de los Esteros del Iberá y de las Islas del Delta, gran parte de la ganadería de pastizales húmedos completa la Cuota Hilton del país”
 
Según esta iniciativa, para ejecutarla el Ministerio de Ambiente administraría una caja multimillonaria llamada “Fondo Nacional de Humedales”, que estaría integrado por partidas del Presupuesto General de la Nación, las cuales no podrán ser inferiores al 0,3% (sic) del presupuesto nacional, según la iniciativa. Pero también el proyecto contempla que puede financiarse, entre otras figuras jurídicas, con donaciones y aportes de organizaciones internacionales; hecho gravísimo a los intereses del país, teniendo en cuenta la influencia de organizaciones multinacionales que normalmente acarrea estos convenios, en decisiones de un sector fundamental para la economía nacional. Varios empresas agroindustriales argentinas conocen las presiones recaudatorias de organizaciones internacionales, que bajo la pantalla verde no hacen diferencia en su accionar con organizaciones mafiosas.
 
La pregunta que se hacen muchos dirigentes agropecuarios hoy es cuál es la posición real del gobierno en este tema, ya que el proyecto oficial de humedales se retiró; la posición del secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente (ex director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno), con promesas incumplidas a productores agropecuarios; con senadores de Cambiemos votando afirmativamente por este proyecto; o el propio presidente de la Comisión de Agricultura, Alfredo De Angelis absteniéndose en la votación; con un Ministerio de Agroindustria ausente en este debate, y otras actitudes incoherentes crearon un gran desconcierto a la dirigencia rural.
 
¿Puede un gobierno que afirma tener al campo como punta de lanza del desarrollo usar como moneda de cambio este tema fundamental para la economía nacional? ¿Puede aprobar esta visión ecologista torcida que se enfrenta a verdaderos proyectos productivos, e incluso a obras de infraestructura públicos en marcha?  
 
Parecería que la respuesta no es clara.
 

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