Por Doug Bandow

"Esto no es Vietnam", declarando así Bill Clinton una corriente de evasión a la era Vietnam, en su llegada a Colombia el año pasado. Mientras los continentes pueden ser diferentes, los conflictos frecuentemente ofrecen un potencial similar como problemas de difícil solución para los Estados Unidos. "Esto es como siempre comienza", advierte el escritor Patrick Symmes. Pero todavía queda tiempo para parar. Como Symmes acertadamente observa, "Colombia no es Vietnam en 1965. Está más cerca de ser Vietnam en 1955."
Colombia ha estado en crisis por alrededor de cuatro décadas, sitiada por guerrillas del ala izquierda, paramilitares del ala derecha, y bien posicionados productores de droga. Como muchos gobiernos latinoamericanos, eso en Bogotá ha aumentado la corrupción financiera, el colectivismo económico y la violación de los derechos humanos.
El terrible resultado es la pobreza, la muerte, el miedo, el cinismo y la desesperación. Colombia es una de las siete naciones que se pronostica que va a sufrir una severa escasez de comida este año. Los que tienen dinero tratan de protegerse o escapan del país - cerca de un millón sobre una población de 40 millones ha emigrado tan sólo en los últimos cinco años-. Aquellos sin dinero sufren en silencio o entregan sus casas. Una increíble cantidad de 2 millones ha abandonado la lucha - 90.000 en la última mitad del 2000, después de que el Congreso aprobó el último programa de ayuda-. Otros, un estimado de 300 por semana, se unen a los luchadores de una u otra orientación.
Sin embargo, el año pasado, el Presidente Clinton realizó una visita y otorgó donaciones. O mejor dicho, un gran regalo, $1,3 billones recientemente aprobados por el Congreso. Cuando llegó a la ciudad de Cartagena, el Presidente explicó: "Estamos orgullosos de estar presente con nuestro amigo y vecino" en sus esfuerzos.
Mientras prosiga la administración del Presidente Andrés Pastrana, no es probable que se logre mucho. Las autoridades de Bogotá ya han perdido el control de la mitad de su país a manos de los insurgentes izquierdistas y los traficantes de drogas.
En verdad, el Presidente Pastrana concedió voluntariamente un territorio tan grande como Suiza a las guerrillas, como parte de su intento de negociar un acuerdo. Aunque en diciembre anunció que si la evidencia indicaba que los insurgentes estaban contrabandeando drogas, él interrumpiría los diálogos: "El gobierno de Andrés Pastrana no negocia con los traficantes de drogas." Luego, en febrero él extendió el status de zona "desmilitarizada" para promover la negociación.
Los traficantes de drogas son los menos peligrosos de los oponentes del gobierno. Ellos están interesados, en primer lugar, en hacer dinero -simples emprendedores en una industria desfavorecida por Washington-. Dejados solos en Bogotá, probablemente dejarán solos Bogotá.
Las guerrillas son mucho peores y, consecuentemente, han generado poco apego hasta entre los pobres: ellos ejecutan a los oponentes, confiscan las rentas de la ciudad, exigen impuestos y cooperan con los traficantes de drogas. Ellos reclutan a los chicos y manipulan las elecciones. También, secuestran -frecuentemente, después de chequear el estado de salud de la víctima- para ganar dinero y reforzar sus otros dictados. Rob Hotakainen, del Star-Tribune, reporta: "Colombia ahora es líder mundial en secuestros", con un estimado de 3.000 el año pasado. En una encuesta, el 43% de los colombianos dijeron que temían ser atrapados.
Encerrados en un feroz combate con los rebeldes, son un score de las fuerzas paramilitares; en ciudades tales como Barrancabermeja, también como en muchas áreas rurales, la lucha está abierta y esparcida. Los paramilitares actúan simultáneamente como gobierno local y como empresarios, regulando las áreas rurales y obteniendo ganancias del comercio de droga.
Además, rutinariamente matan a los civiles sospechados de estar envueltos en la rebeldía. Human Rights Watch apunta a 23 masacres que involucran a 162 personas, mayormente perpetradas sólo en los primeros 17 días de enero por el grupo paramilitar que lidera, es decir, Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia. Los paramilitares son una respuesta natural y entendible a la insurgencia comunista pero son un poco mejor que las fuerzas contra las que están luchando.
El militar está mal entrenado y está mal pago. Es una combinación inadecuada para sus competidores autoritarios. Su compromiso con los derechos humanos es un poco mejor. Un veterinario en Barrancabermeja, "la ciudad colombiana más peligrosa" según Hotakainen, se quejó al visitar al Senador Paul Wellstone (D-Wis.): "En mi región, cualquiera que defiende la vida o defiende la libertad es asesinado, muchos por los militares. Estamos profundamente consternados por el hecho de que su gobierno - el estadounidense- está apoyando a un gobierno para fortalecer el poder de grupos que matan a nuestra gente, que matan a nuestros campesinos."
Según todas las fuentes, el número de masacres (asesinatos de cuatro o más personas) se ha cuadruplicado desde 1996. Una persona es asesinada cada 20 minutos, un porcentaje de asesinatos diez veces mayor que en América. En el 2000, las muertes llegaron a una aterradora cifra de 30.000. La firma consultora Stratfor, reporta: "Cada día, los ataques de los paramilitares y de la guerrilla desplazan a cerca de 240 familias, incrementando el número de refugiados que ya excede los 2 millones. Alrededor de 70 personas son asesinadas diariamente. Otros ocho o nueve son secuestradas."
Este año no es probable ofrecer una mejora. Opina Javier Cifuentes, el Secretario de Relaciones Exteriores de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el grupo insurgente colombiano establecido en 1964: "Será ciertamente un año muy difícil. Las fuerzas militares están fuera de control e intentarán, con crimen y terror, manejar el proceso de paz con sangre, para shockear a Colombia y al mundo. Ese es el plan de los Estados Unidos."
Por supuesto, las FARC saben algo acerca de crimen y de terror.
La democracia en sí misma está en riesgo. Los anteriores candidatos presidenciales aceptaron dinero proveniente de la droga. El Presidente Pastrana es ampliamente visto como un apaciguador indeciso. El último conflicto ha generado apoyo para candidatos más fuertes que prometían un quiebre.

LA GUERRA DE LA DROGA Y LA PRODUCCIÓN. Los intentos para erradicar la producción de droga en Colombia se asemejan a las labores del mítico Sisifo. Se difundieron números "exitosos" en el rociamiento de herbicidas para erradicar la producción de coca, supuestamente llegando al 16% de los campos de coca de 334.000 acres del país en sólo dos meses, pero se ignora el hecho de que ya se ha llegado a los campos más accesibles - fuera del control de la guerrilla-. Además, un oficial estadounidense le dijo al Miami Herald: "Es importante que el gobierno esté presente para disuadir el replantamiento."
En cualquier caso, la campaña no gana amigos en el terreno. A pesar de los dichos contrarios del gobierno, los rociamientos indiscriminados terminan con las cosechas legales, tales como el maíz, plátanos y yucas, dejando en ruinas a los campesinos. Tres cuartos de coca crecen en pequeñas parcelas; sus dueños son particularmente vulnerables a las consecuencias negativas del rociamiento.
La gente padece los efectos negativos sobre la salud, que van desde la diarrea hasta dolores de cabeza y vómitos. Un granjero se quejó y habló al respecto con David Adams de St. Petersburg Times: "Nosotros esperamos esta clase de abuso por parte de nuestro gobierno. Pero pensábamos que los Americanos eran más inteligentes." Esa sería una dudosa proposición, incluso si la administración de Clinton no hubiese ideado la política.
Desgraciadamente, el problema es el deseo que los americanos tienen por las drogas. Como el Presidente Pastrana y otros colombianos acertadamente apuntaron, la voraz demanda estadounidense crea una gran ganancia potencial, no sólo por las variadas operaciones de contrabando, como el legendario cartel de Medellín, sino también por los campesinos comunes, quiénes miran hacia las fuerzas del ala izquierda en búsqueda de protección.
En verdad, aquí como en cualquier otra parte de Latinoamérica, la guerra de la droga de Washington ha generado ingresos y soporte para insurgentes comunistas. La tarea de Bogotá no será fácil sin el continuo flujo de dinero de la droga para numerosos operadores ilícitos. Pero intentar construir un orden más próspero y liberal, es casi imposible mientras prosiga la guerra de la droga. Aunque los Estados Unidos "ganen", destruyendo las cosechas de coca, es más probable perder, mediante la presión dentro de las armadas de los comunistas. Carlos de Roux, de la jesuita Fundación Social, dice: "Hasta ahora, los granjeros no han apoyado a las guerrillas pero las acomodaron."
Los Estados Unidos, desgraciadamente no están ayudando. Dicen que lo están haciendo, al iniciar el Plan Colombia, el cual supuestamente eliminará la mitad de la producción de coca en el país dentro de cinco años, con $1,3 billones en efectivo, 60 helicópteros y entrenando a tres batallones anti-narcóticos de 1.000 soldados cada uno.
Sin embargo, Colombia es una narco-nación donde los productores de droga son respaldados por vigorosas armadas comunistas e igualmente viciosos paramilitares anticomunistas. La "ayuda" de América podría ser útil para Bogotá para que gane unas pocas batallas adicionales. No va a ganar la guerra; los carteles y las insurgencias sobrevivirán, como lo han hecho en el pasado.
Después de todo, en la década pasada ocurrió que Colombia, que obtuvo un billón de dólares de los Estados Unidos, había ganado. Primero quebró al Cartel de Medellín, aunque el jefe del cartel, Pablo Escobar, había declarado "guerra total y absoluta."
Luego, las autoridades de Bogotá derrotaron el cartel de Cali. Miles de personas fueron asesinadas o ejecutadas; miles más fueron arrestadas. Cerca de diez mil personas inocentes fueron heridas o asesinadas en el horroroso tiroteo.
¿Y ahora? Colombia produce más cocaína que nunca. Eso no es todo. Los traficantes de droga producen la mayor parte de su propia coca, más que importarla de Bolivia y Perú. Los colombianos también son grandes proveedores del hábito de heroína en América. El área total con cultivos de droga se ha incrementado casi seis veces en los últimos 25 años y tres veces desde 1995.
Como Gustavo de Greiff, quien llevó la lucha contra Escobar, dijo en 1993 en el medio de la agonía de su país: "Hay mucho apetito en su país por las drogas, el asesinato de Escobar no será una solución."
Desgraciadamente, una guerra intensificada significa más casualidades. Consuelo Sánchez, una jueza colombiana llevada fuera del país en 1988 después de firmar la garantía de arresto de Escobar, recientemente aplicó para el asilo político, cuando su desempeño como cónsul en la embajada estadounidense de Colombia terminó.
La firma consultora Stratfor advierte que, mientras el Plan Colombia no brinde estabilidad, "la pérdida de la vida y el desplazamiento civil, sin embargo, van a tener un incremento significativo."
Además, el gobierno de Bogotá es el gobierno de Bogotá. En los años recientes, el gobierno colombiano se ha destacado por poco más que por su corrupción e incompetencia. En realidad, los Estados Unidos, suspendieron su primer apoyo a Colombia luego de saber que el predecesor de Pastrana había reunido $6 millones en contribuciones de campaña provenientes del cartel de cocaína de Cali.
A pesar de las promesas de reforma, el récord militar permanece mal. Winifred Tate, de la Oficina de Washington en Latinoamérica se queja: "Los Estados Unidos están equipados con las fuerzas militares más abusivas en el hemisferio."
En algunos casos, los soldados asesinaron; otras veces ayudaron a los paramilitares que asesinaban. Human Rights Watch advierte que hay "evidencia continua, abundante y detallada de colaboración directa entre los grupos militares y paramilitares."
Pocos soldados estarían en desacuerdo. Uno le dijo a San Francisco Chronicle: "Los paramilitares nos están ayudando al luchar contra las mismas personas que yo lucho." Hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos estuvo forzado a admitir que "el manejo civil de las fuerzas armadas es limitado" y que "las autoridades raramente llevaron a la justicia a oficiales de las fuerzas de seguridad y de la policía con cargos por ofensas a los derechos humanos."

Doug Bandow es miembro del Cato Institute y se desempeña como Profesor Adjunto en The Future of Freedom Foundation.
Traducción de Marina L. Esposito.