Por Doug Bandow

Los soldados americanos con frecuencia sirven a paramilitares y hasta se convierten en ellos. En un caso célebre, el Teniente Carlos Acosta, se unió a las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia y ejecutó a los investigadores del gobierno. Su hermano, reportó: "Él solía decir que un soldado en Colombia tiene que luchar, no sólo contra las guerrillas sino también contra los grupos de derechos humanos, los acusadores y el procurador general."
Un paramilitar, explicando el motivo por el cual los militares no pelearían contra los paramilitares, le dijo a un reportero: "La armada tiene sus manos atadas por los derechos humanos. Nosotros no. Nosotros somos libres de pelear la guerra." Al respecto, Andrew Miller, de Amnistía Internacional, dice: "Los soldados colombianos entrenados hoy por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, pueden convertirse mañana en violadores de los derechos humanos o en líderes paramilitares. Ni el gobierno norteamericano ni el colombiano han ofrecido garantías válidas de que esto no va a suceder."
Sería lo suficientemente malo si existiesen sólo dos bandos. Pero como observa Winifred Tate, de la Oficina de Washington en Latinoamérica, "no hay dos bandos: hay un laberinto de competidores entrelazados, solapados y fuertemente armados." Clasificarse de manera inteligente entre ellos es bastante duro para los colombianos, y es imposible para los americanos.
Una generosa ayuda financiera solventará los peores vicios del régimen, tanto la corrupción como la represión. La ayuda también le dará coraje a Bogotá para emprender una campaña militar que no tiene la habilidad para completar. Una solución política parece lejana, pero será aún más lejana si Colombia elige la escalada militar y falla. La firma consultora Statfor advierte: "El paquete de ayuda militar no va a terminar con el comercio de la coca ni va a terminar con el conflicto civil entre el gobierno y las FARC, el ELN o los paramilitares de las AUC. En cambio, el paquete de ayuda militar de los Estados Unidos va a solventar un avance tecnológico en el armamento de las FARC y de los paramilitares de las AUC. El paquete de ayuda también va a hacer que se incremente significativamente el tiempo de hostilidades en Colombia, ya que las FARC se oponen a la ofensiva anti-drogas en el sur de Colombia con ataques en el norte del país."
También, la creciente violencia de las FARC y del ELN llevará a una escalada en las contraofensivas y las masacres practicadas por las AUC y otros grupos paramilitares, y mucha de esta violencia ocurrirá dentro de Bogotá y en las capitales departamentales como Cali, Medellín, Bucamaranga, Barranquilla, Cucuta y Villavicencio. El Congreso ha fijado seis condiciones de derechos humanos para la ayuda, pero le dio la autoridad al presidente de repudiarlas.
A pesar de las que parecen ser las mejores intenciones del Presidente Pastrana -quién atacó a los paramilitares como un problema peor que las guerrillas comunistas- Colombia permanece gravemente deficiente a este respecto. Los comandantes militares, en particular, muestran la misma fidelidad con los paramilitares y con el gobierno central.
Un trío de organizaciones de derechos humanos -Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y la Oficina de Washington en Latinoamérica- llegaron a la conclusión de que Bogotá falló en lo que respecta a cada condición acerca de los derechos humanos. En septiembre pasado, hasta el Departamento de Estado admitió que Colombia ha cumplido con sólo una de esas condiciones. Un reporte siguiente, emitido en febrero, era igualmente desalentador: "Las fuerzas armadas y la policía cometieron serias violaciones a los derechos humanos durante este año."
Sin embargo, el Plan Colombia continúa. El año pasado el Presidente Clinton aprobó la instalación de la ayuda pendiente. Michael Parmly, el Secretario para la democracia del Departamento de Estado, explicó: "El Presidente Pastrana tiene un sólido compromiso con los derechos humanos y ha hecho serios esfuerzos para llevar a un límite las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en su país."
El zar de la droga, Barry McCaffrey, dijo al respecto: "Tú no sostienes el objetivo mayor para alcanzar el menor." Para simplificarlo, ¿a quién le importa si unos pocos colombianos mueren, mientras su gobierno está respaldando la fallida guerra de América contra las drogas?.
En enero, el Departamento de Estado declaró que no tenía ni que tener una certificación para renunciar o para lanzar la segunda parte de la ayuda.
Algunos de los políticos americanos reconocen que Colombia tiene unos pocos problemas más allá del contrabando de drogas. El Secretario de Estado, Colin Powell, le dijo al Congreso: "Tenemos que proveer fuentes alternativas de ingresos, producciones alternativas, democracia, construcción de la nación, preparación de las fuerzas militares y de la policía para manejar la clase de desafíos que ellos afrontan en la región andina."

UNA PRESENCIA CRECIENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. Hay once agencias de Estados Unidos que están trabajando en Colombia (Agencia para el Desarrollo Internacional, BATF, Bureau de Prisiones, Customs Service, DEA, FBI, IRS, Departamento de Justicia, Servicio Marshall, Servicio Secreto, Departamento del Tesoro). La principal responsabilidad para reconstruir el país, sin embargo, reside en AID, la cual, a través de sus 40 años de historia, ha traído prosperidad, democracia e instrucción general... bien... a nadie.
Si el paquete de ayuda falla, ¿entonces qué? Colombia ya es el tercer más grande receptor de ayuda extranjera. No sirve de nada que se le den algunos dólares más.
El Presidente Clinton prometió no enviar soldados estadounidenses para luchar en contra de las guerrillas. Sin embargo, 500 consultores americanos están en el terreno, entrenando a las fuerzas anti-drogas de Colombia. Washington también está proveyendo 60 helicópteros para ayudar a los esfuerzos de erradicación.
En un reporte de octubre, realizado por la Oficina de Contabilidad General, se advertía que los Colombianos generaban faltantes de dinero o desperdiciaban parte de él para mantener en vuelo a "sus" helicópteros. Al haber lanzado el programa, Washington no quiere abandonarlo, especialmente desde que mantiene virtualmente cada uno de los otros inutilizados programas que alguna vez creara.
Además, ¿qué harán los Estados Unidos si las guerrillas apuntan al personal estadounidense -consejeros de la armada, pilotos de la fuerza aérea, oficiales de inteligencia, agentes de la DEA, y contratistas civiles- como hicieron años atrás en El Salvador? Las FARC han establecido un plazo, luego del cual cualquier cosa podría sucederle a todo personal estadounidense encontrado en las zonas de guerra de "blancos militares."
Los consejeros de la armada norteamericana están entrenando a tropas colombianas. De igual importancia, los contratistas americanos están volando y sirviéndose de los helicópteros colombianos. "Esto es lo que nosotros llamamos tercerizar una guerra", dijo un ayudante de un congresista. El Congreso ha establecido un límite de 300, pero la embajadora norteamericana en Colombia, Anne Patterson, ha dicho, visitando a los congresistas que ellos podrían tener necesidad de elevar ese número.
¿Qué pasa si los insurgentes derriban helicópteros que transportan a americanos? A través de los consejeros militares y los contratistas civiles "el involucramiento de los Estados Unidos ha llevado la cadena desde el nivel de planeamiento, diseño y dirección de la guerra hacia el nivel táctico-operativo", advierte James Petras para Colombian Labor Monitor.
Y esos que son considerados como el enemigo por Washington, consideran que Washington es el enemigo. El comandante de las FARC, Iván Ruiz, le dijo a un reportero de Crónica de San Francisco: "Los gringos quieren intervenir en Colombia y convertir a esto en una guerra real, y estamos listos para ellos." Hasta un oficial en la embajada norteamericana en Bogotá admitió a Chicago Tribune: "Seguro que los americanos dispararon. Recibimos 125 impactos de bala en nuestros aviones el año pasado, y estoy seguro de que había americanos que estaban volando algunos de esos aviones."
¿Van a ignorar los Estados Unidos esas instancias? O vengarse? Hacer lo primero sería provocar más problemas y un llamado a cuestionar "nuestra credibilidad" (en referencia a Estados Unidos). Hacer lo segundo, sería ir directamente hacia una conflagración política y militar que está extinguiendo otro estado soberano. En particular, se pregunta Roberto Pombo, editor del semanario Cambio, ¿qué "pasa en un día en el que el Presidente de los Estados Unidos está en problemas por algún tema nacional?."

¿DONDE ESTA LA ESTRATEGIA DE ÉXITO?. En agosto pasado, el Presidente Clinton proclamó, "No tenemos objetivos militares. No creemos que su conflicto tenga una solución militar." Pero seguramente no luce de esa manera, dada la forma en que Washington ha militarizado la participación americana.
En otoño pasado, Rep. Benjamin Gilman, el presidente del Comité de Relaciones Internacionales, denominó al cambio - el paso de la ayuda a la policía nacional colombiana a la ayuda a la armada- "un gran error" y llamó a "una gran corrección a mitad de curso." Pero él está haciendo mucho más por las razones prácticas que por las de principios. "Si fallamos con el Plan Colombia, como temo, podremos perder el apoyo de los americanos para nuestros esfuerzos de luchar contra los narcóticos ilícitos en el extranjero."
Además, ¿qué hace la nueva administración cuando el actual programa ha fallado evidentemente? Los colombianos, respaldados por sus apoyos norteamericanos, están pidiendo un acuerdo de tres a cinco años, por alrededor de $600 millones anuales. El Presidente Pastrana quiere alrededor de $500 millones por año en asistencia económica, ya que dijo: "Somos un país pobre. Necesitamos más ayuda. Este es un plan a largo plazo, quizás de 15 a 20 años."
Mientras los europeos y los japoneses están mal dispuestos a contribuir mucho al sexto año de existencia, $7.5 billones para el Plan Colombia, cualquier dinero extra casi seguro deberá provenir de los Estados Unidos. Aunque ningún consejero americano sea asesinado, después de que $1 billón, $2 billones, o más sean gastados, nada va a cambiar - al menos no para mejor-.
Los oficiales están extendiendo sus tiempos. Ana María Salazar, secretaria de un diputado para la defensa de las políticas contra las drogas, dice que llegar al éxito va a implicar unos 10 años: "Lo que es más frustrante es que no vamos a ser capaces de mostrar los resultados en el corto plazo."
Que pasa si, en otro año, el gobierno colombiano se debilita, la mitad del país queda bajo el control rebelde, las fuerzas del gobierno continúan violando los derechos humanos, el combate es más intenso y las drogas todavía están presentes? Después de haber expresado que los intereses nacionales críticos estaban en riesgo, se va a quedar Washington de manos cruzadas? Robert White, embajador estadounidense en El Salvador y cabeza del Centro para la Política Internacional en Washington, advierte: "Una vez que todo empiece a rodar, es extremadamente difícil ponerle un punto límite. Una vez que haya algunos americanos asesinados, me parece que las cosas comienzan a desatarse. Y entonces te puedes encontrar, verdaderamente, completamente involucrado." Especialmente, si la última campaña ha realmente diseminado el caos hacia otras provincias colombianas o, peor aún, a los estados vecinos - Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela-. Las tempranas crisis en Ecuador y en Perú, en particular, empujaron la producción hacia Colombia. Stephen E. Flynn, del Consejo de Relaciones Exteriores, apunta: "Lo que tenemos en Colombia es un desorden mayor que el que teníamos cuando empezamos."
El año pasado, William Brownfield, un asistente de un diputado del Estado para los asuntos del hemisferio occidental, dijo que el Plan Colombia era "un trabajo en progreso." El paso número dos sería tratar con los efectos de llevarlo a los vecinos de Colombia; en el 2002 la administración Bush quiere dar $232 millones a Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela para ayudar en la guerra contra la droga.
Pero esos efectos ya están teniendo lugar, al estar Ecuador y Venezuela planeando fortificar sus fronteras para prevenir que más adelante se produzca una diseminación del tráfico de droga. Hasta el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dice: "Si yo fuese un país vecino de Colombia, estaría muy preocupado por el posible tránsito de sus problemas hacia mi país."
En realidad, una gran cantidad de refugios colombianos -quizás más de 100.000- ya se han esparcido hacia naciones vecinas. El Ministro del Exterior de Venezuela, José Vicente Rangel, ha violado la cortesía diplomática al expresar públicamente el sentir temor de que cualquier "éxito" colombiano tan sólo iba a llevar a los operadores de droga y a los insurgentes izquierdistas hacia su país. Unos 3.000 venezolanos han debido escaparse de la violencia en la frontera. Las guerrillas colombianas han secuestrado a unos 40 rancheros venezolanos para cobrar rescate.
Los oficiales colombianos acusan a las guerrillas de haber recibido armas desde el ala militar izquierda de Venezuela.
Perú ha caído en el caos político ante el colapso del gobierno de Fujimori. El maoísta Shining Path una vez colaboró con los productores de droga; a Perú le costó años el terminar con esa insurgencia y una coalición similar podría levantarse de nuevo en el futuro.
Los campesinos bolivianos están resistiendo los intentos del gobierno de obligar a cosechas sustitutas. De forma natural, el Presidente Hugo Banzer está pidiendo más dinero estadounidense. Los paramilitares colombianos destruyeron un pueblo de la frontera en Panamá.

Doug Bandow es miembro del Cato Institute y se desempeña como Profesor Adjunto en The Future of Freedom Foundation.
Traducción de Marina L. Esposito.