El Intervencionismo estatal y la falsificación de las políticas públicas
Eduardo Filgueira Lima
Director del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social (ISALUD). Magister en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE).


“Me resulta difícil comprender y explicar como se instalan diversas conductas y pensamientos en el ser humano”. Lord Acton
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Desde el iluminismo continental europeo – del que somos fieles herederos – se consolidó crecientemente la idea de que no era relevante conceder aspectos referidos a las libertades individuales en pos de obtener supuestos réditos por la dilución de los riesgos y esfuerzos personales en el colectivo social.
Las ideas colectivistas ya fueron esbozadas en el S. XVIII, por varios autores[1], partícipes ideológicos del pensamiento instaurado por la Revolución Francesa y profundizado en los años sucesivos.
Desde la social-politik[2] instaurada en la Alemania del Siglo XIX, hasta la delegación de crecientes poderes y facultades a los gobiernos ya entrado el Siglo XX, bajo el supuesto que ellos sabrían cuidar más y mejor los intereses de los ciudadanos, este pensamiento se ha convertido de manera progresiva en predominante en el comportamiento social. Los inmigrantes fueron los importadores de estas ideas – nacientes en Europa – a nuestros países.
Y este pensamiento no ha sido casual, porque se vio reforzado por corrientes ideológicas y pensadores diversos (como J. M. Keynes[3], W. Beveridge[4] y J. Rawls[5], entre otros), quienes desde diferentes aspectos o visiones posibilitaron y dieron sustento para el desarrollo del estado de bienestar (Welfare State).
De hecho las atribuciones del estado fueron crecientes y en mayor o menor grado no solo “todo se convirtió en terreno fértil para la intervención estatal”, sino que a su vez “todo en lo que interviene el Estado se convierte en materia de políticas públicas”.
Este desarrollo no fue igual en todos los países. Algunos comprendieron que la intervención del estado debía tener límites precisos: 1) por razones políticas como el avasallamiento de las libertades individuales, y 2) por razones económicas: ya que el libre intercambio basado una real y abierta economía de mercado, posibilita una creciente generación de bienes y riqueza – sin necesidad de regulaciones excesivas del estado, ni planificaciones centralizadas – con innovación tecnológica, mejora de la accesibilidad, como de la calidad de los productos y que ello conduce a un “orden social espontáneo”, que inevitablemente genera crecimiento económico y subsecuente desarrollo.
Otros por el contrario, fueron enseñados a pensar y aceptaron, que no solo el Estado podía ser eficiente en su desempeño, sino que además podía velar por ellos y resolverles casi todos sus problemas.
Los administradores – entiéndase: gobernantes de turno –fueron complacidos en sus apetencias, pues nada hay más placentero que administrar sin demasiados compromisos (y como sucede en muchos países: sin rendir cuentas), los recursos de terceros para destinarlos según propias conveniencias disfrazadas con el edulcorado discurso del responder al “bien común”, que solo es lo que el gobernante interpreta como tal.
 Es por ello que debemos distinguir entre “el como y el cuanto” de la intervención estatal, ya que diversas formas e intensidad de la misma   generan diferentes efectos.
En los países más intervencionistas y en los que el estado se entromete en toda actividad que está a su alcance, porque además así lo requiere para su financiamiento y sostén, en general se conduce a más estatismo, más populismo y mayor arbitrariedad política.[6]  
Los países desarrollados desde la revolución industrial han logrado escapar de “la trampa malthusiana” (en la que todavía se debaten muchos países “under” del subdesarrollo en especial en África) y el desfase en el nivel de vida entre estos países más ricos y los más pobres, ha pasado de 4 a 1, en el lapso de 100 años, a 50 a 1, y ello fue consecuencia que la libertad en la gente operó para que desarrollaran las conductas necesarias para modernizar sus economías y generar riqueza[7].
Sin dudas que los intervencionistas debieran explicar lo sucedido en apenas los últimos 150 años en los que desde la revolución industrial, el capitalismo dotó a la humanidad de ingentes riquezas, medios de subsistencia, así como mejoras de sus ingresos y condiciones de vida.
En especial los países desarrollados supieron comprender que el Estado no debe intervenir más allá de lo razonable, ya que toda intervención deviene en distorsiones luego difíciles de corregir y que originan crisis cuya génesis se encuentra en las irresponsables decisiones políticas y de política económica de los gobiernos y la banca. 
El Estado solo debiera garantizar la libertad, el derecho de propiedad, reglas claras y estables de funcionamiento, con seguridad jurídica, así como un irrestricto respeto a las leyes para el buen funcionamiento del mercado, es decir: todo lo que permite el crecimiento económico y una mejora sustancial en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad.
¿Cómo promover una sana inversión a largo plazo en un territorio que es tóxico y hostil? ¿Cómo crear riqueza en unos países que se dedican principalmente a rapiñarla y consumirla? ¿Cómo lograr una cierta previsibilidad a largo plazo en los cálculos empresariales cuando la nota dominante es la imprevisibilidad?6
¿Qué otra forma existe de generar riqueza?,..¿Es el Estado acaso el que ha demostrado ser eficiente en la asignación de los recursos?,.. Muchos países de nuestra región – otros ya han iniciado su despegue – y el nuestro en especial son un ejemplo de la inoperancia del estado, y no solo porque se considere que han imposibilitado el normal desarrollo del mercado, sino porque la clase política nos ha convencido – y lo hemos aceptado – que ellos: administradores de los recursos del estado, nos pueden ofrecer desde el mismo y por sus acciones, una mejor salvaguarda a nuestras aspiraciones. Y este fue el argumento que justificó una creciente y desmedida intervención estatal, ahogando al acrecentamiento de un mercado que hubiera posibilitado un mayor crecimiento económico y mejor desarrollo social.
Peor aún, estos gobernantes – considerándose a sí mismos portadores del “bien común” y representantes de las aspiraciones de los ciudadanos – que no son más que simples “populistas”, terminan por suponer que ellos mismos resultan indispensables para sostener los programas de gobierno y las políticas públicas aceptadas con cierto consenso y en ese camino degradan las instituciones, se afanan por perpetuarse en el poder a cualquier costo y sus acciones políticas manipulan la opinión pública, intentando que no salga a la luz, que confunden el poder público con sus intereses personales.
También se nos ha convencido que el origen de todos nuestros males son las inhumanas y despiadadas fuerzas egoístas del mercado,.. desconociendo que es precisamente este el que posibilita las relaciones de intercambio y mejora, basado en el interés individual, y que a largo plazo alcanza a todos los miembros de la sociedad: a unos en mayor y a otros en menor medida, ya que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, ni todos somos capaces de apropiarnos del conocimiento y de los recursos al mismo tiempo.  
Y es esta condición: “con seguridad a unos más y a otros menos”, la que más ha intervenido para convencernos de falsos igualitarismos.
Al decir de W. Churchill: “…el vicio inherente al capitalismo es el reparto desigual de las bendiciones; mientras que la virtud inherente al socialismo es el reparto inequitativo de las miserias…”
Pero el mercado tiene su propia condición moral, si bien es cierto que no es posible su buen funcionamiento sin alguna regulación que limite los excesos, tampoco es sustentable un estado que funcione sin los recursos que el mercado le provee. Es decir: existen algunos límites necesarios en un mercado libre que se supone necesario para el crecimiento y desarrollo social,.. pero de la misma manera debieran existir límites precisos a la intervención del estado, que no lo puede todo y frecuentemente lo que puede lo hace mal.
Al decir de R. Nozick: “…convengamos que el mercado puede ser ineficiente, pero el Estado lo es siempre mucho más,…”
Lo que resulta confuso e injusto a la mente humana es que percibe que en muchas circunstancias el mercado no puede alcanzar el óptimo paretiano[8] y es por lo mismo que espera de la intervención del estado la resolución de estas denominadas “fallas del mercado”, mediante regulaciones e intervenciones directas, que supone erróneamente más equitativas y eficientes.
Y aunque es cierto que existen quienes quedan rezagados, porque no alcanzan a valerse por sí mismos, es que se entiende que de ellos es de quienes debería ocuparse subsidiariamente el estado. A ellos deberían alcanzar eficientemente las políticas públicas. Porque “…no existe razón alguna para que el Estado no asista a los individuos cuando tratan de precaverse de aquellos azares comunes de la vida contra los cuales, por su incertidumbre, pocas personas están en condiciones de hacerlo por sí mismas (...) como en el caso de la enfermedad y el accidente , (….) Esta demanda de seguridad es, pues, otra forma de la demanda de una remuneración justa, de una remuneración adecuada a los meritos subjetivos y no a los resultados objetivos de los esfuerzos del hombre”.[9]
Es de esta forma – y pocos son los que ya discuten la idea – que se implementan las políticas públicas, con el objetivo que el estado lleve adelante acciones que provean a maximizar el bienestar general.
Difícil es describir el alcance de los términos e inclusive cuales son las acciones mejor costo-efectivas para proveer al bienestar general. Con seguridad lo que es bueno para muchos puede resultar innecesario o incluso perjudicial para otros.
De igual forma se acepta que además de las funciones originarias del estado (representatividad, seguridad, defensa, definición de normas y Justicia), puede intervenir en regular los procedimientos más adecuados para facilitar el acceso a los así denominados “bienes públicos”, cuya definición también resulta difícil más allá de la conocida: “…no exclusión y no rivalidad,…” Y ello en especial por las diferentes características de los así denominados: bienes de interés público, pues depende de cómo se lo analice e interprete, todo puede llegar a ser “de interés público” y eventualmente todo en lo que interviene el estado lo es, pues de una u otra manera afecta nuestras vidas.
Esto significa con claridad que existe aceptación prácticamente universal sobre la intervención del estado en la generación de condiciones que permitan alcanzar a todos determinados bienes de interés común – y que maximizan el bienestar general – como pueden ser salud y educación, así como por lo menos es dudosa su efectiva forma de intervención.
Y otro aspecto que debe mencionarse es que no en todos los casos en los que se espera la intervención del estado, este debe hacerlo de la misma manera dadas las distintivas características de los bienes públicos.
Por ejemplo, la facilitación de los mecanismos para que estos bienes públicos se encuentren al alcance de todos no significa necesariamente que los mismos deban ser provistos por el estado.
La excesiva intervención tiene grandes riesgos, aunque el discurso político nos haya convencido de lo contrario.
Es por ello que – aunque se acepta la idea y necesariamente se la promueve – las salvedades y resguardos también fueron hechos, ya que se advierte que aún siendo menor el intervencionismo estatal siempre se producen importantes transformaciones en la economía, que además tienen importantes ciclos y diversa evolución, porque están ligadas indisolublemente a los cambios demográficos y epidemiológicos (cuando se trata de cubrir las necesidades de previsión en vejez, y enfermedad) y a los ciclos económicos cuando se trata por ejemplo de cubrir el desempleo.
Por otra parte todas estas intermediaciones de los agentes del estado permiten un importante paso facilitador de la corrupción. Porque es así cuando los políticos ponen sus propios intereses por encima de los del público o cuando los oficiales del gobierno exigen dinero y favores de los ciudadanos por servicios que deberían ser libres. La corrupción termina siendo no sólo un “ensobrado” y pagos con dinero, sino también una grave afectación de las instituciones, con toma de decisiones erróneas que afectan nuestras vidas[10]. Sin mencionar además los enormes costos de transacción que se generan – y que paga toda la sociedad – y los costos de oportunidad que origina la distracción de recursos que podrían ser más útiles en satisfacer las necesidades de la gente, que en engrosar los bolsillos de los funcionarios.  
Aunque algunos – afortunadamente escasos – pensadores puedan defender el populismo como una forma de participación ciudadana, en realidad establece una relación de dependencia entre “el cliente” y el administrador (el gobernante y sus funcionarios) de los recursos: la intervención del estado permite discrecionalidad, amiguismo y prebendas, en las transferencias todo lo cual promueve su uso político. Mientras el cliente queda dependiente y subordinado al beneficio que le otorga su benevolente proveedor.
El financiamiento de las acciones prebendarías – y de las otras – por parte del estado requiere recursos crecientes, se trata de una infinita espiral inflacionaria del gasto público, que tiene raigambre en su misma funcionalidad. El gasto público creciente puede financiarse por varias vías: por ejemplo la venta de activos, el endeudamiento, el cobro de impuestos, la venta de servicios y la emisión monetaria.
En nuestro país el gasto público alcanza el 40% del PBI[11], y existe una relación inversa (en el análisis inter-temporal) entre gasto público y crecimiento. Aunque la evidencia empírica no es concluyente, porque ello depende de la orientación final (siempre discrecional y política) que se dé al mismo gasto. Es decir: no solo es importante cuanto se gasta, que sustentable es, sino cómo y en qué.
Un ejemplo claro de lo anterior encontramos en estos momentos en las diferencias existentes entre países de un mismo bloque: aquellos que a pesar de haber intervenido con fuertes políticas públicas (Alemania, Estonia, Suecia, Finlandia, etc.) y teniendo un importante gasto público, se han ocupado de generar condiciones para incrementar su tasa de capitalización, con lo que producen más y pueden sostenerse con baja tasa de desempleo. Mientras que otros (España, Portugal, Italia, Grecia, etc.), a la par que han intervenido de igual forma – pretendiendo dar “todo a todos”, con un exceso en el gasto – no han logrado desarrollar genuinamente un sistema productivo que lo sustente.
Lo incomprensible del tema es que “los indignados” de Europa, requieran ahora lo mismo que – con variantes – los condujo a la situación en la que hoy se encuentran: mayor gasto para responder a mayores demandas,.. sin considerar que “…no hay almuerzo gratis,..” (M. Friedman) y que resulta insostenible un gasto importante, sin un aparato productivo que lo respalde.
La explicación se sustenta a que el gasto público solo puede mantenerse constante (o incremental) en el tiempo si el sistema productivo es suficiente como para generar la riqueza que ese gasto requiere.
De otra forma – incluso este es tema de debate en Europa en este momento – el equilibrio fiscal solo puede mantenerse mediante un recorte en el gasto (cuestión duramente resistida por “los indignados” que verían recortados sus beneficios) o una suba de los impuestos. En cualquier caso se trataría de una transferencia de recursos.
Otra forma podría ser el endeudamiento, pero esto a su vez exige que la deuda un día se pague. Es decir: puede estar hoy en el límite de lo que se puede asumir con perspectivas de pago, o bien comprometer a las generaciones futuras.
Se ve entonces que la única forma de afrontar genuinamente la intervención del estado y el gasto público que ello genera, es que su intervención no llegue a sofocar la actividad productiva del mercado.  
En el discurso político de nuestros gobernantes en la Argentina actuamos sobre el supuesto erróneo de haber logrado el desendeudamiento. Pero ello no es cierto ya que “la reestructuración de deuda de 2005 no habría desendeudado a la economía argentina, en términos del PBI, con respecto a la situación de 2001. Esto ocurre porque, además de que se reestructuró sólo una parte de la deuda que entró en default 2001, el Gobierno Nacional siguió emitiendo deuda en 2002; 2003 y 2004 (entre el default y la reestructuración).
En 2006 y 2011 sucede lo contrario; hay un aumento nominal del nivel de endeudamiento, pero una caída de la relación Deuda/PBI. Entre 2005 (US$128.630 millones) y 2011 (US$178.963 millones), la deuda nominal creció 39.1% (US$50.333 millones), pero su peso cayó 28.9 puntos porcentuales en términos del PBI. En pocas palabras, a pesar de que el peso de la deuda disminuye en relación al Producto, su nivel nominal sigue creciendo, desvirtuando en alguna medida la política de desendeudamiento oficial…”[12].
 
De esta manera no solo continuamos incrementando la deuda, sino que a su vez la política pomposamente denominada “de desendeudamiento” conduce a mantenernos al margen del sistema financiero internacional, precisamente cuando existen capitales que podrían contribuir mediante inversiones a nuestro desarrollo.
 
No es por ello llamativo que seamos uno de los países de la región que han tenido la menor inversión externa. Según un informe de la consultora AMF, en 2012 la inversión externa se desplomó nada menos que un 75% respecto al 2011. El año pasado la Argentina sólo recibió el 1,4% de las inversiones que entraron a Latinoamérica y el Caribe[13]. Y ello perpetúa nuestra dependencia del subdesarrollo. De tal forma como contribuyen otros factores, dependientes de políticas económicas distorsivas que responden a medidas de coyuntura y de nefastas consecuencias a largo plazo.
 
Además de lo expuesto en nuestro país asistimos a su vez asombrados a la implementación de políticas que irresponsablemente agravan nuestra condición: 1) la expansión de la masa monetaria (vía emisión) que alcanza al 40% interanual[14], y que impacta en la economía por ser uno de los factores reconocidos más importantes en la generación de inflación y 2) la presión impositiva vía recaudación que pasó, entre los años 2002 y 2012 del 19,9% al 36,7% del PBI, es decir que bastante más de un tercio del ingreso generado por el país es apropiado por el Estado a través de los impuestos[15].
No se trata de un problema menor: la supervivencia de un estado prebendario e ineficaz, clientelar y corrupto, que ofrece servicios ineficientes, además ahoga a la actividad económica que es la única que puede generar riqueza genuina.
Es por ello que nos encontramos en una situación en que el empleo público crece más que el privado, casi el 45% de estos últimos se encuentran con temor a perder su empleo[16] y más del 40% de todos los empleados se encuentra en condiciones de informalidad.
Otro de los aspectos a tener en cuenta en las intervenciones del estado es que la definición de políticas se deja en manos de supuestos expertos que siempre se encuentran identificados con el poder político de turno y por lo mismo responden a los intereses políticos,.. ¿no es esta acaso una de las circunstancias por las que el estado termina siendo colonizado (casi por asalto),.. por grupos afines,.. por un pensamiento único, que es lo mismo que decir: una única forma de ver las cosas?
Esta distorsión que produce la intervención del estado afecta en su matriz la eficiencia y efectividad lo que de las políticas públicas se espera. Y es por lo que los jubilados terminan siendo más pobres, los servicios que se brindan en salud y educación se ven afectados en su calidad y solo se sostienen por el esfuerzo y dedicación de unos pocos aplicados con esmero.
Es importante considerar que las políticas públicas deberían ser un denominador común en la solución de los problemas que afectan a la gente pero además poniendo razonabilidad en maximizar el bienestar general. Por ejemplo – y aunque parezca un perimido argumento utilitarista – las políticas de salud debieran promover una población más saludable, no solo por razones humanitarias y morales, sino porque es sabido que una población más sana es a su vez más productiva. Y ello es útil al país.
Otro planteo que ha cambiado sustantivamente las condiciones en las políticas de salud y el requerimiento de dilución del riesgo mediante el aseguramiento es que dada la impresionante innovación tecnológica – que indudablemente ha mejorado las perspectivas en lo referido a la disponibilidad de recursos para facilitar procedimientos diagnósticos y terapéuticos – nos ha convertido a la par a todos en “pobres” para afrontar individualmente los costos.
Lo mismo – aunque en otra dimensión – sucede con las políticas educativas, o en áreas como energía, e infraestructura (aunque en todos los casos el estado entiendo que debe ser solo un facilitador y no necesariamente un proveedor), mientras se defina que, cuanto, para qué y en qué medida es necesario y sustentable.
Los planes de asignaciones para los más desfavorecidos deberían poder ser reemplazados – en lo posible – y en el mediano o largo plazo por ingresos genuinos generados en el mercado productivo del país. La prolongación en el tiempo de manera prebendaría solo beneficia al gobernante dadivoso, pero excluye al receptor de un futuro venturoso.
En nuestro país ya existen hasta tres generaciones de receptores de planes que suponen recibir “lo posible”, y se mantienen sin siquiera “lo suficiente”, por debajo de las condiciones mínimas de dignidad y sin posibilidades de acceder a un futuro mejor.
Ello pone en evidencia que nuestro país no produce lo necesario. El aparato productivo ha sido ahogado por el estado, en el que hemos encontrado refugio todos, como si este pudiera darnos cobijo y satisfacer nuestras necesidades sin requerir de nadie que lo sustente.
Y ello incluye a los empresarios – no solo los amigos del poder – que haciendo gala (salvo honrosas excepciones) de una increíble inoperancia han buscado también su propio rédito: ser protegidos arancelariamente y/o ser subsidiados (subsidios directos o indirectos) también por el estado. 
Todos estos desvíos ocurridos por políticas discrecionales nos colocan en situación de desventaja, no solo con los países desarrollados sino incluso con muchos de nuestros propios vecinos, que han comprendido que nada se puede recibir sin desarrollar un aparato productivo suficiente y que además nos permita insertarnos en el mundo.
Solo de ese modo las políticas públicas ascienden el primer escalón que es  hacerse posibles. Pero ello no significa que sean eficientes, o equitativas o que sus resultados sean los deseables, que son escalones superiores.
De esta forma vemos como se desnaturalizan y falsifican desde el poder las políticas públicas, porque el irresponsable accionar de los gobernantes puede hacernos creer que todo lo que hacen es lo que se les ha requerido con la confianza del voto y que es lo que la gente necesita, aunque no sea así. Ya que por un lado las mismas resulten insuficientes, ineficientes e inequitativas y por otro pongan en riesgo de sucesivas y evitables crisis económicas al país, por el dispendio de sus recursos. 
Porque el estado cuando interviene sin límites, tiende a extender sus acciones más allá de lo que debe y como consecuencias:
  • Malgasta el dinero de los contribuyentes,
  • Subsidia discrecionalmente para obtener la mayor cantidad de votos, quitando recursos a los más productivos,
  • Tiende a ser deficitario endeudándose, emitiendo y generando inflación, en lugar de reducir el gasto público,
  • Distribuye privilegios y no alienta al empresariado productivo, generando incentivos inversos,
  • Genera mercados cautivos, en lugar de alentar la mejora de los servicios basados en la competencia,
  • Acrecienta la cantidad de organismos, funcionarios y empleados públicos, lo que conduce a un mega-estado que subsiste a costa del sector productivo,
  • Desalienta los votantes libres de influencia y aumenta los cautivos del presupuesto público.[17]
Entonces: ¿qué es lo que nos diferencia de lo que han logrado otros países ya desarrollados y muchos vecinos ya caminan en el mismo sentido, mientras nosotros quedamos rezagados?
Y en este punto he analizado y acuerdo que juega un importante papel la calidad de nuestras instituciones[18],.. pero considero además que es importante analizar la lógica con que se moviliza la acción colectiva en nuestra sociedad (que por un buen tiempo puede ser manipulada),.. pero más aún es importante la calidad de nuestros gobernantes y su séquito de aduladores que – lealtad partidaria mediante – se juegan su propio destino político.
 

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