Aumento de impuestos, camino equivocado
Luis Pazos
Luis Alberto Pazos de la Torre es un economista y político mexicano, egresado de la Escuela Libre de Derecho y miembro del Partido Acción Nacional. Se ha desempeñado como Director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos


Henry Hazlitt afirma en el libro “Los fundamentos de la moral” que muchos ciudadanos,  empresarios y  gobernantes solo consideran los efectos a corto plazo de las decisiones que toman, sin evaluar sus consecuencias a mediano y largo plazo. Hazlitt señala que las acciones que nos dan un  beneficio fácil y sin esfuerzo a corto plazo, en casi todas las circunstancias de la vida, además de no ser sostenibles, generalmente tienen efectos negativos a mediano y largo plazo.
En los Estados Unidos el Presidente Obama implementó el llamado “Obamacare”, que abarata y facilita seguros médicos a millones de norteamericanos, lo que a corto plazo es positivo y popular, pero a mediano y largo plazo implica menos empleos, al subir los costos a las empresas por empleo creado. También significa un mayor gasto y deuda pública, para subsidiar seguros baratos, por debajo de su costo comercial.
Obama lucha contra los republicanos para aumentar el techo de la deuda, lo que a corto plazo estimula la economía y permite pagar deuda con más deuda, pero a mediano y largo plazo el endeudamiento excesivo es causa de inflaciones o recesiones, como lo mostró  la  crisis de EUA en el 2008 y sus repercusiones en Europa.
En México, la reciente miscelánea fiscal del Ejecutivo le permite al gobierno aumentar ingresos y gastar más a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, al transferir más recursos del sector productivo a un gasto improductivo, reduce la creación de empleos productivos, del crecimiento económico y los atractivos para que inversionistas extranjeros vengan a crear más empresas y empleos en México.
El gobierno con nuevos impuestos selectivos y el aumento de tasas puede resolver un problema de flujo y obtener a corto plazo más recursos para  mantener un gasto creciente y  tapar los hoyos que en los dos sexenios pasados dejaron varios gobernadores, que se endeudaron irresponsablemente y desviaron recursos, y así evitar un aumento desmedido del déficit presupuestal, pero a costa de abandonar la reforma fiscal que necesita México.
Los verdaderos estadistas, muy contados en México y el mundo, son los que toman decisiones no solo por los resultados en el corto plazo, que para ellos es el tiempo en el que están en el poder, sino también considerando los beneficios a la sociedad que gobiernan a mediano y largo plazo, es decir, más allá de sus mandatos, como es el caso de reformas estructurales hacia el camino correcto.
¿Más impuestos o menos gasto?

El Ejecutivo primero fijó una meta de gasto y después buscó aumentos de impuestos para alcanzarla. Lo correcto, como lo manda la Constitución en su art. 74 fracción IV, es limitar el gasto a los ingresos reales esperados. Por ello el Congreso primero aprueba la ley de ingresos y con base en esos ingresos el presupuesto de egresos o gastos. Ese artículo lleva implícita la obligación de mantener un equilibrio presupuestal, pero no es interpretado así por los actuales gobernantes, por ello hay la necesidad de modificar la Constitución y dejar explícita la prohibición al ejecutivo de ejercer un presupuesto deficitario.
Aunque hay subejercicios en  2013, no es ese transitorio menor gasto el factor principal que generó la baja del PIB, sino la incertidumbre sobre la capacidad del nuevo gobierno de concretar las reformas estructurales como deben ser. Ante un entorno internacional de escasez de capitales es necesario contar con leyes laborales, fiscales y energéticas competitivas para atraerlos e incrementar la inversión, único detonador de crecimiento duradero.
La mayoría de los nuevos impuestos y mayores tasas inhiben la inversión, el empleo y el crecimiento. Aumentar el Impuesto Sobre la Renta del 30 al 32%, que se traduce en impuestos reales de alrededor del 40% para muchas empresas, reduce la capacidad de inversión a empresas pequeñas, medianas y grandes.
La progresividad fiscal viola el art. 31 fracción IV de la Constitución: ”contribuir para los gastos públicos… de la manera proporcional y equitativa”. Los impuestos progresivos, además de frenar el crecimiento, son inconstitucionales. Un impuesto proporcional implica la misma tasa para todos, aunque el que gasta más paga más y el que obtiene más ingresos también paga más, pero no se castiga inequitativamente al sector de altos y medianos ingresos, que son la principal fuente de inversión y empleos formales.
La salida correcta al bajo crecimiento y desequilibrio en las finanzas públicas es reducir y transparentar más el gasto público en los tres niveles de gobierno. Hay mucha tela de donde cortar: gastos inútiles, ineficientes y que con el disfraz de sociales sirven para repartir dinero a grupos organizados y fines electorales.
Seguro de desempleo, simulación y burocracia

Una política fácilmente vendible para quien no hace un análisis de costo-beneficio es la del seguro de desempleo, que implica que quien pierda su empleo reciba dinero de nuestros impuestos a través del Estado. Los que trabajan transfieren recursos a los que no trabajan. Para unos implica solidaridad social y, según algunos economistas keynesianos, ayuda a sostener un nivel de gasto que evita una baja en la actividad económica, pues los desempleados teóricamente no tienen ingresos ni gastos.
El primer problema del seguro de desempleo es definir a  quiénes se les considera desempleados, concepto variable y subjetivo. El segundo, identificar que los considerados desempleados lo estén realmente, para lo cual se necesita un ejército de supervisores, pues muchos de los que aplican al seguro de desempleo tienen un empleo informal difícilmente  detectable. Implementar un seguro de desempleo implica cuantiosos recursos para armar un aparato burocrático que  identifique, apruebe, distribuya y supervise que el dinero llegue realmente a desempleados que carecen de recursos para subsistir.
Si en los países desarrollados, con mayor organización y recursos fiscales esa política es una carga que presiona el déficit público, qué podemos esperar en un país donde el ingreso fiscal/PIB es la mitad que en aquellos. Entre más pobre es un país, más desequilibrios causa en sus finanzas ese tipo de programas.
En cuanto a los programas llamados sociales para los más pobres, los únicos que funcionan aquí y en China son los que crean las condiciones para que en las zonas de mayor marginalidad se creen fuentes de trabajo. Todos los demás programas sociales son burocrático-electoreros que no combaten la pobreza estructuralmente.
En Estados Unidos el seguro de desempleo se convirtió en una forma de vida, por lo cual lo han restringido y se considera una carga que ha generado más gastos que beneficios. En España y Francia es un refugio de flojos y mañosos, que en lugar de trabajar se la pasan llenando papeleo para calificar en el seguro de desempleo. En todos los países europeos van de regreso de la aventura del seguro de desempleo y si sigue vivo es por el costo político de suprimirlo totalmente. En un país donde hay más trabajadores informales que formales, como México, instrumentarlo puede crear un hoyo fiscal difícil de llenar. Aumentarán más rápido los inscritos en el seguro de desempleo que los nuevos empleados que con sus impuestos pagan el seguro de desempleo.
En México no se requiere un seguro de desempleo, sino más empleos, para lo cual son necesarios mayores niveles de inversión, que se verán reducidos al destinar recursos a organizar la burocracia para dispersar y entregar el seguro de desempleo. Un seguro de desempleo aumenta los índices de desempleo y baja la productividad, pero si hay un compromiso con el corporativismo sindical de implantarlo, caeremos en el baile de un paso pa’delante y dos para atrás.
Impuestos a alimentos ¿para evitar la obesidad?

Los impuestos a refrescos, botanas, dulces y chocolates, entre otros alimentos, los justifican la mayoría de los legisladores porque causan obesidad y son precursores de  enfermedades. Es cierto, si se consumen en exceso, pero lo mismo pasa con el 90% de los alimentos básicos en la dieta de la mayoría de los mexicanos: tacos de cochinita, tortas de jamón y queso, pan, huevos, carne de res, de pollo, leche y tortillas, los que  generan obesidad si se consumen en exceso.  Al igual que las bebidas con azúcar en exceso generan diabetes, comer  productos derivados de animales sube el colesterol, tapa las arterias y produce enfermedades del corazón.
Es loable todo esfuerzo para reducir enfermedades asociadas a una mala nutrición y a excesos en el beber y comer, pero en ningún lugar del mundo se ha mejorado la salud de los ciudadanos poniendo impuestos a los alimentos con un alto contenido de calorías o de grasas animales. También los excesos en el consumo de la mayoría de las medicinas producen efectos dañinos al cuerpo, por lo que se les podría ocurrir a algunos legisladores que con ese  pretexto les pongan un impuesto especial.
Dejemos a un lado excusas que encubren la necesidad del gobierno de recaudar más recursos en forma arbitraria y selectiva, violando el principio de generalidad de la ley. Mejor apliquemos un IVA en principio del 5% a todos los alimentos y medicinas,  a la vez que bajamos gradualmente el IVA existente del 16% hasta tener uno del 10% para todos los bienes y servicios, sin excepción  en todo el país, y se reduce gradualmente el ISR hasta el 20%. Así tendríamos un sistema fiscal competitivo, con menos tasas generales, con una mayor base de contribuyentes,  donde pagan más los que más consumen y menos los que producen. Ese sistema sería de los más adelantados del mundo y  ayudaría a elevar el empleo, la inversión y el crecimiento a niveles iguales a los de China.
La competitividad de los impuestos

Hasta la década de los 70, los altos impuestos en un país normalmente se trasladaban al consumidor como un costo más de las empresas. Altos impuestos se reflejaban en mayores precios, menos empleos y un menor nivel de vida real para la mayoría de los habitantes de un país.
Cuando la mayoría de los países vivían en economías cerradas y los mercados estaban aislados por la falta de comunicaciones y contactos, el consumidor pagaba un 50% o más por un producto que en otros países, debido principalmente a que la mayoría de los impuestos  se trasladaban a las mercancías. La diferencia de precios finales era enorme de un país a otro. Las desigualdades de precios se compensaban parcialmente con el contrabando. Esos fenómenos todavía se dan en economías administradas por gobernantes con mentalidades autoritarias y anticuadas, como en Venezuela.
La revolución tecnológica en los transportes y las comunicaciones marítimas, terrestres, aéreas y telefónicas, generó la llamada globalización. Esa nueva realidad social vuelve obsoletas las fronteras y el proteccionismo. Internacionaliza los costos, los precios y la productividad. Esa  globalización tiende a igualar los costos de todas las mercancías  y a desplazar  aquellas cuyos precios están por arriba de los promedios del comercio internacional. Ahora, los altos impuestos no sólo encarecen los productos,  también generan la quiebra de empresas, su desplazamiento a otros países  y  más desempleo.
En el siglo XXI los gobiernos ya no deben –a riesgo de quebrar a sus productores- mantener o incrementar impuestos únicamente basados en sus necesidades, sino condicionar sus políticas fiscales a las de los países vecinos y competidores en todo el mundo.
En un mundo globalizado, los costos de los gobiernos son un factor determinante para la competitividad internacional de las empresas. Y esto parece no entenderlo muchos legisladores y gobernantes en México.
Efectos del aumento de impuestos

Una reforma estructural es parecida a los cimientos de una casa, son para largo plazo. Los cambios fiscales recaudatorios pueden aumentar ingresos a corto plazo, pero a mediano y largo plazo inhiben el empleo y el crecimiento.
El reciente incremento de impuestos pasa por alto que la principal fuente de inversión, empleos y crecimiento son las  ganancias de los accionistas de las empresas, aumentarles los impuestos reduce, como ya lo comentamos, las cantidades disponibles para la creación de empleos productivos y el crecimiento de la actividad económica.
La “traslación fiscal” implica que al aumentarle la carga impositiva a las empresas, si pueden la transfieren a los precios, reduciendo la capacidad de compra de los consumidores, si no pueden y la absorben, reducen su crecimiento, que es la principal fuente de empleos y producción.
La llamada Curva de Laffer nos enseña que un aumento de impuestos no implica un incremento equivalente en la recaudación, llega el momento en que a mayores impuestos menor recaudación. Una economía, sin que otras condiciones cambien, que crezca al 6% con impuestos bajos recauda más que otra que crece al 2% con el doble de tasas de impuestos. Aumentar los impuestos, que es el costo del gobierno, no necesariamente aumenta la recaudación a largo plazo. Pasa lo mismo que en las  empresas, donde aumentar precios no implica incrementar proporcionalmente los ingresos, aun en los monopolios.
El éxito del crecimiento de economías como la chilena, con un bajo Impuesto Sobre la Renta y alto impuesto general al consumo, es que hace más atractiva la inversión que el consumo. En el 2013 dicha economía crecerá tres veces más que la mexicana. Al aumentar los impuestos a empresarios, los inversionistas internacionales reducen su interés por crear empresas y empleos en México.
Aunque los recientes aumentos de impuestos pueden ayudar al gobierno a un mayor flujo de recursos en el corto plazo, estructuralmente, a mediano y largo plazo repercutirán en menos empleo, reducción de la actividad económica, bajo crecimiento y, por lo tanto, en una menor recaudación fiscal.
Al aumentar los impuestos a empresarios, que los partidos de izquierda en México les llaman “los ricos”, los inversionistas reducen su interés en crear más empresas y empleos en México, y al haber menor creación de riqueza, habrá menos que repartir, aunque se aumente los programas burocrático- electorales para dar teóricamente riqueza a los pobres a costa de reducir su creación.
En síntesis:

1. Aumentar impuestos no es una Reforma fiscal estructural solo una miscelánea fiscal recaudatoria
2. México necesita para crecer y crear empleos productivos más inversión privada, no más impuestos ni más gasto público
3. Legisladores deben reducir gasto público en lugar de aumentar impuestos para evitar aumento de déficit presupuestal
4. Principal problema fiscal de México es falta de rendición de cuentas y transparencia en gasto de estados y municipios
5. La evasión fiscal no es la principal causa de pobreza y desempleo, sino el despilfarro y desvío del gasto público
6. Está claro a quienes les van a subir impuestos pero no en que se van gastar ni a quienes van a beneficiar
7. Impuestos proporcionales, constitucionales, paga más quien más gana; progresivos, inconstitucionales y frenan inversión y crecimiento
8. Chile, PIB 4.3% e inflación 2.4% para 2013; impuesto a empresas del 20%, IVA general del 19%, ingreso fiscal/PIB el doble que México
9. Más impuestos a las maquiladoras, implica que vendrán menos y algunas de las que ya están se irán
10. Calvario de contribuyentes, que ante leyes confusas son extorsionados por funcionarios del SAT en varios estados, debe terminar
11. Leyes que dan más poder y discrecionalidad a funcionarios sobre contribuyentes no se traducen en más recaudación sino en más extorsiones
12. Leyes fiscales deben sancionar a funcionarios del SAT que acusen a contribuyentes de evasión manipulando leyes para chantajearlos
13. Código fiscal y Ley de aduanas deben simplificarse para evitar la extorsión por funcionarios deshonestos
14. Nuevas leyes para evitar la evasión deben ir acompañadas por otras que eviten el desvío, despilfarro y robo de impuestos
15. Reforma fiscal estructural correcta debe ampliar base gravable mediante un IVA general, reduciendo gradualmente la tasa de lo ya gravado del 16% al 10% y de los no gravados iniciar con 5% hasta alcanzar gradualmente el 10%, reducir gradualmente el ISR hasta el 20%.
 

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