Narcodictadura chavista y la izquierda chilena
Axel Kaiser
Director Ejecutivo de la Fundación Para el Progreso (Chile) y miembro de Young Voices (Berlín, Alemania).


El año 2005 fui invitado a Caracas por una semana, a investigar la famosa "revolución bolivariana" de Chávez. Recuerdo que en esa época, luego de entrevistar a personajes líderes de diversos sectores, mi conclusión fue que Chávez había llegado al gobierno utilizando la mascarada de la democracia para convertirse en dictador y no dejar jamás el poder. Desde entonces he dicho a mis amigos venezolanos que la democracia era una ilusión que el régimen chavista utilizaba para legitimar su dictadura. También era claro que con su política socialista el país quedaría totalmente arruinado.
En 2005, las expropiaciones sin indemnización ya habían comenzado y el intervencionismo estatal en la economía se desbocaba tan violentamente como la corrupción. Solo precios del petróleo récord evitaban que el descalabro fuera más acelerado, pero también sabíamos que eso no iba a durar. Las violaciones a los derechos humanos ya eran denunciadas por algunos organismos internacionales y la prensa era censurada, mientras el Parlamento había sido reducido a una sola Cámara cada vez más servil al dictador. Los tribunales, en tanto, eran purgados por el régimen y el Banco Central convertido en una sucursal financiera del chavismo.
Mientras Venezuela aplicaba el manual cubano de construcción de la dictadura comunista, la comunidad internacional observaba casi maravillada el experimento.
Para gran descrédito nuestro como chilenos, fue un compatriota, José Miguel Insulza, uno de los más entusiastas legitimadores de la dictadura militarizada chavista cuando le tocó presidir la OEA. Pero la de Insulza no ha sido la única deslealtad chilena que han debido enfrentar los venezolanos. La Presidenta Michelle Bachelet siempre se declaró amiga de Chávez y lo alabó hasta el cielo con ocasión de su muerte. Peor aún, hasta hace poco, nuestro Gobierno, a través del canciller Heraldo Muñoz, se resistía a condenar enérgicamente al régimen dictatorial venezolano. Hace tan solo un par de años Muñoz decía que era "prematuro" hablar de la liberación de presos políticos en Venezuela. Hoy, el tono ha cambiado, porque el costo internacional de no condenar a Maduro es demasiado alto. Pero incluso así, la ONU, la OEA de Diego Almagro, la Unión Europea y Human Rights Watch, entre otros, han tenido palabras más duras para con el régimen socialista de Maduro que nuestro Gobierno.
Reflejando ese espíritu internacional de total rechazo a Venezuela, recientemente el ex Presidente socialista español Felipe González llegó a declarar, literalmente, que "el Chile de Pinochetrespetaba más los derechos humanos que el paraíso de paz y prosperidad de Maduro". Esto debe haberse sentido como una puñalada en el corazón de cierta izquierda, tan acostumbrada a jugar de víctima mientras se pone del lado de los dictadores de su color político. Lo cierto es que la hipocresía de nuestra izquierda lo único que hace es dar la razón a aquellos que afirman que si hubiera alcanzado el poder total que buscó bajo la Unidad Popular habría seguido el mismo sendero criminal de Maduro, Chávez y Castro. Y por qué no creer eso si hasta hoy no oculta su admiración por Chávez y la dictadura castrista, la que, dicho sea de paso, es la principal sostenedora del régimen de Maduro a través de su servicio de inteligencia y sus más de 60 mil infiltrados en Venezuela.
Para el ex presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el venezolano Diego Arria, quien sacó a Orlando Letelier de Chile después de negociar con Pinochet y recibió a varios socialistas perseguidos después del golpe de Estado, el Gobierno chileno acomoda los principios que dice defender dependiendo de quién se trate. En cuanto a la tesis de Muñoz y otros cancilleres de América Latina, según la cual el problema venezolano debe resolverse dialogando, todos ellos saben que eso es una estupidez. Como han dicho Arria y María Corina Machado, la solución para un país secuestrado por una narcodictadura militarizada involucrada en la exportación del 60% de la cocaína que se consume en Europa, es "no convencional".
Lamentablemente, como las fuerzas armadas venezolanas han sido purgadas y son cómplices de los carteles de la droga, es muy improbable que la solución venga de ese lado. Solo quedaría una intervención militar extranjera al estilo de lo anunciado por Trump, pero como esa opción también es improbable, al parecer, tendremos que convivir con una narcodictadura socialista por mucho tiempo más, con todo lo que ello implica para los venezolanos y para nosotros en términos de seguridad y estabilidad interior.

Este artículo fue publicado originalmente en El Mercurio (Chile) el 15 de agosto de 2017 y en Cato Institute.
 

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