El contrato constitucional
Diana Ferraro
Escritora


Si en nuestro consorcio el administrador bajo un contrato de cuatro años incumpliera con sus obligaciones de buena administración, malgastando nuestros recursos, cobrando comisiones sobre cada servicio, reparación o compra, empleando a porteros y personal de vigilancia sin idoneidad, descuidando el mantenimiento y buen estado del edificio, desoyendo además las necesidades de ahorro e inversión para ese mantenimiento, permitiendo la destrucción generalizada del patrimonio común, el ingreso irrestricto de ladrones, el asesinato ocasional de algún vecino y un desorden general que, bajo el pretexto de ser inventor de un nuevo y excelente sistema de administración sin parangón en el mundo, el administrador no deja de propagandizar, gastando además nuestro propio dinero en panfletos impresos a todo lujo que desliza bajo nuestras puertas, no dudaríamos en llamar a un abogado y cancelar el contrato, aunque tuviéramos que negociar y pagar alguna penalidad, y, si tuvieramos paciencia, algo que no muchos consorcios tienen, lo perseguiríamos luego en una causa penal por estafa y defraudación.

Que en estos días, cuando la Argentina atraviesa una situación semejante a la de este imaginario consorcio con su inepta y corrupta administración, la única persona pública que se haya animado a señalar la anomalía de la pasividad de una gran mayoría de diputados, senadores y otros dirigentes políticos (acompañados por inexplicablemente respetuosos medios periodísticos que no se animan a ir hasta el fin de la cuestión “por respeto a la investidura presidencial”) haya sido Elisa Carrió, habla muy mal del peronismo.

Es incomprensible a los ojos de toda lógica que parta de la necesidad suprema de pensar en primer lugar en el bien común que, por especulación política del tiempo electoral o conveniencia personal, los dirigentes de la oposición peronista y los peronistas y filo-peronistas que forman parte del PRO, ¡y hasta el Papa, que recibe a los ladrones insultando a sus compatriotas!, no señalen la anomalía de esta administración que no sólo falla en su aptitud para gobernar correctamente el patrimonio y la vida pública de los argentinos sino que los estafa y roba impunemente, digitando además los resortes de esa justicia que, de ser independiente, los encarcelaría.

Señalar la anomalía no significa sólo ausentarse del Congreso cuando un trío corrupto lo preside, sino tener una participación activa en la solución del problema, que, como en el caso del consorcio imaginario, pasa por la necesidad inmediata de encontrar un abogado que trabaje en una pronta denuncia y rescisión del contrato y en el rápido consenso de las autoridades del consorcio para designar un administrador interino hasta el momento de hacer un llamado por concurso.

La estupidez de pensar que porque el actual gobierno fue electo hasta Diciembre de 2015 hay que soportarlo sólo cabe en las mentes de aquellos dirigentes que se regodean pensando en que serán los dioses salvadores en el páramo desolado de tierra arrasada que va a quedar. A los argentinos nos interesa a esta altura muy poco la suerte de los candidatos y nos interesa más recordar que la Constitución es un contrato que puede ser rescindido, en el caso de no ser cumplido en todos sus términos por quienes fueron elegidos para cumplir con los deberes allí especificados. No de cualquier manera, no, pero sí de la manera que la Constitución apropiadamente señala y que hoy sólo está detenida por la cobardía de los muchos dirigentes, senadores y diputados peronistas que lejos de honrar al Perón que dio lecciones de carácter e incorruptibilidad en su lealtad al pueblo, muestran la hilacha de sus peores defectos de codicia, ambición personal y falta de honestidad.

Yo no quiero a esos peronistas que deshonran a ese peronismo al que siempre defendí, convencida de que el pueblo que amó a Perón por justas razones, iba algún día a darse los dirigentes que como él, supieran honrarlo. Éste es uno de esos días, en el cual alguien debe liderar la búsqueda del abogado y juntar fuerzas para la remoción de estos imposibles gobernantes que nos han transformado en la vergüenza del mundo. Como ya dije otra vez, no se trata de organizar un movimiento destituyente sino, muy por el contrario, ya que no se trata de una lucha política sino una de defensa constitucional ante la ruptura de un contrato, de crear un movimiento sustituyente de una mala y deshonrosa administración por una administración colegiada, interina, honesta y respetuosa del bien común, hasta que las nuevas elecciones pongan en lugar un nuevo Contrato.

Esperemos que el nuevo contrato sea con un nuevo administrador que haya aprendido la lección, incluyendo la lección que los argentinos todavía nos debemos darle a aquellos que no cumplen el contrato para el cual los elegimos, nos estafan y nos roban. Estos son los días de dar esa lección y nuestro mandato al abogado para que proceda, y pronto.
 

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