La realidad que no se dice sobre la deuda pública argentina
Angélica Bergonzi
Presidente de Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD).


EN 2001 Adolfo Rodríguez Saa, a cargo de la Presidencia de la Argentina, declaró la cesación de pagos de la deuda pública en el Congreso de la Nación.Congresistas de casi todas las bancadas aplaudieron de pie la decisión de incumplir compromisos asumidos por el Estado Argentino.
La historia siguiente hasta nuestros días ha sido una sucesión de hechos desafortunados, que no podrían haberse concretado sin el acuerdo, implícito o explícito, de la mayoría de la dirigencia argentina, de todas las áreas y sectores. ¿Por qué se acompañó este accionar?, sólo queda pensar en intereses sectoriales y particulares, indiferencia o ignorancia, pero cualesquiera sean las causas,  las consecuencias son contrarias a los intereses de la PATRIA, cuya defensa se enarbola falsamente.
Lo único cierto es que todo lo actuado ha perjudicado a nuestro país y sus efectos afectarán negativamente el bienestar de generaciones de argentinos. Las bonanzas circunstanciales debidas a circunstancias externas fortuitas no alcanzaron ni alcanzarán para disimular el real impacto sobre  aspectos económicos y sociales. En todo caso el publicitado crecimiento a “tasas chinas” medido con base a las estadísticas de la crisis del 2001 y que aprovechó la capacidad ociosa que dicha crisis dejó, no fue utilizado por el partido político responsable de ejercer el gobierno argentino desde el 2003, para generar un crecimiento sustentable con bases sólidas.
Muy por el contrario, y sólo como ejemplo cabe decir que se destruyó el sistema energético argentino por disminución de la producción de hidrocarburos y no por incremento de la demanda, no se realizaron inversiones necesarias en infraestructura de servicios públicos esenciales, ni en industrias de alto valor agregado como la siderurgia, la química y petroquímica y refinerías de petróleo o plantas de gas natural, ni en otras áreas generadoras de recursos y de trabajo genuinos. Se profundizó la crisis en los niveles de educación lo cual hace que cada vez haya menos individuos con capacidad de pensar, evaluar y elaborar conceptos: las pruebas realizadas a nivel internacional sobre comprensión de textos así lo demuestran. Se prostituyó el valor del trabajo y el esfuerzo personal, otorgando dádivas como limosnas a cambio de votos que permitieron al partido gobernante conseguir mayorías parlamentarias y manejar el Congreso como un apéndice del poder político, poder que avanzó también sobre la autonomía que debe tener el Poder Judicial, agravando de esta forma la inseguridad jurídica. Se deterioró el sistema previsional afectando gravemente el nivel de vida de jubilados que aportaron toda su vida para tener un retiro digno. Se incrementó en forma profunda la carga impositiva de sectores medios de la población y PYMES, al solo efecto recaudador, para sostener en parte el astronómico incremento del gasto público, incremento ocasionado en parte como consecuencia de las políticas mencionadas precedentemente. Y qué se puede agregar sobre la inflación, negada sistemáticamente con índices manipulados, que ocultan también los aumentos en los niveles de pobreza e indigencia de la población.
¿Cabe preguntarse entonces en qué se usaron los recursos generados por un crecimiento tan extraordinario?.
Por un lado las denuncias de corrupción sobre funcionarios públicos y socios se han incrementado. Algunas avanzan lentamente en juzgados que podrían por el momento considerarse independientes. Otras causas están detenidas sin conocerse los motivos jurídicos de las demoras. La impunidad en hechos probados de corrupción ahonda la inseguridad jurídica y va en sentido contrario al bienestar general. El Art 29 de nuestra Constitución habla de “traición a la Patria”. La pregunta es: ¿se están investigando todas las denuncias de corrupción sobre mal uso de los fondos públicos?.
La realidad muestra que tampoco se han utilizado dichos recursos en resolver el tema inicial de este escrito, esto es el problema del default de la deuda pública argentina. Esta no resolución sumado a las actitudes patoteras de funcionarios del gobierno argentino hacia todos los acreedores, ignorando a los legítimos acreedores individuales argentinos que compraron bonos soberanos de su país antes del default, y calificando a todos como  “BUITRES”, para asumir la posición de “víctimas”, sólo ha agravado la inseguridad jurídica y la falta de inversiones de capital productivo.
Este gobierno nunca negoció con acreedores legítimos, solamente impuso un canje confiscatorio del capital genuinamente prestado, del 70% base en el llamadocanje 2005. Allí se presionó a bonistas individuales, muchos poseedores de bonos con jurisdicción local, a aceptar dicha quita sobre la base de la negación de justicia, ver Caso Galli de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 2005, y la promulgación de la Ley Cerrojo que impide mejorar la oferta del canje a otros acreedores via una negociación. O sea, muchos bonistas individuales aceptaron ingresar al canje por temor y necesidad, mientras que la mayoría de los aceptantes fueron las AFJP y los Fondos comunes de inversión, quienes aceptaron sin consultar a sus clientes. ¿Se resarció al sistema bancario y financiero totalmente de cualquier pérdida que esta situación les hubiera generado?, hay que buscar esa respuesta. A los particulares, no.
Cabe destacar que esta asociación realizó una oferta al Ministerio de Economía, antes de dicho canje, para negociar un adelanto en efectivo y la entrega de bonos a perpetuidad con tasa a convenir, por el cien por ciento del capital. No se recibió respuesta y el gobierno optó por mostrar una quita del 70% del capital.
Contrastando con dicha actitud hacia los individuos indefensos, se canceló el cien por ciento de la deuda de capital e intereses por adelantado con el FMI, acreedor de última instancia y de menor tasa de interés, enarbolando banderas fantasiosas de independencia económica y de vivir con lo nuestro. La realidad muestra que esto último no ha sido posible a pesar de la “SANTA SOJA, alias EL YUYITO”.
A todo esto el gobierno argentino no retiró los bonos en default del mercado de capitales, lo cual permitió que durante la crisis del 2008, algunos compraran esos bonos a precio de remate. Según denuncia presentada en la justicia que recayó en el juzgado federal de OYARBIDE, muchos adquirentes de dichos valores contaban con información privilegiada de un nuevo canje en 2010, que desde el vamos convertiría los 8 a 15 centavos pagados en milagrosos 30, más ajustes por el crecimiento del PBI, que ya se sabe que fueron alterados para pagar en demasía a dichos adquirentes.
O sea que hubo acreedores privilegiados, según la información difundida y denuncias presentadas en la justicia. ¿Es ésta la forma de defender a la PATRIA y desempeñar la función pública persiguiendo el bien común?
No nos extenderemos en el tema Club de Paris ni en la crisis autogenerada con Repsol, porque el objetivo de este informe es mostrar la sistemática distorsión y ocultamiento de la realidad y sus consecuencias, que no hubiera sido posible sin el acompañamiento de otras fuerzas sectoriales.
En conclusión el tan publicitado 93% de aceptación está conformado por estos adquirentes del canje 2010, más particulares presionados, más AFJP e instituciones bancarias y financieras, tal como se explicó precedentemente.
A todo esto las vías administrativas y judiciales locales siguieron negando a acreedores locales hasta el derecho a gozar de las excepciones que por edad, enfermedad o invalidez y otras causas, les corresponde. Ello muestra una gran “sensibilidad y preocupación” por el factor social.
Cabe terminar esta breve cronología de hechos, algunos de los cuales han sido sistemáticamente negados o ignorados por la mayoría de la dirigencia argentina, que muchos bonistas individuales legítimos por haber adquirido sus valores antes del default, no aceptaron los canjes por considerarlos confiscatorios de su capital, y tuvieron la posibilidad de litigar en la jurisdicción de New York, voluntariamente elegida por el Estado Argentino. Estos holdouts, también cuentan con sentencia firme del juez Griesa, muchas de ellas desde el 2004, a las que el gobierno argentino renunció a apelar, pero que no honra, ya sean  sentencias individuales o acciones de clase.
Los bonos que se defaultearon tienen cláusulas por las cuales las minorías no tienen ninguna obligación de plegarse a lo aceptado por la mayoría. Confusión de muchos dirigentes argentinos.
Se ha intentado por todos los medios ocultar estas sentencias y a estos holdouts, y lo han hecho casi todos, aún aquellos autodenominados opositores, incluyendo a los medios que han ejercido censura sobre la existencia y el derecho a expresarse de estos holdouts argentinos, salvo honrosas excepciones.
¿Por qué entonces tanto alboroto por la negación de la Corte Suprema de USA a tratar la apelación argentina sobre el fallo de 1ª y 2ª instancia norteamericana sobre el “Pari Passu”, y a autorizar el “discovery”?. ¿Acaso Argentina no ha ignorado con persistencia todas las sentencias existentes y las órdenes de pago que emanan de ellas?.
¿La mayoría acaso pensó que el default podía ser eterno y sin consecuencias para nuestro país?, o sea estaban convencidos que podían ignorar estas sentencias y no cumplir los compromisos asumidos por el ESTADO ARGENTINO, que esta actitud era gratuita y además populista: “nos atacan los buitres” dijeron. Ahora resulta que tenemos una cuestión de ESTADO, ¿antes por qué no?.
Una última referencia a las excusas de la cláusula RUFO y a la Ley Cerrojo: el cumplimiento de las sentencias judiciales es mandatorio así como lo consensuado judicialmente, no es consecuencia de una negociación voluntaria del deudor por lo cual no habilitaría a quienes entraron a los canjes a exigir una mejora en lo actualmente recibido, que dicho sea de paso en promedio pareciera ascender al 60% del capital original. En todo caso la Ley Cerrojo viola las cláusulas de los contratos originales de los bonos en default. También el comentario del Ministro Kicilloff sobre cambio de cambios de Jurisdicción de los bonos canjeados a Argentina, significa desconocer las condiciones de emisión de los mismos y las resoluciones de la Justicia Estadounidense, y es una abierta provocación que sólo causaría mayores costos e inconvenientes a la Nación Argentina y constituye otra bravuconada más que agrava la delicada situación de nuestro país.
A los responsables de conducir la Nación Argentina, les pedimos responsabilidad en su accionar para poder salir en forma definitiva del default. Acciones irresponsables devendrán en consecuencias más negativas para nuestro país.
 

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