El gobierno solo atina a decir que la culpa es de los demas
Hugo Grimaldi


 BUENOS AIRES, dic 21 (DyN) - Cuando se corta la luz, cuando los precios explotan y se temen saqueos o cuando se verifican que los pobres continúan estando allí o que los muertos por inseguridad se siguen sumando y el narcotráfico ha penetrado a la sociedad o que la educación ha perdido calidad o cuando se alienta la politización del Ejército y se derrumban los principios sobre los derechos humanos tantas veces declamados o cuando salen a la luz presuntos negociados incompatibles con la función pública, el Estado omnipresente se mete debajo de la cama.

  Esta es la sensación de desamparo que le queda a los ciudadanos como balance de este fin de año tumultuoso. Pero, además, cuando los medios reflejan todos esos desbordes de la realidad que dejan muy mal parado al Gobierno, lo único que atina el poder es a acusarlos de malintencionados y a vociferar “yo no fui”.

  No hacerse cargo de los problemas y acusar a los demás, un clásico del kirchnerismo dramáticamente exacerbado por estas horas, es un triste colofón de liviandad para un modelo que a la hora del desgaste poco muestra de fortaleza ideológica y mucho de conveniencia política, ya que fue capaz de sintonizar con muchas de las cosas que espera la sociedad, aunque poco más puede ofrecerle ahora, en tiempos de vacas flacas.  


   La última semana dejó algunos ejemplos sobre el reflejo de echarle la culpa a los otros, que el Gobierno cultiva desde siempre. Quizás para no dejar solo a Julio De Vido, un campeón en esos menesteres desde hace años, el tándem Axel Kicillof-Jorge Capitanich se hizo presente con sendas manifestaciones de negación de responsabilidad en el tema eléctrico y en el descontrol de los precios que muestran, además, cómo el Gobierno se cree infalible.

  Sobre los cortes de luz, el Jefe de Gabinete planteó el jueves que “aquí hay responsables y son las dos empresas que tienen que hacer la prestación del servicio”, por Edenor y Edesur, como si no existiese el ENRE, el ente regulador que maneja el Gobierno, que es el encargado a su vez de controlar a las compañías, entre otras cosas que inviertan.

  Esas mismas palabras y la amenaza de quite de la concesión las había pronunciado Capitanich frente a los directivos de ambas distribuidoras de electricidad en la Zona Metropolitana. Un rato antes, los representantes de las compañías se habían reunido en el Palacio de Hacienda con el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación, Roberto Baratta y desde allí fueron todos juntos a la Casa Rosada, para que el Jefe de Gabinete les pasara todas las facturas, sobre todo la de su “política comunicacional”. 


 Una fuente que participó de las reuniones le dijo a DyN que hubo dos críticas muy fuertes de tenor conspirativo: la primera, que se les endilgó que habían convencido al periodismo que “el culpable es el Gobierno”; la segunda, que les “extrañaba” que las empresas no hayan puesto el mismo empeño en criticar a Mauricio Macri por los generadores para edificios. También es un clásico que para el kirchnerismo son más importantes las formas que el fondo. 

  Capitanich venía de 24 horas complicadas, que terminó de enredar en la conferencia de prensa de ese día, cuando tuvo dos ostensibles vuelcos. En primer lugar, porque salió a poner la cara y a desdecirse sin más de su propuesta del día anterior de realizar cortes programados y rotativos de energía, al expresar que fue “una expresión definitivamente incorrecta” de su parte. Cuando el Gobierno tomó conciencia que el procedimiento remitía a los tiempos de Raúl Alfonsín, Julio De Vido lo salió a cruzar. 


  Pero, además, los nervios del Jefe de los ministros o probablemente la necesidad de desviar la atención con un tema lateral, lo llevaron a contestar una correcta pregunta de un cronista de TN sobre la Ley de Trata, con otra pregunta muy destemplada referida a “por qué el Grupo Clarín no cumple con la grilla”.

  En realidad, el chaqueño se refería a otra empresa del Grupo, Cablevisión, pero su desconocimiento del tema o la necesidad de hacer méritos puertas para adentro después de la patinada anterior, empastó todo de tal manera que terminó afirmando que el tironeo administrativo que tiene la empresa de cable con la AFSCA había sido legislado por la Corte cuando declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios. 

   Ya en viernes, con un “no es el Estado el que aumenta los precios”, fue el ministro de Economía quien también hizo su aporte al club de pasarle la pelota al otro, al anunciar el nuevo acuerdo de precios movibles que regirá durante un año. En todo caso, Kicillof está eximido de ponerse colorado sobre el argumento porque teóricamente él no cree que la emisión motorice la inflación como la sostiene la ortodoxia, aunque se ha preocupado de convencer a todo el mundo -a la Presidenta primero y a Capitanich después- que todo sucede porque la voracidad empresaria es la que “se apropia de los excedentes”. 


  La novedad es que este experimento no se trata de “un congelamiento con control de precios ni son precios máximos, porque sabemos que los congelamientos no son exitosos”, tal como dijo orgullosamente el ministro, sino de algo diferente, por ahora de extremo voluntarismo. Una fuente de Economía le explicó a DyN que, en primer lugar, los acuerdos no serán “de palabra”, tal como eran los engendros que motorizaba Guillermo Moreno “sólo para tener una lista que convalidara las mediciones del INDEC”, sino que “los supermercados y ahora los proveedores se comprometieron y pusieron el gancho (firmaron)”.

  En segundo término, el funcionario nombró en privado la palabra maldita que ni Kicillof ni Capitanich ni el secretario de Comercio, Augusto Costa usaron en la presentación del acuerdo: inflación. Desde lo práctico, entonces, señaló que se buscará “maniobrar” con esos 200 productos sometidos a controles on line, permitiendo subas inclusive, con la idea de ir llevando la “inflación” hacia la baja. 


  Sin embargo, el interlocutor deslizó cierta preocupación por las paritarias que según él serán “muy difíciles de encauzar”, tras los porcentajes que consiguieron los policías de casi todo el país, ya que consideró que ahora esos números se van a desparramar primero hacia los estatales, sobre todo al gremio docente y luego al sector privado. 

    Pese a las críticas a la metodología del anterior custodio de los precios, hubo dos cuestiones que molestaron a los empresarios. En primer término, que las mesas donde fueron sentados para escuchar los discursos del lanzamiento del “acuerdo voluntario” estaban rodeadas de militantes aplaudidores del fracasado Plan “Mirar para cuidar”, no todos jóvenes por cierto, con pecheras azules que decían “Miramos los precios”.

  Este periodista encontró a un grupo de aproximadamente 20 en la calle a metros de la Plaza de Mayo, a los que distinguió porque llevaban en sus manos con cierto pudor las pecheras enrolladas y le preguntó a uno de ellos a qué habían ido a la Casa Rosada. La silenciosa respuesta fue sólo un encogimiento de hombros.  


  En cuanto al segundo apriete, que tiene que ver con la infalibilidad mencionada, el propio Kicillof señaló en su charla, mitad como consejo y mitad como amenaza, que conseguir un país “que siga creciendo” requiere que “el sector privado acompañe las políticas del Gobierno”, una buena forma de abrir el paraguas y de saber a quiénes se va a culpar si esto fracasa. 

  Al campo se lo llamó “destituyente”, ahora se habla de “desestabilizadores” y a las usinas kirchneristas les encanta calificar a los que no siguen sus designios como “golpistas”. Algunos de estos adjetivos, o todos a la vez, le han caído por estos a días a los medios que han seguido de cerca los extraños negocios de Lázaro Báez y sus consecuencias, entre ellas la pretensión de evitar que se siga hablando de la compra de habitaciones que hizo en tres hoteles de la familia Kirchner por $ 14,5 millones. 

  A pedido del empresario, la jueza subrogante de Santa Cruz, Andrea Askenazi Vera, tipificada como kirchnerista a ultranza, deberá decir el lunes si acepta o rechaza una interdicción de Báez para que los medios de todo tipo se “abstengan de brindar información, opinión o realizar comentario alguno” sobre información comercial de sus empresas. En buen romance, el santacruceño le pidió a la Justicia de su provincia que vulnere la Constitución Nacional que impide la “censura previa”. 


  En otra inconsistencia del “relato”, Capitanich protagonizó su tercera patinada de la semana, cuando salió a responder las críticas de la Iglesia, que consideró que peor que los saqueos es la corrupción política. Entonces, el Jefe de Gabinete advirtió que “siempre” se habla de ese tema, pero “nunca de la corrupción empresarial”.

  Quizás en esta ocasión, el funcionario olvidó que Báez es un empresario y que cuando se habla de él, el Gobierno estalla, tal como sucedió con dos furibundas esquelas del secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli contra el diario La Nación, que fue quien destapó el caso de los hoteles a través de notas del periodista Hugo Alconada Mon y también contra los medios del Grupo Clarín. En esos comunicados, Parrilli calificó las transacciones sospechadas como un “acuerdo entre privados”.

 Por último, el terremoto interno que protagonizó el ahora teniente general César Milani, quien fue ascendido con una demostración de fuerza del Senado, catalogada como “obediencia debida” por los organismos de derechos humanos que no están de acuerdo con la promoción, ya que quieren que se investigue más su pasado, fue otra de las novedades del desgajamiento definitivo del pretendido ideario progresista. 


  Hay mucha vergüenza en el kirchnerismo más duro y no hay quien todavía se atreva a calificar al CELS o a Nora Cortiñas o a Adolfo Pérez Esquivel o aún a Carta Abierta de estar en la “conspiración”, pero la situación abrió una profunda grieta entre todos ellos y la propia Presidenta por una cuestión más que sensible.

  Así, entre mucha paranoia, culpabilidades atribuidas, chicanas, internas, parches y agresiones, el prototipo vigente se va desintegrando ante los ojos de propios y extraños no sólo porque fue un “relato” concebido en el cortoplacismo que hizo del consumo una religión, sino porque además sigue en el camino de aferrarse a esquemas ya fracasados, que es el mismo tic que se observó en los gobiernos de Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

   Estos tres presidentes de la democracia también hicieron apuestas permanentes a más de lo mismo y manifestaron una enorme tosudez para imponer los mismos remedios, hasta que fue tarde. Todos ellos padecieron, además, los síntomas que muestra Cristina Fernández, ya que los políticos parecen suponer que el dinero de todos (y todas), la emisión o el endeudamiento o las reservas que se dedican a cubrir los agujeros fiscales que supieron conseguir, es de su propiedad.

 

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