La mentira del “costo social”
Alejandro A. Tagliavini
Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland (California). Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


Cuando un gobierno quiere hacer creer que es “market friendly” con el fin de atraer votos y, eventualmente, algún inversor despistado, utiliza la típica muletilla: “quisiera hacer ajustes, pero, dado el elevado costo social, es mejor postergarlas”. Postergación que, obviamente, nunca llega porque el gobierno está mintiendo.
Porque mantener al Estado grande le permite poner a los amigos a manejar empresas al estilo de YPF, dar empleo a millones de votantes, enormes ganancias a los empresarios amigos y, por cierto, seguir disfrutando de aviones privados, costosísimos viajes y demás. Porque lo cierto es que no existe tal “costo social”. Por el contrario, si las reformas no se realizan es inmediato el empobrecimiento y frustración de la gente.
La primera falacia es la de la desocupación. Naturalmente existe muchísimo trabajo para hacer, solamente el déficit habitacional llega a 12,2 millones de viviendas, y hay que sumar hospitales, escuelas, rutas, etc. No son los capitales -como se cree vulgarmente, como creen los economistas en este país de formación tan pobre- los que producen trabajo: el trabajo está allí, el capital solo aumenta la demanda de mano de obra -no el trabajo- provocando una suba en los salarios siendo el único modo de aumentarlos realmente, nunca por ley.
Las leyes que pretenden aumentar el salario provocan la desocupación porque, por ejemplo, prohíben que trabaje el que ganaría menos que el salario mínimo. O sea que, si el mercado no estuviera interferido por el poder de policía estatal (en base a su monopolio de la violencia, la violencia), el empleo sería naturalmente pleno y podrían despedirse todos los empleados estatales ya que serían inmediatamente absorbidos por el mercado.
La segunda de las grandes falacias es que no podría anularse el “asistencialismo” que realiza el Estado so pena de dejar desamparados a millones. Lo cierto es que este asistencialismo es pagado el gobierno que recauda por vía impositiva, inflacionaria y endeudándose. En cualquier caso, esta carga fiscal -por la ley de marginalidad- necesariamente es derivada hacia los extremos más pobres: o sea, el gobierno empobrece a los pobres para luego devolverles lo poco que queda tras pasar por una burocracia voraz.
Del 17% de presión tributaria que Argentina tenía hace 30 años, hoy llegaría a 32,6% del PIB. Según el World Economic Forum, los impuestos representan el 137,4% de las ganancias obtenidas por las empresas, o sea que el Estado gana 37,4% más que la misma empresa. Pero a esto hay que sumarle la inflación (lo que emite el Estado para sus gastos) y el endeudamiento que provoca un aumento en la tasa de interés que es pagado por el sector privado. Por caso, al menos el 38% del precio del pan son impuestos directos, a lo que hay que sumarle que la mano de obra y los insumos ya vienen inflados con impuestos. Así, no de otro modo, se llega a que en Argentina existan 5,6 millones de chicos pobres, según Unicef.
Para ver lo ridículo de las intervenciones coactivas -toda violencia destruye- del Estado miremos lo que ocurre con la vivienda. Gracias a los créditos hipotecarios apalancados desde el gobierno, aunque ya estaban caras, en un año las viviendas usadas aumentaron 7% y 12% las nuevas. Y se ha producido una burbuja: hoy conviene vender la casa propia, poner el dinero a plazo fijo y, con la renta, alquilar una propiedad más cara. Así, para “facilitar” el acceso a la vivienda, por vía impositiva -para financiar este sistema hipotecario- empobrecen a los más pobres y, encima, provocan un aumento artificial en el precio de las propiedades.
Por cierto, corresponde a la astucia política el ver cómo realizar estos ajustes. Por ejemplo, si bien hay que desregular completamente el mercado laboral antes de despedir empleados estatales, es muy probable que los gremios se opongan. Habrá que empezar, entonces, por liberar la actividad sindical, como hizo Reagan en EE.UU. provocando que el poder sindical se diluya en la competencia.
 
 

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