Por Marina L. Espósito

El escenario político peruano fue bastante crítico, en especial, durante los últimos meses. A fines de julio de 2000, Alberto Fujimori inició su tercer mandato consecutivo como presidente del Perú, en medio de denuncias de fraude en las elecciones. Luego del escándalo de corrupción que terminó en su destitución, - unos meses después del inicio de su período de gobierno - asumió como presidente provisorio Valentín Paniagua.
El actual período de transición democrática, previo a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 8 de abril, también se tornó conflictivo. En los meses de campaña electoral, continúan los cambios en la situación del ex Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, y el ex presidente Fujimori. Incluso, la Corte Suprema de Justicia decidió el levantamiento de la orden de arresto contra Alan García (ex presidente peruano), ya que han prescrito las dos causas judiciales en las que estaba involucrado. García es uno de los candidatos a la presidencia para los próximos comicios.

Los momentos de mayor conflicto

Los problemas dentro de la esfera política peruana están presentes desde hace largo tiempo. En lo que respecta a los mandatos presidenciales de Alberto Fujimori, es importante tener en cuenta algunos datos que provee la encuesta anual Freedom in the World (Libertad en el Mundo), del período 1999-2000. Es realizada por la organización sin fines de lucro Freedom House, la cual promueve la democracia, los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo. En el estudio, se incluye un breve informe acerca de determinados sucesos del ámbito político en los diversos países del mundo. En el espacio dedicado a la política peruana, se analizan ciertos hechos relacionados con la labor de Fujimori y se exponen los conflictos políticos que se produjeron durante los años en los que fue presidente. En una parte de ese informe, se afirma que "el oponente principal de Fujimori en las elecciones de 1995 era el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar", por lo que Fujimori "aplastó a su oponente con una costosa campaña pública masiva de tipo propagandístico, utilizando recursos del Estado."
En otra parte del informe, también se hace mención a la labor del ex Asesor de Inteligencia del Estado, Vladimiro Montesinos, como aliado del ex presidente Alberto Fujimori. Se afirma que el Servicio de Inteligencia Nacional fue utilizado, en ese entonces, para "desacreditar a Pérez de Cuellar y otros candidatos opositores". Finalmente, se aclara que el 9 de abril de 1995, Fujimori "ganó una fácil victoria" y pudo iniciar así su segundo mandato presidencial.
Luego, dentro del resumen confeccionado por Freedom House, se expone que en agosto de 1996, "el Congreso sancionó una ley en la que le permitía a Fujimori presentarse para un tercer mandato", a pesar de que, según la Constitución, el presidente no podía tener más de dos mandatos consecutivos. Pero, si bien existía una restricción constitucional, la ley estableció que el segundo mandato de Fujimori era el primero, bajo la Constitución de 1993.
Finalmente, Fujimori pudo comenzar su tercer mandato presidencial en julio de 2000, pese a las acusaciones de fraude electoral y corrupción que lo rodeaban. Sin embargo, su período de gobierno duraría pocos meses. El 19 de noviembre, desde Japón, enviaría su renuncia por correo electrónico, luego de diez años de haber estado en el poder. Dos días después, el Congreso lo declaró "incapaz moralmente", con lo cual se concretó su destitución. En estos momentos, Fujimori se encuentra refugiado en Japón.
Otro de los implicados dentro del escándalo político en Perú, es el ex Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos. El 29 de octubre de 2000, se fugó a las islas Galápagos, Ecuador, luego de haber sido visto en un video mientras aparentemente sobornaba al legislador opositor Alberto Kouri para que se pasara al oficialismo. Sin embargo, Montesinos también enfrenta otro tipo de acusaciones más graves, vinculadas a su presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción, tráfico de armas, asesinato y tortura. Actualmente, Montesinos se encuentra prófugo.
No sólo el ex jefe de los servicios de inteligencia peruanos enfrenta acusaciones, sino que cientos de personas están involucradas dentro de la investigación que se le efectúa a Montesinos. Alrededor de 70 personas se encuentran detenidas, con arresto domiciliario o sin poder salir del Perú.
Dentro del círculo más cercano a Montesinos, durante enero de este año fueron detenidos la hija, la hermana, el hermano y sus cuñados, por estar vinculados con diversos actos de corrupción.
Silvana Montesinos, hija del ex Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional; su cuñada, Estela Delgado de Montesinos y su tía, Karelia Montesinos, fueron trasladadas al penal de mujeres de Santa Mónica. Sus hermanos, fueron recluidos en la cárcel del Poder Judicial.
Por su parte, la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra Ramírez, se encuentra con arresto domiciliario. Sin embargo, desde la fiscalía se pidió su detención por la investigación que se inició en su contra, debido a su presunta complicidad en corrupción de funcionarios. Becerra Ramírez es una maestra jubilada, separada de Montesinos. Dentro del ámbito judicial, resulta sospechosa la amplia disponibilidad de dinero de Becerra Ramírez. Realizaba viajes a Europa y Estados Unidos con una frecuencia mayor a las tres veces por año. Además, podía alojarse en muy buenos hoteles y tenía una tarjeta de crédito con un aval superior a los US$50.000.
También, la secretaria personal y amante de Vladimiro Montesinos, Jacqueline Beltrán Ortega, fue denunciada por un fiscal ante el Poder Judicial del Perú, como cómplice de actos de corrupción. De acuerdo con los datos manejados por la fiscalía, Beltrán Ortega habría recurrido a testaferros - al igual que Montesinos - para colocar propiedades y cuentas bancarias a su nombre. Por ello, ha sido detenida bajo las órdenes de una comisión investigadora.
Otros de los que fueron recluidos en la cárcel del Poder Judicial son Walter Chacón, ex ministro del Interior y ex comandante general del Ejército; Juan Yanqui, ex jefe del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército; Luis Delgado de la Paz, ex jefe de la primera región militar, y Luis Cubas, cuñado de Montesinos y ex jefe de la segunda región militar. Mientras que Chacón es investigado "por delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, delito contra la administración de justicia, la función jurisdiccional y encubrimiento real en agravio del estado", Yanqui enfrenta el cargo de "presunto delito de corrupción de funcionarios". Por su parte, Delgado de la Paz y Cubas están acusados de "tráfico de armas y lavado de dinero".
Otro de los implicados dentro del caso Montesinos, es el legislador del Frente Independiente Moralizador (FIM), Ernesto Gamarra. Él integraba la comisión legislativa encargada de una investigación que se le realizaba a Montesinos, con el fin de conocer el origen de su patrimonio. En un video, Gamarra le dice a Montesinos que está dispuesto a detener una investigación periodística acerca de un tráfico de armas, a cambio de una cierta suma de dinero. Luego de que un juez entregara este video a las autoridades del Congreso, Gamarra fue apartado de la comisión investigativa y se le quitó su inmunidad parlamentaria.
El líder del FIM es Fernando Olivera, quién es candidato presidencial para los próximos comicios del 8 de abril. Tanto Gamarra como Olivera, forman parte del movimiento que, el 14 de septiembre de 2000, presentó el video en el que se lo ve a Montesinos con el legislador Kouri.
El juez Saúl Peña tiene cerca de 700 videos que han sido incautados en la casa de la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra. En ellos, se puede ver al ex asesor reunido con figuras públicas. Además de estos 700 videos, otros 1.700 fueron hallados en la sede de inteligencia.
En uno de los videos en poder del juez Peña, es posible ver a los magistrados Alipio Montes de Oca, Luis Serpa y Víctor Castillo en conversaciones con Montesinos acerca de ciertos casos judiciales. En la parte del video en la cual aparece Montes de Oca, Montesinos le ofrece una determinada suma de dinero a cambio de que el magistrado presida el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Montes de Oca dijo que no aceptó ningún pago, aunque él se desempeñó como presidente del jurado electoral durante las elecciones generales de 2000, en las cuales Fujimori accedió a su tercer mandato, rodeado de denuncias de fraude.
Durante una declaración que efectuó el ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Marcos Ibazeta, a una emisora de radio local, expresó: "Estamos comprobando que no teníamos el apoyo de las autoridades para construir un poder judicial justo."

El panorama electoral

Luego de haberse producido la destitución de Alberto Fujimori en noviembre de 2000, asumió la presidencia provisoria Valentín Paniagua. De esta manera, se inició un período de transición, a la espera de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 8 de abril. El nuevo presidente del Perú será el candidato que se imponga en esas elecciones y podrá asumir el 28 de julio.
Según la información que maneja el Registro Nacional de Identificación y Estado (RENIEC), un total de 14.909.200 peruanos acudirán a las urnas. Dentro de los candidatos presidenciales, figura el economista Alejandro Toledo, de Perú Posible, quién es el que -hasta el momento- está mejor ubicado en las encuestas y fue quién ofreció una gran resistencia contra el gobierno de Fujimori. Otros, son Jorge Santistevan, ex Defensor del Pueblo; Lourdes Flores, con una política de tipo conservador y, Fernando Olivera, del FIM, el legislador que tuvo que ver con que se conociera el video de Montesinos, que desencadenó en su fuga y en la posterior destitución de Fujimori. Sin embargo, se cree que Olivera podría ver afectada su campaña como consecuencia del video en el que aparece el congresista Gamarra reunido con Montesinos.

Causas judiciales que prescriben

En los próximos comicios del 8 de abril, participará como candidato el ex presidente Alan García Pérez. Se desempeñó en esa función durante el período 1985-90 y fue acusado de presunto enriquecimiento ilícito y de recibir sobornos. Desde 1992, se mantuvo asilado en Colombia.
Si bien García tiene pocas chances de ganar la elección, se mantiene firme en su candidatura, dentro de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).
Además, la Corte Suprema Peruana decidió levantar la orden de arresto contra García, ya que declaró que los dos procesos judiciales en los que estaba involucrado, han prescrito. Es decir que transcurrió un período de tiempo mayor al establecido por la ley para poder sancionar los delitos en los que se lo involucra.
Los casos contra García se referían a presuntos cobros de comisiones por haber concertado el traslado de una parte de las reservas nacionales al Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) y la construcción del Tren Eléctrico de Lima.

Días difíciles

Desde que se concretó la destitución del presidente Alberto Fujimori y luego, asumió provisoriamente Valentín Paniagua, se han producido - y continúan produciéndose- diversas revelaciones y cambios en lo que respecta a la esfera política. Además de verse involucrados en casos de corrupción, Fujimori y el ex Asesor del Servicio de Inteligencia del Estado, Vladimiro Montesinos, también aparecieron los casos de otros funcionarios y figuras públicas. Esta situación explica la crisis política generalizada que se afronta en Perú, dentro del período de campañas electorales.
Para que los días difíciles no continúen, se necesitan cambios que favorezcan el fortalecimiento de la democracia, sobre todo en lo que respecta a la división de poderes. En el informe de Freedom House, que fue citado anteriormente, este es uno de los temas que se recalca. Se le efectúan graves críticas al sistema judicial peruano, por considerarse "el menos independiente dentro de Latinoamérica", principalmente por los casos de corrupción.

Marina L. Espósito es Asistente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.