URUGUAY: LA TENTACIÓN DE LA SOLUCION POLITICA

Por Nelson Fernández
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El negocio bancario en Uruguay se achicó mucho. Y este viernes 25 vence el plazo que dio el gobierno para encontrar una solución a los bancos suspendidos en el feriado de fines de julio. Se trata de la decisión más difícil que deberán tomar las autoridades: sea por liquidar todos los bancos, o también por abrir uno o más de éstas instituciones.

A fin del año pasado los depósitos bancarios sumaban  U$S 14.992,5 millones. Esto incluye a las colocaciones hechas tanto en dólares (u otra moneda extranjera) como en pesos uruguayos, y tanto en bancos públicos y privados, casas financieras y cooperativas de ahorro y crédito.

Entre enero y agosto, ese monto se redujo –en principio– a casi la mitad. Las cancelaciones de plazos fijos en dólares fueron por U$S 6.182 millones, lo que deja la cifra en U$S 8.810,5 millones.

Los retiros de depósitos en pesos fueron por el equivalente a unos U$S 245,3 millones. Otros clientes dejaron sus colocaciones en moneda nacional, pero por efecto de la devaluación el saldo de esos depósitos –medido en dólares– se redujo en más de U$S 540 millones. De esa forma, el total de depósitos se redujo a U$S 8.022,8 millones. Eso significa una caída de los depósitos, o sea del negocio bancario, de 46,5%.

Pero ese total es mentiroso. Entre esos depósitos hay muchos otros que no pudieron ser retirados y fundamentalmente, hay una cifra considerable que “está”, pero no está. Ha quedado congelada, reprogramada, o en algunos casos incluso prometida para “comprar” acciones de un banco.

Lo primero que debemos restar son los U$S 1.200 millones del Banco Galicia. Tras la moratoria judicial, mediante acuerdo con los ahorristas (que entendieron que no les quedaba otra salida) se pagará en efectivo un 3% del total y el resto se canjeará por certificados a nueve años con amortizaciones anticipadas. Eso ya no son depósitos y como además ese dinero es en 97% de argentinos, es claro que no quedará en el país (que no es visto por ellos como refugio seguro como lo era hasta el verano).

Entonces, quedan  U$S 6.823 millones.

Por otra parte, los depósitos en dólares del Banco Hipotecario –que son U$S 776 millones– “pasan” al Banco República. Pero no “pasa” el dinero sino el compromiso de pagarlos, lo que es un problema para el BROU que espera que el Estado (que no tiene reservas propias, es bueno recordar) le transfiera dinero para eso. Esos depósitos, más los plazos fijos en dólares del BROU se canjean por tres certificados: uno a un año por 25%, otro a dos años por 35% y otro a tres años por 40%. No es dinero bancario disponible para la intermediación.

Restados éstos, quedan U$S 4.600 millones.

Además, hay cuatro bancos suspendidos –con futuro poco claro– y una cooperativa en igual categoría. El Banco Comercial tiene obligaciones por plazos fijos por U$S 344 millones, el De Crédito por U$S 373 millones y el Montevideo-Caja Obrera (que estaban en proceso de fusión) por U$S 366 millones. En Caycu hay unos U$S 9 millones. En caso que el gobierno decida algún tipo de reapertura para éstos, los depósitos serán reprogramados y una parte (según aceptan los ahorristas) volcados a una capitalización contable.

Si al subtotal anterior, le quitamos estos depósitos por U$S 1.092 millones –que no están disponibles en el sistema– llegamos a un monto de U$S 3.508 millones.

Significa que la contracción del negocio bancario ha sido de 76,6%.

Es posible que haya quienes discrepen con este razonamiento, pero creemos que el ejercicio es bueno para visualizar la crisis del sistema bancario uruguayo. Obviamente, no todo ese dinero se fue del país. Los primeros que hicieron los retiros, los de mayores montos, con asesoramiento o mejor manejo de la información, aprovecharon los primeros meses (o cuando su vencimiento se lo permitió). Su dinero salió a otras plazas y no es probable que vuelva rápido. Es gente que estaba atenta a los vaivenes económicos y políticos y que ya pensaba en resguardarse del riesgo de los años electorales, más cuando esta vez, el recambio de gobierno por una fuerza que no ha estado en el poder, es de alta probabilidad.

Los que sacaron el dinero después, fueron ahorristas más chicos, de poco monto en cada caso, pero mucho al sumarse. En gran parte, “eso” está escondido en las casas, en efectivo y en dólares. Eso es riesgoso por los robos a viviendas, pero deberán convencerse que es más seguro llevarlo a un banco, para no seguir durmiendo encima del dinero. Y eso no se logra con palabras, sino con hechos.

No está claro cuál es el tamaño del sistema bancario uruguayo que quedará luego de esta crisis (que incluso no ha terminado, porque queda ver la salida para los suspendidos y la reacción del mercado). Aunque puede que no se acepte que la reducción del negocio bancario es de 76,5%, es evidente que se ha achicado a más de la mitad.

Hace unos años, cuando el boom de los “clubes de videos”, había más de un local en cada barrio. Pero luego apareció la “TV cable” y la gente dejó de alquilar películas; no totalmente, pero si en gran cantidad. Desaparecieron decenas de locales. Si el Estado hubiera querido salvarlos, el esfuerzo habría sido en vano. Si la gente no volvía a alquilar videos, la cuestión hubiera sido hasta cuándo el gobierno gastaba plata en mantenerlos.

Evidentemente, el negocio bancario es otra cosa. Pero la “lógica de los hechos” siempre es la misma. Se puede nadar contra la corriente, pero pocas brazadas.

Si el negocio bancario se achicó a la mitad –en realidad a mucho menos–, es claro que no hay lugar para todas las instituciones.

Obviamente que es un gran problema la situación de los 2.500 funcionarios, de la caja de jubilaciones bancarias (con futuro complicado), de los ahorristas con U$S 1.092 millones de depósitos, de los tenedores de bonos del Comercial y Montevideo por U$S 288 millones, de las 23.000 empresas clientas de esos bancos.

Habrá que considerar que hay otros bancos abiertos, que pagaron y pagan en tiempo y forma sus compromisos, con muchos empleados y clientes. Si preocupa ese problema sin solución a la vista, también hay que advertir que si por apelar a la “voluntad política” se habilita una salida sin sustento técnico, el riesgo de contagio al resto del sistema será grande, quizá tan grande como no imaginamos.

Habría que recordar que hay una sociedad que ha hecho el sacrificio de enormes aportes de dinero, desde los años ochenta hasta hoy, para sostener bancos que aún cuando fueron “reprivatizados”, han vuelto a caer en los brazos del Estado, sin que haya un inversor interesado en el negocio para ponerse al frente con un plan que técnicamente sea sostenible.

En el Banco De Crédito, donde no hubo fraudes como en otros casos, hay un grupo interesado en mantenerlo y dirigirlo. Si su plan de negocios cumple los requisitos técnicos, puede abrir. Si no satisface, habrá que ver hasta donde llega la voluntad política para rehabilitarlo.

En el Comercial, lo único claro es que los actuales accionistas privados (tres bancos mayoristas internacionales) tienen una manifiesta intención: salirse del negocio. No se conoce que haya un banquero dispuesto a reabrirlo. Para el Montevideo y el Caja Obrera, tampoco. O sea que en estos tres bancos, sólo los ahorristas, los funcionarios, y el gobierno, trabajan para una solución.

Los bancos suspendidos, entre lo que deben al gobierno por asistencia (sea la vía que sea), los compromisos por depósitos y créditos laborales, tienen un pasivo de U$S 2.700 millones. Y para hacer frente, cuentan con activos por U$S 1.600 millones. Complicado.

Vencido el plazo que se había dado, el gobierno debe tomar una decisión, para lo cual parece que se tomará algunos días más de lo previsto. Es posible que las autoridades caigan en la tentación de evitar altos costos en el presente. Pero a esta administración, le queda la mitad del período.

Nelson Fernández es Subsecretario de Redacción de BÚSQUEDA (Montevideo-Uruguay) y Corresponsal en Uruguay del diario LA NACIÓN de Buenos Aires (Argentina). Esta columna fue publicada en Búsqueda el 24 de octubre de 2002.