10 años de kirchnerismo en 10 leyes
Alejandro Bongiovanni
Director de Políticas Públicas de la Fundación Libertad.


  
En contraste con la inicial abulia opositora, el kirchnerismo siempre se dedicó a marcar la cancha política, impulsando leyes que –cuando  no eran francamente apoyadas por algunos espacios de oposición– fueron sancionadas gracias a su mayoría casi automática. Cada una de estas leyes logró acrecentar el poder político y económico del gobierno, muchas veces en desmedro del sistema republicano. Cada una de estas leyes ofició como bastión para el engordamiento de un Estado cada vez más abarcador, sostenido por un relato unilateral, que opera como verdadero contrato de adhesión, al que uno debe suscribir en su totalidad si no quiere ser relegado hacia los confines del & ldquo;golpismo opositor”. Repasemos las diez leyes más polémicas de esta década kirchnerista.

1. ESTATIZACIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS (septiembre de 2008)
Con esta ley, el gobierno re-estatizó Aerolíneas Argentinas privatizada a comienzo de la década de los noventacomprando su paquete accionario. La compañía, dirigida por Mariano Recalde, joven miembro de La Cámpora, ya ha insumido más de US$ 3.566 millones del erario público, lo cual le permitiría al estado comprar más de tres American Airlines, según una estimación de Franciso Olivera. Cabe añadir, que la empresa d eficitaria tiene como principal competidor a la filial de la chilena LAN Airlines, razón por la cual sectores camporistas que operan en Aerolíneas Argentinas impulsan incidentes con la empresa trasandina a través de Intercargo –también controlada por La Cámpora–  que presta el servicio de rampas.

2. REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL (noviembre de 2008)
A través de la ley 26.425 –sancionada con amplias mayorías tanto en Diputados como en Senadores– se hizo desaparecer el sistema de jubilación privada en el país y se transfirieron $74.000 millones al gobierno nacional, además de paquetes accionarios de diversas empresas que estaban en poder de las antiguas AFJP. Luego vendría algo sospechado: la plata del ANSES se utilizó y se utiliza para maquillar el déficit fiscal. ElCongreso, con el impulso de la oposición aprobó más adelante una ley para otorgar el 82% móvil a los jubilados. Cristina Fernández, a través de un decreto, vetó dicha ley. "Lo que se sancionó ayer en el Parlamento es la ley de quiebra del Estado y como presidenta no puedo permitir la quiebra del Estado argentino", dijo en aquella oportunidad.
3. LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES (octubre de 2009)
Con el objetivo declarado de democratizar los “medios de comunicación”, un gobierno que nunca brinda conferencias de prensa se dio a la tarea de impulsar esta polémica ley, hecha a medida de su némesis: el Grupo Clarín. La ley que pretende atacar la estructura económica de Clarín aún espera un dictamen de la Corte sobre su constitucionalidad, habida cuenta de los polémicos artículos 45 y 161, que claramente buscan atomizar a los medios en aras de controlarlos a través de la pauta oficial. La guerra con Clarín –iniciada a partir de la fallida resolu ción 125 es un obsesivo blanco para el kirchnerismo, que cobra especial valor a partir de la incorporación de Jorge Lanata y la cercanía de las elecciones.
4. LEY ANTITERRORISTA (diciembre de 2011)
2011 el kirchnerismo logró sancionar en trámite brevísimo la ley 26.734, conocida como “ley anti-terrorista”, impulsada por el oficialismo por pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el objetivo –hoy paradójico– de evitar el “lavado de dinero” como fuente de financiamiento del terrorismo internacional. La polémica en torno a la norma –que modifica una serie de artículos del Código Penal– radic ó en que castiga a quienes intenten o logren “aterrorizar a la población”, habida cuenta de que la amplitud del tipo penal permitiría sancionar manifestaciones sociales contra el gobierno. Aún dos adeptos al modelo criticaron la ley. Estela de Carlotto, se manifestó sobre su inutilidad y dijo que “en la Argentina no hay terrorismo”. Por su parte el juezEugenio Zaffaroni declaró que "en cuanto al terrorismo, no hay ningún delito vinculado al mismo que desde siempre no haya estado severamente penado en nuestras leyes, de modo que no es más que un pretexto".
5. EXPROPIACIÓN DE YPF (mayo 2012)
Con una abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados declaró de utilidad pública al 51% de las acciones de la petrolera YPF, que estaban en manos de Repsol. Esta drástica medida, tomada con el declarado objetivo de lograr la ansiada “soberanía energética” no ha surtido los efectos deseados. Los volúmenes de gas producidos por YPF en el primer bimestre de este año están un 2,7% por debajo de igual bimestre del 2012, mientras la producción de petróleo está un 4,2% por debajo en igual periodo. Además el auto abastecimiento energético está cada vez más lejos, las importaciones de combustibles aumentaron un 57% anual en el primer trimestre del año. Tampoco se han cumplido las metas de perforación de pozos de exploración. Además, la nafta súper de YPF, el combustible más usado por los argentinos, aumentó 26,2% desde la estatización de la empresa.

6. EXPROPIACIÓN DE LA EX CICCONE CALCOGRÁFICA (agosto de 2012)


En medio de un escándalo de corrupción
, el gobierno –otra vez apoyado por muchos legisladores de la oposición–  logró sancionar una ley que declaró de utilidad pública y expropió la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone Calcográfica. La empresa, dirigida por el supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, fue rápidamente expropiada con el fin de echar un manto de piedad sobre el asunto que socavó la imagen del por entonces candidato kirchnerista para el 2015.
7. LEY DE REFORMA DEL MERCADO DE CAPITALES (noviembre de 2012)
En la última sesión del año legislativo, el gobierno logró sancionar una ley que estableció nuevas y fuertes regulaciones en el mercado de capitales mediante la cesión de amplias facultades de intervención en el sistema a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El punto más polémico fue el inciso agregado en el artículo 20, el cual le otorga a la CNV la facultad de designar veedores con capaci dad de veto en las empresas cuando "resulten vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios". La misma cláusula permite la intervención por hasta 180 días de los órganos de decisión de las empresas. Esta ley, sumada a la de estatización de AFJP le da la posibilidad al gobierno de intervenir y desbaratar económica y periodísticamente al Grupo Clarín durante 180 días, cosa que aún no hace por el costo político que esta medida tendría.
8. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO CON IRÁN (marzo de 2013)
Luego de una polémica sesión, la Cámara de Diputados convirtió en ley un memorándum que Argentina firmó con Irán en el marco de la investigación del atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994. El pacto  –que fue muy cuestionado por la AMIA, la DAIA y la organización Memoria Activa consta de nueve artículos en los cuales, entre otras cuestiones, se crea una “Comisión de la Verdad”. El memorándum fue tachado como una renuncia tácita al derecho de descubrir la verdad y obtener justicia por muchos analistas y organizaciones sociales. Además, para un órgano oficial del gobierno iraní de Mahmud Ahmadinejad, el acuerdo es parte del esfuerzo que está haciendo Irán para romper con el aislamiento internacional y de reforzar su influencia en América Latina. El marcado anti-norteamericanismo argentino es lo que uniría a Irán con nuestro país, según dijeron miembros del gobierno iraní.
9. LEY DE REFORMA JUDICIAL (mayo de 2013)
A raíz de la trunca pelea con Clarín, el gobierno impulsó un modelo que pervierte de manera expresa el sistema republicano de división de poderes. Esto lo realizó a través de una ley que amplía de 13 a 19 los miembros el Consejo de la Magistratura, baja las mayorías para designar y destituir jueces (se reducen de dos tercios a la mitad más uno de los miembros) e impone la elección por voto popular de los representantes de los estamentos de jueces, abogados y académicos. Al mismo tiempo, se limitan duramente las medidas cautelares que pueden pedirse contra el accionar del Estado. De este modo, el ejecutivo en ejercicio tie ne una gran ventaja a la hora de dominar la justicia, puesto que obliga a jueces a meterse dentro de la campaña política y a no desviarse de los deseos del kirchnerismo, so pena de ser destituidos sin más. Cabe agregar que la controvertida medida, disociada de cláusulas constitucionales básicas, está siendo actualmente impugnada por varias vías y tarde o temprano exigirá una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
10. PROYECTO DE LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES (mayo de 2013)
Este proyecto, que seguramente se convertirá en ley sin problemas, es un retroceso de la mentada “pesificación” de la economía que pretendía el gobierno. Mediante el mismo, el Ministerio de Economía creará el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) además de un Pagaré‚ de Ahorro para el Desarrollo Económico–. Estos bonos podrán ser adquiridos por quienes deseen cambiar divisa extranjera, y no estarán obligados a revelar su origen ni la procedencia de los recursos con los que se obtuvo. Además, estarán exentos del pago del Impuesto a las Ganancias y de cualquier gravamen especial. Si esto generará un paraíso fiscal o si sólo servirá para que algunos allegados al gobierno laven el producido de negocios turbios es una cuestión que depende del volumen que tenga el blanqueo.

Bonus track: PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DE PAPEL PRENSA.
Carlos Kunkel y Diana Conti impulsan un proyecto para que el gobierno se haga de 24% de las acciones de Papel Prensa, la principal empresa privada de fabricación de papel de diario. De este modo, y sumada al 27,5% de acciones que el Estado ya posee, se generaría un monopolio público sobre la fabricación y distribución de papel, lo que le permitiría al gobierno desabastecer de papel a los diarios cuya línea editorial le resulta molesta, sin importar su nivel de tirada y consumo, bajo algún pretexto “democratizador”. Este proyecto representa un gran peligro a la ya bastante amenazada libertad de prensa argentina.
 

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