Liberalismo, mercado y bien común
Gabriel Boragina



A menudo, se escucha en boca de economistas, políticos, profesores, periodistas y gente común afirmar -en forma tajante- que el mercado se opone al bien común, y que -por consiguiente- es el estado-nación (como "garante" del "bien común") el que debe imperiosamente intervenir en el mercado para evitar "abusos" que podrían –de concretarse- obstaculizar, o directamente hacer imposible la tarea del gobierno para "consolidar" el bien común. Cuando uno quiere indagar un poco más acerca de este curioso "razonamiento" se encuentra que quienes lo "argumentan" explican que, dado que el mercado por "su propia naturaleza" privada tiende a "fallar", se hace necesario que un supra-organismo sea el encargado de corregir esas supuestas "fallas" y, en su caso, suprimirlas. El mercado forma parte de lo que algunos autores denominan "la dimensión social de la política liberal", y hay otros quienes tratan de diferenciar el proceso de mercado del proceso social. Uno de tales autores lo explica de este modo:

"De manera consecuente, la dimensión social de la política liberal no va a ser encontrada ante todo en el taller de repuestos del proceso social, donde se supone que las políticas sociales del gobierno corrigen los resultados de la competencia y del proceso del mercado. Reducir la dimensión social a este tipo de taller de repuestos, y presuponer una contradicción de las preocupaciones sociales y políticas del mercado, es un malentendido básico muy difundido. Y se intensifica por citas tendenciosas de ejemplos de supuestas “fallas del mercado”, que sirven de excusa para hacer nuevos llamados a favor de la intervención estatal, usualmente sin considerar las mucho más serias “fallas del Estado”. La dimensión social del Liberalismo no significa tanto reparaciones post facto, sino que ante todo es inherente en el mismo modelo de sociedad, en su orden legal y económico, el cual garantiza el derecho a la propiedad, y canaliza la competencia mediante reglas que apuntan hacia el bien común."[1]

El malentendido de las "fallas del mercado" proviene -en parte- de la extensa falacia que recibió por nombre "el modelo de competencia perfecta". De momento que, ciertos economistas dieron por seguro que dicho modelo es el que debe o debería presentarse en la realidad, confundiendo el modelo con esta última, y asumiendo que el modelo de "competencia perfecta" nunca se dio ni se da en los hechos, terminan afirmando que el mercado en situación de competencia presenta "fallas" y que, por tal motivo, las mismas deben ser corregidas, y que esta última intervención debe ser llevada a cabo por el gobierno. Este curioso modo de "razonar" pasa enteramente por alto que el mercado forma parte del proceso social y no constituye algo por separado de este. Por lo que, las discrepancias y distinciones que se intentan para apartar el proceso de mercado del proceso social están –de antemano- destinadas al fracaso, si es que con ellas, en realidad, no se quiere buscar otra cosa, tal como algún fin político inconfesable.

Por otra parte, también se pasa por alto que el proceso de mercado -como parte del social- es por esencia humano, con todas las falibilidades que tal condición ofrece, y que el gobierno también está compuesto por seres humanos. Lo que los enemigos del mercado (y de sus aparentes "fallas") nunca explican es: ¿sobre qué bases suponen que las personas a cargo del gobierno no fallarían nunca en sus métodos preventivos o correctivos de las imaginarias "fallas" de este último? ¿Por qué asume omnisciencia en simples y comunes seres humanos por el hecho de que han accedido mediante el voto o por otras vías a ocupar posiciones de poder? Parecen presumir que la mera circunstancia de ingresar en la esfera estatal los hace introducir en una especie de atmosfera de superioridad intelectual y moral que, en realidad, no sólo no tiene ninguna base fáctica, sino que la menor experiencia demuestra que la actividad estatal brinda muchas mayores oportunidades para exhibir las falencias y fracasos humanos y –con frecuencia- es caldo de cultivo para dar lugar a altos niveles de corrupción. Creer que el mercado "atenta" contra "el bien común" no tiene ningún asidero, ni empírico ni teórico.
Con todo, sigue en pie la cuestión sobre a quién corresponde promover el bien común, para lo cual estatistas y liberales tienen desiguales respuestas. Así, un polémico e interesante autor plantea la cuestión y la contesta:

"Pregunta 1) ¿Con cuál de estas dos afirmaciones A o B está Ud. de acuerdo? A. “El Estado es el encargado de promover el bien común, por encima de los intereses privados que miran el bien particular”. B. “El Estado y los particulares son encargados ambos de promover el bien común, cada cual en su esfera de actividad”. La afirmación B describe en esencia el liberalismo. Y la A el estatismo."[2]

Este argumento deja de lado la cuestión relativa a definir -en primer lugar- qué cosa es el bien común. Y da por sentado que es algo bueno y deseable para todos, lo que parece coincidir con nuestra conceptualización de bien común. La pregunta "A" admite un antagonismo entre el bien común y el particular y, efectivamente, es la posición en la que se basa el estatismo. Desconoce éste la verdad afirmada por Adam Smith en 1776, cuando advirtió que cada uno persiguiendo su interés particular promueve -sin quererlo y sin saberlo- el bien común mucho más y mejor que si se lo hubiera propuesto hacer.

Sin embargo, hay una corriente estatista que no opone el bien común al bien particular, sino que conjetura que todos los individuos buscan el bien común, pero que este sólo puede alcanzarse por la vía de la intervención y dirección del estado-nación. Esta corriente suele recibir el nombre de paternalismo y -pese a sus errores- se encuentra muy extendida en el mundo de nuestros días.
 

[1] Hubertus Müller-Groeling-"La Dimensión Social de la Política Liberal"- Publicado por Fundación Friedrich Naumann (FFN)-Oficina Regional América Latina-Pág. 9
[2] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 35
 

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