Política y Gasto Público
Eduardo Filgueira Lima
Director del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social (ISALUD). Magister en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE).


Hoy parece corriente y arraigado en el pensamiento colectivo que el objetivo a lograr en una sociedad es la denominada Justicia Social. Ya el solo hecho de hablar o pensar en “Justicia” supone disponer de todos los esfuerzos necesarios para superar una situación considerada injusta y mucho más cuando el concepto abarca a “lo social” es decir a muchos.

Desde ya que no es fácil definir con precisión estas ideas pero si es cierto que el  concepto de justicia social surge a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales.
Lo anterior – si bien una idea – no aclara demasiado sobre cuáles son los bienes sociales que se pretenden “repartir”, porque los bienes sociales vienen de la mano de otros que permiten obtenerlos.
Necesariamente es de suponer que la idea lo que esconde es lograr una equitativa o menos desigual distribución de la riqueza.
Así es que podemos entender que justicia social y redistribución de la riqueza funcionan casi como sinónimos, o como uno efecto y consecuencia del otro.
Ni tampoco se aclara cual es el alcance de lo “equitativo” en lo que se refiere a lograr un reparto “socialmente deseable”.
Pero – implícitamente – si da a entender que resulta aceptable quitarle a unos lo que puedan haber logrado (por su esfuerzo, capacidad, inteligencia o el mismo azar), para compensar sus carencias a otros, que no han logrado lo mismo.
Ingresar por este camino de razonamiento nos conduce inexorablemente a suponer que el único que posee la fuerza de coerción necesaria para hacer posible estas transferencias es el Estado, ya que el mercado por si solo proveerá a cada uno lo que sea capaz de generar.
Lo anterior significa que se parte del supuesto que como las transacciones libres entre individuos no permiten superar las diferencias, es el Estado el que debe intervenir para lograrlo.
Este pensamiento es aceptado sin demasiadas indagaciones sobre sus orígenes, ni sobre su veracidad, ni sobre sus consecuencias.
La Revolución Gloriosa de 1688 que dio origen a la monarquía parlamentaria en el Reino Unido, tiene enormes diferencias con la Revolución Francesa de 1789, cuyo influjo sobre el pensamiento en nuestra región ha sido en gran medida preponderante.[1]
Y lo que menciono no parece un dato menor porque en nombre de la “libertad, igualdad y fraternidad”, la última se instaló no solo como una revolución violenta sino como lo que después fue: un descarnado totalitarismo.
La Revolución Francesa se instaló para terminar con el gobierno de las monarquías absolutistas que habían instaurado los reyes, pero terminó en el denominado “reinado del terror”, que apoyado en el Comité de Salvación Pública de abril de 1793, persiguió, torturó y eliminó a quienes se pensaron detractores el régimen.
El Comité votó a favor de las medidas del terror para contrarrestar las actividades contrarrevolucionarias y otorgó al estado un poder absoluto, que devino en lo que supuso querer combatir: reemplazó el absolutismo monárquico, por el absolutismo del estado que lo reemplazaba.
Muchos pensadores se permitieron corporizar la idea que el estado representaba la voluntad general[2] y que ella significaba “…una forma de asociación capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, en unión con todos, solo se obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes…”
Lo anterior es un concepto clave hasta nuestros días ya que permite darle forma a la democracia en tanto “decisiones de las mayorías” a la que las voluntades individuales – muy a pesar del impreciso argumento rousseauniano – quedan subsumidas, lo que quiere decir que “el individuo no queda tan libre como antes”.
De esta forma los derechos individuales y civiles que con tanta vehemencia habían sido defendidos por los pensadores de la ilustración escocesa, quedaron limitados y hoy resultan hasta despreciados, donde se piensa que las razones que tiene el estado deben prevalecer.
Se impone así la tiranía de las mayorías – que muchas veces son solo relativas – y ante cuyos intereses todos deben subordinarse.
Muchos experimentos políticos se han instalado durante el Siglo XX cuyo fundamento fue el mismo que sostuvo Rousseau[3] y reforzaron muchos otros: “…que cada uno en unión con todos,…(…)… y quede tan libre como antes,….”, porque ello es preciso para proteger a cada uno y a todos.
Con estos fundamentos se conduce a sociedades en las que se parte del supuesto que los males individuales y del conjunto devienen de la propiedad privada y se solucionan mejor concediendo al Estado el absoluto ejercicio de su “poder de imperio” para hacer prevalecer la supremacía de los “derechos colectivos” por sobre los intereses de los individuos en particular.
En el extremo de este pensamiento se concede al Estado incluso la propiedad de los bienes de producción y la intervención en todos los aspectos de la vida social.
Para muchos que sostienen esta forma de pensar: ningún derecho antecede al estado y todos derivan de lo que el permite.
Es bien sabido que en sus formas más extremas estos experimentos han conducido a terribles fracasos, cuando no a imposiciones brutales, que dejaron víctimas por el solo hecho de disentir o desear disfrutar de su libertad, de sus ideas, de sus bienes y de su justificada elección en su camino de vida.
De una u otra forma el estado ha existido siempre: ya sea como consejo de ancianos en las sociedades tribales, la potestad y voluntad del más fuerte, los emperadores, los reyes y los monarcas absolutistas, etc. pero en todos los casos – y aún en nuestros días – el estado se constituye como la voz del conjunto que impone su voluntad de imperio.
El estado de derecho es precisamente el que resguarda a los individuos de los atropellos que el estado puede imponerles por su voluntad.
Incluso ya a mediados del Siglo XX otro pensador de gran influencia introdujo el concepto de “justicia colectiva”, que reforzaba la idea sobre el estado como garante de los derechos colectivos por sobre los derechos individuales.[4] Y que ha sido refutado con claridad por varios autores.[5]
En una verdadera democracia republicana la única función del gobierno debería ser la protección de los derechos individuales.[6]Pero en realidad, “…aunque nació para proteger al hombre de sí mismo y corregir el ´peligroso´ estado de naturaleza en el que prevalecía ´la ley de la selva´,.. esta es una bonita historia que los estatistas nos cuentan, pero las mayores agresiones al hombre provienen desde el mismo Estado,…”[7]
Han transcurrido muchos años y con el tiempo el estado ha tomado cada vez más intervención en la vida de la sociedad. Ya no se limita a las funciones esenciales que se supone son de su incumbencia: 1) garantizar seguridad interior; 2) proveer a la defensa nacional, 3) administrar justicia; 4) ejercer la representatividad del país y 5) proveer los bienes y servicios públicos.
Y no debemos pensar que las ideas de la Revolución Francesa, tanto como las ingresadas por las distintas oleadas inmigratorias o incluso el comportamiento feudal que las monarquías europeas (en especial la española) trasplantadas a América con alto grado de centralismo y sumisión al poder del estado, o de los caudillos territoriales, no tuvieron nada que ver en la conformación del pensamiento de nuestra sociedad.
Detrás y a la par del pensamiento colectivista, se coló por la ventana la multiplicación de tareas por parte de los gobiernos (hasta inmiscuirse en todos los aspectos de la vida social) en una supuesta representación de lo que el estado debe hacer, por poder delegado por los ciudadanos.
Pero los gobiernos tienen permanente tendencia a expandirse e inmiscuirse en todo, sin que ello permita suponer que lo que realmente deben hacer lo hacen aceptablemente bien.
En unos países más y en otros menos, la tendencia de los gobiernos es hacia su permanente expansión y su justificación es que su accionar se orienta a lograr el bien común, proveer lo que las imperfecciones del mercado no puede y orientado hacia la búsqueda de lo que denominan “justicia social”.
De esta forma los gobiernos que sostienen este tipo de pensamiento son los que avanzan más en avasallar las instituciones, en el camino inverso están aquellos que entendemos que el mayor bienestar se logra gradualmente, alcanzando cada vez a mayores personas – aunque fuere en diferentes momentos – en una sociedad en la que las instituciones son respetadas,.. y es más aún: incentivadas, para que permitan equilibrios estables en el poder político y tanto mayores como mejores intercambios para la generación de riqueza y con ello mayor bienestar.
Lo anterior quiere decir que para los primeros importa la imposición del estado de lo que se considera la “justicia social” (aún sin definiciones precisas), justificando su accionar por sobre las instituciones, aunque ello implique que no todos son soberanos para decidir su futuro, lo que pone en duda el significado de Democracia. Esto nos acerca a un totalitarismo disfrazado de democracia (que hemos vivido varios) y en el que algunos son beneficiarios y cómplices, mientras otros que hubieran deseado recorrer otro camino resultan víctimas.
Mientras que para los segundos son las instituciones el ingrediente primordial del desarrollo político y económico, que traerá aparejada la maximización del bienestar general. 
La historia ha recorrido tortuosos caminos y muchas ideas – como principios – de impecable factura, han sido desvirtuados por el quehacer sinuoso y el decir fácil y sin fundamentos de muchos propulsores de sociedades colectivistas.
En la arena política muchas ideas se confunden, porque el político debe leer e interpretar lo que la gente piensa y lo que la gente prefiere, con independencia de la verdad que sus creencias encierren.
Tampoco los políticos deben saber de todo y eso les permite manejarse con el solo intuir cuales son las ideas prevalentes y adaptarse en cada momento a ellas, porque saben que son las que mejor son aceptadas por las mayorías.
Pueden pasar sin pudor de un extremo a otro (travestismo político)[8], e instalarse como abanderados de las que representan en cada momento las ideas más aceptadas, cuando en momentos de crisis la gente se moviliza en busca de explicaciones e interpretaciones que les permitan comprender la realidad que sufren.
Nuestras sociedades – como mencioné antes – se han visto fuertemente influenciadas por las ideas que surgieron con la Revolución Francesa.
La creencia en la “libertad” no parece que haya sido tal si a la par se proclama la “igualdad”[9], ya que para hacer efectiva esta se debe avasallar la libertad de otros. Y la pretendida “fraternidad” parece que debiera ser impuesta para ser efectiva pues de por si tiene los límites de los derechos individuales.[10]
Estas son las creencias y valores que resultan predominantes en nuestra sociedad, tras la fuerte influencia que tuvo para nosotros la Revolución Francesa y con posterioridad también participó la llegada de miles de inmigrantes europeos con ideas definidamente marxistas y anarquistas, que supieron difundir desde las sociedades de colectividades y los primeros sindicatos.
Y estas son las ideas que la clase política sabe leer e interpretar con rapidez, también (en general) sin demasiado análisis, porque les permite captar la idiosincrasia del pueblo y fortalecer su discurso, con lo que capitaliza su voto.
Ya no es necesario – ni posible – llevar al extremo de los experimentos del Siglo XX, las experiencias del estado todopoderoso, porque resultaron un estrepitoso fracaso. Pero si es posible buscar formas alternativas, en las que siempre el estado encuentra resquicios para entrometer sus actividades en la vida social.
“Así es que el Estado crece y se convierte en un mazacote burocrático que a la sociedad le cuesta mucho, pero mucho más de lo que produce. Las funciones llamadas de ´bienestar social´ se mantienen pese a que ya no se habla de un Estado de esa índole, y es un hecho la caída vertical del nivel de calidad de sus servicios,…(…)… muchos se han convertido en ´sociedades duales´ donde una parte vive en condiciones buenas o regulares, mientras otra (millones) soportan la miseria, la indigencia, la desocupación o el trabajo en negro...así el Estado pretende compensar lo que él mismo genera: sociedades dependientes y clientelares, ante la ausencia de genuina generación de riqueza,…”[11]
Algunas sociedades han logrado equilibrios posibles, otras han acelerado sus procesos de crisis – consecuencia del Welfare State – y otras han fracasado en el intento. Lo cierto es que la evidencia empírica nos muestra que a mayor intervención del estado menor y peor desempeño de las instituciones, con sus nefastas consecuencias.
La razón es fácil de comprender: la clase política para sostener las demandas y su popularidad, tienen tendencia a gastar más de lo que deben,.. pero además a gastar en lo que no deben y a pensar en políticas de corto plazo,.. porque lo que hicieron no les costó nada de su bolsillo y además porque los costos políticos y consecuencias muy probablemente las deba afrontar otro que les siga en el gobierno.
Cuando se suceden las crisis producto de este comportamiento, que es costoso y difícil d sostener en el tiempo, los gobiernos encuentran recursos alternativos para no ponerse en evidencia como culpables de lo que ellos mismos generan
Así es que los gobiernos tienen tendencia a inmiscuirse en todo, a controlar todo, a regular todo y a sacar de todo el provecho necesario para alimentarse y subsistir ante los deseos de los gobernantes.
La instalación de políticas públicas – hoy consideradas el “core” de la política – deformadas y desvirtuadas desde su origen es la consecuencia inevitable de la impericia de los gobernantes y las conductas oportunistas de sus asociados.
Los gobernantes carecen de incentivos para alcanzar la eficiencia – solo ofician de agentes del principal (los ciudadanos) – y por el contrario cuentan con estructuras burocráticas a su disposición que tienen tendencia a la corrupción.
Todos estos procesos tienen un enorme costo para el país. El gasto público requiere ser alimentado por las diferentes vías que tiene el estado para financiarse.
Pero siempre tiende a crecer porque los recursos son escasos y las demandas infinitas.
El gasto público tiene consecuencias diversas: por un lado genera mientras se sostiene una falsa sensación de bienestar,.. a su vez permite suponer crecimiento (en términos de PBI) aunque no lo es porque el estado no genera nada y hasta sus empresas resultan deficitarias y demandantes de ingentes subsidios,..
La presión impositiva como medio de financiamiento tiene un límite (Curva de Laffer),.. y la emisión monetaria también porque su consecuencia a largo plazo – y dependiendo de su magnitud – termina por generar inflación.
La idea de los gobiernos dado el escaso conocimiento de estas cuestiones para la mayoría de la gente es mantener la posibilidad de un alto consumo y a la par una baja tasa de desempleo.
Estos dos aspectos – resultado de recetas keynesianas – son altamente valorados por la población, porque mientras ello se sostiene la percepción de bienestar es genuina. Obviamente: por un lado se tiene lo suficiente para gastar y proveer a las propias necesidades y por otro existe un mercado laboral accesible y seguro.
Las recetas keynesianas parten del supuesto que se debe sostener la demanda agregada que es la que explica la variación general de la actividad económica, ya que el ingreso total en una sociedad resulta de la suma del consumo y la inversión.
Pero la propuesta iba más lejos: en circunstancias de crisis, con alto desempleo y disminución del consumo, debía estimularse la demanda agregada mediante el incremento del gasto público (en especial en la obra pública), ya que esto es lo que motoriza la producción y combate el desempleo.[12]
Sus ideas tuvieron gran aceptación por parte de la clase política e incluso influyeron en el New Deal del Presidente Franklin D. Roosevelt. Sin embargo en UK cuando se planteó como financiar la guerra – ya visualizando su final – Keynes abogó por incremento de los impuestos internos y en las colonias pero no por generar un gasto deficitario que bien supuso que ocasionaría inflación.
A primera vista su planteo, que tuvo gran predicamento en la clase política ya que le otorga potestad sobre el gasto público, parece razonable pero la teoría keynesiana produce enormes daños en la política económica cuando es aplicada dentro de las instituciones de la democracia política.
Ante los fracasos de las políticas económicas keynesianas, solo existe margen en la acción política por la opción entre dos caminos: 1) culpar directamente a  imponderables (o a otros actores: especuladores, desestabilizadores, egoístas intereses del mercado, etc.) de la vida política democrática y conducir hacia formas de gobierno cada vez más autoritarias justificadas en “haber descubierto al enemigo”; o 2) podemos rechazar la aplicabilidad de los preceptos e ideas sostenidas dando un giro, que nos permita incorporar nuevas (o diferentes) acciones de política económica que sean adaptables y compatibles con la vida política de una verdadera democracia.
Optar por la segunda opción solo puede hacerse en países con instituciones fuertes y suficiente calidad, ya que en los países con políticos populistas significaría la aceptación del error. Aunque: ”… nuestros valores dictan que la toma de decisiones democráticas deben ser hechas desde las instituciones y que deben ser descartadas por inaplicables las falsas teorías económicas,…”[13]
Aunque esta posición no pueda ser mantenida en aquellos países de instituciones débiles o carentes de la calidad suficiente, en donde los gobernantes optarán por la primera opción – con seguridad mayor en nuestros países – en los que se recurre con mucha frecuencia al líder carismático, todopoderoso y salvador que nos conducirá a formas de gobierno cada vez más autoritarias, lo que es a su vez gobiernos cada vez más intervencionistas.
Las teorías keynesianas han conducido a errores en la política económica en particular porque el mismo y luego sus seguidores, han confundido lo que son causas con consecuencias.
Los seguidores de Keynes – aún bajo postulados modernos – que se nutrieron en los postulados incorrectos de Keynes, continúan conduciendo la economía en la dirección equivocada, centrándose en el PIB como criterio principal, mientras se inunda la economía desde el gobierno con dinero sin respaldo.
El crecimiento económico está acompañado por un incremento en el PIB (este es solo una consecuencia), pero la causa es el cambio de múltiples indicadores y mensajes que son producidos cuando el gasto público es llevado al exceso.
Causa y consecuencia no son lo mismo.”… De manera similar a como un salvaje imita al trueno para provocar la lluvia, el gobierno estimula la demanda, con la esperanza de provocar el crecimiento económico…”[14]
Por otra parte Keynes parece obviar el Principio de Say en la medida que supone que la demanda será generadora de la producción:“…Cuantos más bienes (para los que hay demanda) se produzcan, más bienes existirán (oferta) que constituirán una demanda para otros bienes, es decir, la oferta crea su propia demanda..”[15]
Así es que los postulados keynesianos no solo reforzaron la ideología vigente – que se hace más evidente aún en nuestros países por los motivos que he apuntado y seguramente muchos más – sino que fortalecieron la posición de los gobiernos para dar supuestos beneficios a quienes legítimamente los deseaban o necesitaban, pero a expensas de un gasto público inevitablemente creciente.
Digo “supuestos” porque tampoco es seguro que los servicios en los que se inmiscuye el gobierno para ocuparse de la provisión de los mismos, tengan la calidad y eficiencia que es de esperar.
En los países pobres – y el nuestro no lo es ya que se agrupa con los de medianos ingresos – la ideología a tenido un papel fundamental en la conformación de las instituciones y en lo que se ha pretendido de los gobiernos,.. lo que estos han sabido leer y de alguna manera han pretendido brindar.
La ideología impregnó tanto el pensamiento de la sociedad, como el accionar de los gobernantes.
Si los servicios que se brindan son eficientes o no es un tema que compete a otra discusión. Lo que en este escrito intento expresar es que en países de menores recursos son – en general – muchos más los necesitados de asistencia, y la ideología imperante supone que ello se logra mediante transferencias que promuevan la declamada “justicia social”.
Y esto tiene el condimento que habilita a los gobiernos a gastar más,.. en lo que ellos creen que es necesario.
Ya no es cuestión de dejar que cada uno decida por sí. El burócrata de turno aconsejará al gobernante o al político que está en busca de votos, cuales son los temas sensibles a la ciudadanía y cuáles son las formas aceptadas de resolución.
Y muchos son los mecanismos por los que los gobiernos pueden encontrar formas de gastar y justificar ese gasto.
El verdadero y dramático problema de las finanzas públicas no es tanto el déficit fiscal, sino el monto del gasto y su financiamiento con impuestos, deuda o emisión monetaria.
En este punto es importante decir que no existe correlación probada entre el tamaño del estado y el desarrollo de un país. Pero si existe entre el gasto público en relación a su PBI, pero en especial a cuál de los componentes del financiamiento es el que provee recursos al gobierno.
Una cuestión es financiarse solo con impuestos, aunque estos sean elevados, sino deprimen la producción. O existen tantas fuentes de producción y son tan diversificadas que pueden proveer al fisco de suficientes recursos sin ser afectadas. O en caso de serlo, el ingreso medio de los habitantes del país es suficiente (PPA)[16] para soportar el precio de los productos.
Como se ve el juego de variables es infinito y permite diversos abordajes al problema.
Por ejemplo en nuestro país la presión impositiva ya alcanzó durante este año al 33,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en el consolidado de Nación, provincias y municipios, alcanzando un nuevo récord histórico.[17] (A este valor J. J. Llach le agregó un 1% del PBI por el impuesto inflacionario)
Esta cuestión ya impone severas restricciones a la producción por una doble vía: por un lado por la exacción que significa la tributación y por otro por la baja de demanda que se genera en la gente como resguardo en una segunda etapa de inflación.
Si la carga tributaria es alta y a la vez el consumo disminuye las empresas también comienzan a tomar sus recaudos, que pueden llegar a ser dramáticos. Por ejemplo en febrero de este año se produjeron 7.246 despidos y 4.758 suspensiones.[18] Una cifra que puede parecer menor pero que también puede indicar tendencia.
También en estas circunstancias existen algunas recetas que aunque sean costosas son aceptadas y es la absorción por parte del estado de aquellos que quedaron sin trabajo.
Esto significa otra forma de utilización del gasto público mediante incremento del empleo, que a su vez tiene su contracara: su utilización política.
Por otra parte las restricciones a la importación y la suba en las tasas de interés han provocado un freno en la actividad económica y una caída en la demanda, que han provocado una contracción en el mercado laboral, así como no es de esperar a esta altura que los desequilibrios fiscales se corrijan solo con una devaluación.[19]


Tal como es de apreciar el supuesto estímulo a la demanda agregada, mediante un incremento del gasto público, a largo plazo determina  no un estímulo sino un deterioro de la producción, el empleo y finalmente del PBI que tanto nos preocupa, aunque como dijimos es una consecuencia final, resultado del comportamiento de otras variables.
Por otra parte a los gobiernos les queda otro recurso para financiarse y es el más peligroso: la emisión monetaria,.. porque una vez puesta a rodar resulta muy difícil de detener: endulza el paladar de los gobiernos y desconocen sus consecuencias.
Mientras el gasto público se mantiene por debajo del 10% del PBI en realidad no existen consecuencias graves para la economía. Pero cuando se superan valores mayores los gobiernos intervienen: 1) para justificar ese gasto, 2) para sostenerlo y si es posible incrementarlo.
Todos los argumentos son válidos y permiten justificarse en las necesidades de la gente, lanzando planes, que en realidad son siempre subsidios, financiados por mayor gasto público y que conducen a conductas irracionales, que alteran siempre y cada vez más gravosamente las variables económicas.
El déficit fiscal – es decir egresos mayores a los ingresos – son el punto de partida para que los gobiernos busquen financiamiento en la emisión monetaria con la inevitable consecuencia de la inflación.
La inflación “acompaña” el ritmo de emisión monetaria.
A modo de ejemplo: “…En los siete años que van de 2007 a 2013 el aumento del nivel general de precios minorista habría ascendido hasta un promedio de 22.4% anual, lo cual cuadruplica y quintuplica la inflación registrada en los restantes países de la región. Paralelamente, la tasa promedio anual a la cual se emitió base monetaria fue del 25.5%3. Al mismo tiempo, en este período la tasa de crecimiento efectivamente observada en Argentina se ubico en torno al 3.5% anual. Es decir, en los últimos siete años en Argentina también se cumplió la teoría económica….”[20]
Las expectativas de la gente también acompañan este proceso y en general parten del supuesto acertado que en un contexto de déficit fiscal el gobierno seguirá emitiendo. Y de hecho ello ha sido así: La base monetaria pasó de crecer de 32% (2010) a 35% (2011) y 39% (2012), con sucesivos y probables incrementos aunque ahora no tan pronunciados. ¿Será así?
Es que desde hace ya 7 años la expansión de la base monetaria ha sido sostenida, generando la inflación que acompaño de manera creciente dicho incremento. 
La idea expresada por la actual Presidente del Banco Central es la de reducir el porcentual de emisión hasta niveles inferiores al 25%. Pero esto sucede en un contexto en que la cantidad de dinero emitido ya es abrumadora, el gasto público requiere ser contenido (esto no es del gusto de los gobiernos que lo asocian a “ajuste”) y la inflación que se ha desatado, que requerirá de muchas maniobras para su contención.
También es una cuestión ideológica interpretar la palabra “ajuste”. ¿Qué es lo que queremos decir con ella?,.. Queremos decir “hacer lo justo (solo lo necesario) y bien,..”
Pero esos no son los propósitos de los gobiernos aunque (debo admitir que muchos, incluso en nuestra región), se han dado cuenta que no están en condiciones de hacer siempre lo que les gustaría y ya no pueden gastar como si ello no tuviera consecuencias.
Nuestro país es uno de los que lidera en cuanto gasto público a los países de la región.
 

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