La incitacion a la violencia debe terminal
Carlos Mira
Periodista. Abogado. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


"La guita de la soja es del pueblo" reza un graffiti escrito enfrente del edificio de la Bolsa de Cereales y firmado por Quebracho. La idea detrás de esa pintada es que el Estado expropie a los productores para que éstos no puedan ahorrar en cereal y obligatoriamente deban ponerlo a disposición del Estado, liquidándolo a $ 7.85 por dólar menos el 35% de retención.
Esa medida acaba de ser materializada en una resolución del Ministerio de Agricultura por la que de hecho se crea una especie de Junta de Granos a la que será obligatorio venderle la cosecha. Quebracho tiene lo que quería: la soja ha dejado de ser propiedad privada para pasar a ser una propiedad colectiva. La garrapata chupasangre del Estado irá a robar el esfuerzo de los productores para imputarlo al barril sin fondo de los déficits públicos.
Pero lo importante para rescatar aquí es cómo el gobierno va confluyendo hacia una concepción de la Argentina que coincide con aquella que tienen los violentos, con los que pregonan un horizonte en donde un conjunto de ladrones le roba su propiedad a sus legítimos dueños.
Ayer este mismo grupo de encapuchados escrachó un supermercado Coto bajo el lema de que sus dueños le roban el dinero a la gente. El espectáculo que protagonizaron fue similar al de cualquiera de sus apariciones: caras tapadas, palos en las manos; los símbolos de la fuerza violenta, de imponer la voluntad de una patota por los medios que sea.
Es lo que está ocurriendo en Venezuela. La diferencia es que allí han reemplazado los palos por las armas de fuego y las brigadas paragubernamentales se desplazan en motos matando gente por la calle. Pero el trasfondo de la concepción que impera en uno y otro lado es el mismo: la falta de libertad, la inexistencia de los derechos individuales, le prepotencia del Estado pisoteando la propiedad y la vida de los individuos.
El fusilador público número uno, Luis D'Elía , ha participado de reuniones con el secretario de comercio Augusto Costa para coordinar las acciones de Unidos y Organizados (de quien cuya organización "Miles" forma parte) para amedrentar a los que ellos llaman "formadores de precios". De esas conversaciones salió seguramente la brillante idea de empapelar la ciudad con carteles en donde aparecían las fotografías y los nombres de los dueños o funcionarios principales de las empresas que comercializan electrodomésticos
y de los supermercados más grandes del país.
Este coqueteo del gobierno con los violentos (se dice incluso que los "servicios" que prestan los encapuchados de Quebracho son retribuidos con dineros públicos) debe terminar porque el horizonte de Caracas está muy cerca como para seguir experimentando.
Sin embargo las iniciativas que se conocen van en sentido opuesto: en lugar de producir señales que incentiven la seguridad jurídica de aquellos con capacidad de inversión, se proponen ideas que ahuyentan a esa gente y otras que exponen a los que se quedan a una especie de escarnio público que incita al odio social.
El gobierno tiene la concepción según la cual ha puesto en marcha un modelo económico extraordinario que genera excedentes de gran magnitud que, luego, los malvados monopolios y los empresarios especuladores se apropian por la vía de aumentar los precios que le roban el salario a la gente.
Como consecuencia de ello hay que declarar a esa gente como enemigos del pueblo y luego entrarles con regulaciones e intervenciones que les hagan "devolver" lo que le robaron al pueblo.
En esa misma línea se inscribe el proyecto que estudia el gobierno para regular la rentabilidad de las empresas, estableciendo un límite a piaccere del antojadizo funcionario.
Medidas como esa lo único que van a conseguir es expulsar más empresas y poner en peligro más empleos. Una caricatura de esa pretensión ha sido el "programa" de "anaqueles vacios" que Maduro lanzó en Venezuela, por el cual obligó a los comerciantes de electrodomésticos a vender sus productos a precios irrisorios. Al grito de "¡a vaciarles las estanterías!" lanzó al pueblo al robo apañado desde el Estado. La consecuencia fue que todas esas casas cerraron, los empleados perdieron su trabajo y ya no hay productos de reposición.
La línea que el gobierno de la Sra. de Kirchner sigue está consonancia con este disparate. Su programa de "precios cuidados" (lo que en Venezuela se llama "precios justos") es una consecuencia de creer que las empresas se quedan con el excedente de renta que produce un programa económico genial. Como consecuencia de ello es necesario el uso de la fuerza para disciplinar a los que no cumplan los "precios cuidados". Esa fuerza se ejerce con la violencia del escrache de Unidos y Organizados, con los palos de Quebracho y con las resoluciones de las dependencias del Estado. Cuando todo eso no alcance llegará la cárcel, los "anaqueles vacios" y las brigadas justicieras.
La física se ha empeñado en demostrar que cuando se combinan un par de elementos iguales se obtienen los mismos resultados, como si se tratara de la aplicación de una fórmula universal. No hay rebeliones contra la física porque, ella, impertérrita a la violencia, seguirá entregando las mismas consecuencias.
El gobierno debe revisar su idea de que todo lo que hace es el fruto de una genialidad y de que fuerzas que solo buscan el mal son las culpables de los efectos que la sociedad sufre. Es hora de que archive esa altanería y reconozca las responsabilidades de diez años de dispendio y de mala praxis económica que han terminado en los excesos que provocaron el déficit, la inflación y la devaluación.
Es curioso como Quebracho cuando escrachaba ayer a Coto lo hacía responsable de la devaluación. Quien devaluó fue el gobierno. El mismo que durante años sostuvo la mentira del cepo cambiario, de repente llegó a la conclusión de que $ 8 por dólar era una correcta relación "convergente de equilibrio". ¿Pero cómo?, ¿no era que el que había devaluado era Coto?, ¿entonces lo que hizo Coto estuvo bien?
Todas estas fantochadas no resisten el menor análisis. La presidente debe terminar con el modelo de enfrentamiento según el cual lo que ella encabeza es un gobierno que defiende los intereses del pueblo en contra de fuerzas malignas que desean su desgracia. Muchas de las empresas que aquí son escrachadas como responsables de cometer esas atrocidades trabajan bajo sus mismos nombres en países como Chile, Uruguay, Perú... ¿Qué ocurre? ¿Allí no les ha dado la gana de expoliar al pueblo?, ¿solo se la han agarrado con el argentino?
Ya somos grandes para comernos estos sapos propios de una juvenilia del secundario. Es hora de acabar con las acusaciones y con echar las responsabilidades por los disparates propios a los demás. Esa lógica termina en la violencia y, más allá de nuestra propia experiencia histórica con ella, tenemos el espejo bolivariano para saber lo que ocurre cuando ella estalla.
 

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