Sociedad civil: contrapeso al oportunismo político
Miguel Collado Di Franco
Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, República Dominicana


Todo país necesita una sociedad civil fuerte. De la sociedad civil surgen las actividades que mueven el avance material, aquello que nos permite vivir y progresar como seres humanos. Las instituciones que proveen el fundamento espiritual, moral y filosófico a la humanidad también provienen de la sociedad civil. Por igual, las acciones filantrópicas, de ayuda a los necesitados y de sustento al bienestar social tuvieron su origen en organizaciones de la sociedad civil que por siglos brindaron apoyo a huérfanos, viudas, enfermos e incapacitados físicos; en la actualidad continúan representando un elemento imprescindible de apoyo a la población mundial. Lo mismo puede decirse de la educación, básica y superior, ya que sus innovaciones provienen de instituciones que son parte de la sociedad civil de los diferentes países del mundo.
Por su relevancia como equilibrio o contrapeso en las democracias, es preciso añadir otra función importante que realiza la sociedad civil. Nos referimos a su rol como vigilante de las acciones de quienes nos representan en las funciones públicas dentro de los gobiernos.
Esta última función, servir de contrapeso del poder político, debe ser resaltada, sobre todo en la actualidad que vive el ámbito institucional dominicano. El debilitamiento de las instituciones que forman parte del Estado dominicano, sobre todo las destinadas a garantizar los derechos de los ciudadanos a la vida, la libertad y la propiedad, requiere de una sociedad civil fuerte si deseamos vivir en un estado de derecho. Una sociedad más justa, basada en la igualdad ante la ley, necesita un estado de derecho estable, confiable y no corrupto; condición necesaria para el desarrollo socioeconómico.
Fundamentos de la sociedad civil
Las relaciones que toman efecto dentro de la sociedad civil, ya sea en el colmado de la esquina, en un club deportivo, en una asociación benéfica, en una tienda, o en un gremio, se caracterizan por ser voluntarias y mutuamente beneficiosas para quienes participan en las mismas. Cada uno de los diferentes procesos que se producen en la sociedad civil continúa su curso solo hasta el momento en que alguien percibe que el mismo no le es provechoso.
Si una persona no se siente cómoda dentro de la membresía de una organización, puede optar con salir de ella; y si lo desea, incluso constituir otra diferente. Lo mismo puede ocurrir, como en efecto sucede a cada momento, que si una transacción no le resulta de provecho a alguien puede optar por no realizarla. Inclusive, puede llegar a iniciar un nuevo emprendimiento productivo y tratar de proporcionar un mejor bien o servicio para el resto de los ciudadanos. Estos dos ejemplos constituyen una muestra del autocontrol que caracteriza a la sociedad civil; un elemento de regulación que proviene del orden espontáneo que guía las relaciones sociales.
Los intercambios que realizan los miembros de la sociedad civil poseen otras características, son colaborativos y pacíficos; permitiendo construir vínculos de confianza entre sus miembros. Esta naturaleza colaborativa se manifiesta en intercambios, a través de los mercados y fuera de ellos.
Los resultados de la sociedad civil no son perfectos, pero sus características de autocontrol y su esencia colaborativa colocan a sus procesos en ventaja ante organizaciones que se basan en la coerción y en la necesidad de controles o frenos externos. Una dicotomía con la naturaleza inherente a la organización estatal cuyos protagonistas realizan procesos carentes de autocontrol y basan sus acciones en el empleo formal de la coerción.
Aunque la sociedad civil es fundamento de la humanidad, no realiza todas las funciones de la vida en sociedad. Por medio de procesos políticos los ciudadanos delegan poderes sobre individuos que los representan en el Estado y quienes realizan funciones en nombre de la sociedad. Funciones cuyo propósito debiera ser la garantía del orden público y la preservación de los derechos fundamentales. El rol de los miembros de la sociedad civil no termina en la elección de esos representantes, sino que continúa en los roles de vigilante y de contrapeso, tal como mencionamos antes.
La teoría de la elección pública
El proceso de elección de funcionarios para los cargos públicos posee características que, en las más de las veces, no son bien comprendidas. De igual forma, las características inherentes a los gobiernos, las premisas bajo las cuales operan y están constituidos, producen fallas que son verificables por todos. Las tareas para las cuales son electos los gobernantes se encuentran más allá de la capacidad organizacional del Estado y desbordan al mecanismo de elección pública. En consecuencia, es oportuno describir la realidad de la elección pública a la luz de la teoría que lleva ese nombre, también conocida como public choice.
Esta teoría tiene un enfoque positivo, que describe la forma como opera la democracia tal como es: un sistema con fallas. Sus conclusiones pueden emplearse para diferentes fines, entre los cuales resaltamos: (1) comprender los límites efectivos de los gobiernos, (2) proponer cambios que puedan mejorar al sistema democrático, y (3) entender mejor el rol de la sociedad civil dentro de los procesos públicos.
La teoría de la elección pública se enfoca sobre individuos; las personas son quienes actúan mediante la toma constante de decisiones. No es, por tanto, la ciudadanía la que elige, son las personas que la conforman; por eso el estudio de la naturaleza de esos hombres y mujeres en sus principales roles.
Las características de los votantes
¿Cómo nos comportamos los ciudadanos cuando votamos? Los votantes votan por algo que presumen saber, sin embargo los votantes raras veces conocen a fondo las propuestas por las cuales votan. Esa es la primera realidad del proceso de elección pública que enseña la teoría de la elección pública.
Aún los electores conocieran todos los puntos de una plataforma de gobierno, el conocimiento de cada votante es muy particular y solo sobre algunas cosas. Todos los seres humanos somos conocedores de aspectos relacionados con nuestro quehacer diario, pero esto no necesariamente implica que un votante comprenda lo que representan las políticas públicas relacionadas con las propuestas de campaña de los candidatos. En términos bien llanos, en pocas ocasiones los votantes saben por lo que votan, y mucho menos las implicaciones de implementar las propuestas ganadoras.
Al anterior problema se agrega otro que también debe tenerse presente y que es parte de la realidad de la elección pública. Los votantes pueden votar por una serie de puntos de campaña que, por ejemplo, podrían pasar el cedazo de la buena economía. Sin embargo, los demás puntos no soportarían un análisis riguroso, mas son votados como parte de la plataforma ganadora; muchas veces con amplia mayoría. Es decir, se vota por conjuntos de propuestas entre las cuales hay buenas y malas.
¿Hay incentivos para que el votante pueda cambiar su comportamiento? Es posible que coyunturas determinadas muevan a los votantes a poner más atención –y a los políticos a realizar mejores propuestas-, pero la realidad es que cada votante no internaliza la responsabilidad de las consecuencias por las cuales vota. Los costos o consecuencias de las decisiones de elección pública están dispersos entre millones de electores, por lo que cada votante particular no asume los mismos.
En resumen, la acción de votar suele ser una decisión de corto plazo que no involucra mayor ejercicio de conocimiento sobre las consecuencias de aquello por lo que se decide; el costo de la decisión desinformada no recae sobre cada votante particular, sino que se distribuye en toda la población.
Las características de los funcionarios
En sentido general, ¿solemos escuchar a los funcionarios decir: “Luego de realizar un análisis de nuestro departamento y sus dependencias determinamos que el costo de su operación excede el beneficio que podría aportar, por lo que aconsejamos su cierre”? En sentido general, reiteramos, la respuesta es negativa. Perder su puesto no sería consistente con el esfuerzo de ese funcionario dentro del proceso político previo.
La teoría de la elección pública, que describe a la política desprovista de romanticismo, ayuda a comprender la prevalencia del interés particular sobre el colectivo entre quienes ocupan cargos públicos; tal cual es la naturaleza humana. El interés primordial de quien hizo campaña por un cargo público es ocuparlo; es su trabajo, por el cual hizo un esfuerzo. Sí, hay personas que pueden colocar sus intereses por encima del bien común en determinados momentos; pero lo relevante es comprender cómo opera la democracia, y que ese comportamiento no es la norma. Como tampoco lo es que el dueño del colmado o de la farmacia de la esquina decida regalar su inventario a los miembros de la comunidad a la que sirve, y abandonar así su proyecto.
Continuando con el ejemplo, si el dueño de la farmacia de la esquina toma una decisión equivocada en la administración de su negocio deberá asumirla con su patrimonio; tendría pérdidas si la decisión no fuera la correcta. En cambio, en el ámbito de los gobiernos, las decisiones son tomadas empleando el dinero de terceros, recaudado por medio de impuestos cobrados a los ciudadanos o por medio de endeudamiento público que también debe ser costeado por los contribuyentes. Esa característica elimina el elemento de autocontrol que prevalece en los quehaceres privados. Ese elemento de autocontrol es al cual se circunscriben los mismos individuos que actúan como funcionarios públicos cuando ejercen actividades fuera del ámbito del gobierno. Es, por tanto, un incentivo que ayuda a tomar decisiones prudentes sobre el uso de los recursos escasos de la economía, pero que se encuentra ausente en la organización pública. Ante tal realidad, no es de sorprender que el manejo de las finanzas públicas tienda a ser deficitario y que crisis económicas tiendan a estar vinculadas con la insostenibilidad del endeudamiento público.
Si al análisis objetivo de los elementos inherentes a la naturaleza humana se le añaden otros fundamentos del sistema democrático, como es el hecho de que las decisiones públicas suelen estar moldeadas por: (1) el corto plazo, (2) por la construcción de popularidad y (3) por la influencia de grupos de interés; queda aún más clara la desviación entre intenciones y resultados en la esfera pública. Aunque se anuncien intenciones que pueden provenir de los lugares más nobles, los resultados no suelen traducirse en aumento de bienestar, o lo que se conoce como bien común.
La teoría de la elección pública, en consecuencia, ayuda a entender mejor la relevancia de papel de la sociedad civil de vigilante de los procesos del ámbito político. Ese proceso de acompañamiento inicia en las mismas campañas políticas, ya que hasta las agendas reformadoras contenidas en las propuestas de campaña pueden ser abandonadas una vez en el poder. Es decir, la desvinculación dentro del ámbito político se produce, como sabemos, con las plataformas propias y con los acuerdos previos.
Representación no vinculante vs representación vinculante
Cuando se analiza la política sin el velo que introducen las expectativas de que la misma es el principal medio de alcanzar el bien común, reparamos en una realidad adicional. Las propuestas de campaña no son vinculantes. En consecuencia, lo que promete un candidato, en las más de las veces, es transformado al momento de ser electo. Luego de la votación se produce un fraccionamiento entre las promesas y las ejecutorias. Por consiguiente, los votantes pierden control sobre el accionar de quienes los representan.
Donde sí existe una vinculación es en el cumplimiento de las leyes, empezando por la Constitución. El juramento constitucional para servidores públicos es claro: “Juro ante Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo”.
A pesar de la vinculación explícita que surge desde el primer día de funciones, existe el riesgo real del abuso del poder público. Este se incrementa cuando surgen elementos de corrupción; es decir, cuando se emplea la autoridad para favorecer intereses particulares. Dicho oportunismo político puede agravarse y alcanzar el nivel de impunidad.
Tales niveles de oportunismo político generan desconfianza y debilitan las instituciones públicas. Las consecuencias de un ambiente de este tipo son negativas para el progreso socioeconómico y para la garantía misma de las libertades y derecho de los ciudadanos.
El rol vigilante de la sociedad civil
Existen diversas formas tradicionales de reducir el oportunismo político relacionado con el abuso del poder. Tres de los principales elementos de control existen en la mayoría de las democracias, incluida República Dominicana. Nos referimos a: (1) la existencia de una constitución, (2) la presencia de poderes que conforman el Estado y la separación de estos, y (3) al voto mayoritario.
Aún la combinación de esos instrumentos, diseñados para mantener el contrapeso en una democracia, no están resultando suficientes en el país, y aún en muchos países de América Latina.
En coyunturas como la que prevalece en República Dominicana, caracterizada por instituciones jurídicas débiles e incremento de la corrupción, aumenta la relevancia del rol de la sociedad civil. Las demandas de cambio provenientes de sus miembros deben verse como parte de las reglas del juego de la democracia, como algo normal y necesario en todo conglomerado humano.
Las preocupaciones con relación al estado actual de la justicia y la persecución de crímenes de corrupción no se limitan a denuncias y protestas civiles; la sociedad civil realizó propuestas concretas en el marco de la reciente Cumbre del Poder Judicial, llamada a reformar la justicia del país. En el ámbito económico, las preocupaciones sobre el nivel de endeudamiento y el riesgo que este representa también han estado acompañadas de propuestas, como es el proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Otros ejemplos actuales incluyen aportes a la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Orgánica del Régimen Electoral, y la participación en las discusiones del Pacto Eléctrico con propuestas que resultarían en un mejor escenario energético que el prevaleciente.
Es lógico que la necesidad de involucramiento de la sociedad civil en los procesos políticos, y la percepción de la presión proveniente de sus miembros, dependerá del grado de cambio necesario. Es decir, el mismo oportunismo político determina el nivel de demanda de reformas, así como la necesidad de adherencia a la legalidad y al manejo prudente del gobierno. Sin dudas, acciones generan reacciones.
Conclusión
La sociedad civil tienen mucho que ofrecer. Como en efecto sus miembros lo hacen a diario, en diferentes roles. La base espiritual y material necesaria para la vida son provistas por las instituciones de la sociedad civil; por seres humanos colaborando de forma voluntaria, día a día.
La democracia, la más generalizada forma de gobierno, tiene fallas inherentes. Fallas que provienen de la naturaleza humana y de que el sistema de gobierno no posee los mecanismos para alinear las características del comportamiento humano con la necesidad de resultados que alcancen el bien común. El autocontrol que existe en los intercambios voluntarios y pacíficos que llevan a cabo a cada instante los miembros de la sociedad está ausente en los gobiernos. Es por eso que existen instituciones de control para evitar el uso indebido del poder y el oportunismo político.
Por el bien de la continuidad de los procesos económicos y políticos, y porque se consolide el desarrollo, es imprescindible el rol de la sociedad civil como forma de control en toda sociedad democrática. En consecuencia, ayudar al sector público en momentos en que el país más lo necesita, y recordar a quienes fueron electos que es necesario realizar cambios, debe ser una función bien vista y respetada por todos los ciudadanos.
Escuchar a los miembros de la sociedad civil, y aprovechar los aportes de estos, requiere un verdadero liderazgo, comprometido a enfrentar el complejo proceso de cambio que requiere República Dominicana. La existencia de un Estado de Derecho estable, confiable y no corrupto es fundamental para el desarrollo del país. La otra alternativa, la que crean las crisis institucionales y económicas, no es deseable, y entre todos debemos evitarla.
 
 

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