Un programa para reconstruir la energía
Carlos Mira
Periodista. Abogado. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


El grupo de ex secretarios de energía de los gobiernos democráticos han elaborado un programa de emergencia para la política energética con el objetivo de conseguir el consenso de los candidatos presidenciales de 2015. Sergio Massa ya lo ha firmado y se espera que también lo hagan Macri, Binner, Sanz y Cobos.
Según el documento la política energética se concibe como una política de Estado, se asume como estratégica, y debe ser accesible al conocimiento de cualquier ciudadano que tendrá el derecho a informarse sobre la operación, los objetivos, los planes y las obras del sector.
Sugiere la elaboración de un Plan Estratégico Orientativo de largo plazo, refrendado por ley del Congreso Nacional. Los ex secretarios entienden que  entre sus preceptos deberán considerarse criterios de eficiencia, diversificación, integración regional y desarrollo ambientalmente sustentable.
También hablan de promover la reducción de la dependencia de recursos fósiles alentando la diversificación de las fuentes primarias de energía, como la hidroelectricidad y la generación eólica. Según el documento para esa diversificación se promoverán inversiones privadas y asociaciones público-privadas para licitar obras donde la base de adjudicación sea la provisión de energía eléctrica al menor costo.
Llama la atención la sugerencia a desarrollar la generación nucleoeléctrica a través de un programa que contemple la actividad de la industria atómica y su tecnología, las últimas condiciones de seguridad a nivel mundial y las factibilidades económica y financiera. Esa predilección contrasta con una única referencia a las fuentes no convencionales de shale oil y shale gas que solo entran en el documento al final para aclarar que “la exploración y explotación de los recursos fósiles no convencionales (shale gas/ shale oil) será objeto de un régimen ambiental especial sancionado por ley del Congreso”
En cambio se pone el acento en la promoción de programas destinados al desarrollo de los biocombustibles (biodiesel, etanol) para contribuir a sustituir importaciones de derivados petroleros y a la diversificación de la matriz energética.
Los ex funcionarios entienden que el país tiene una elevada tasa de intensidad energética (unidades de energía por unidad de producto) y sugieren hacerla converger a los niveles internacionales de 0.7 durante la gestión del próximo gobierno.
Se entiende que todo el marco legal debe ser modificado, incluso la ley de hidrocarburos, con un amplio consenso político para que pueda ser aplicado en todo el territorio nacional. Esa nueva legislación deberá conciliar los intereses de las provincias y la Nación, facilitar el pleno desarrollo de los recursos del país y posibilitar la exploración en el Mar Argentino hasta el talud oceánico.
En materia de exploración sugieren un programa exploratorio de hidrocarburos que abarque tanto las cuencas sedimentarias convencionales como no convencionales recurriendo para ello a licitación pública internacional. Para los modelos contractuales se tomará en cuenta la experiencia internacional y los antecedentes exitosos de la región.
Respecto de YPF, impulsan la gestión autónoma, controlada por el Estado para que rija su plan de negocios por objetivos empresarios, privilegiando la exploración, el desarrollo y la explotación de las cuencas argentinas, de los recursos convencionales y no convencionales. La empresa mantendrá su capitalización bursátil en el mercado argentino e internacional y podrá establecer asociaciones estratégicas con empresas nacionales o internacionales a partir de contratos estándar consustanciados con las condiciones y lineamientos de la nueva política energética. La gestión de YPF debería ser auditada por la AGN, cosa que hoy no ocurre bajo el argumento de que YPF “sigue siendo una empresa privada de mayoría estatal sujeta a la ley de sociedades y no a las estructuras de control público”.
En materia de precios el documento establece que estos deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios que produce. Propone reducir los subsidios presupuestarios a la energía, no justificados socialmente, con la meta de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y de electricidad Para aquellos usuarios vulnerables según indicadores socioeconómicos se establecerá una política de subsidios focalizados (tarifa social), que incluirá a los consumidores de gas licuado de petróleo (gas en garrafas).
En materia de medidas urgentes, el documento propone la realización de una auditoría independiente de las reservas de hidrocarburos a cargo de una empresa especializada seleccionada por concurso internacional; implementar un “plan de normalización” y puesta a punto del sistema eléctrico del área metropolitana a los efectos de resolver los graves problemas de suministro que tuvieron lugar en diciembre de 2013 y enero de 2014; y replantear el sistema actual de importaciones de productos energéticos, en particular el de gas natural como GNL, hoy con un suministro inseguro, caro y poco transparente.
Como se ve se trata de medidas coherentes y entrelazadas que pretenden proyectar en el tiempo una política racional y convocante de inversiones en un área en que la Argentina se cayó a pedazos en la última década. Pero cualquiera puede advertir un detalle evidente: el tiempo. Todo lo que se propone lleva tiempo. Aun si se empezara en este preciso instante a implementar estas ideas, los resultados tardarían en verse. Es lo que deberá entender una sociedad que se dejó engañar demasiado tiempo por la tentación de creer que la magia era efectivamente posible. De todos modos, como eso es cierto, también lo es el hecho de que para hacer 1000 km, hay que caminar el primer metro.
 

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