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VIOLENCIA QUE ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA
Por Marina L. Espósito
Existen diversas formas de encarar la situación política
actual de Colombia. Sin embargo, cualquiera de las maneras elegidas
para profundizar en el tema, seguramente no dejará de tratar
los conflictos que persisten con las guerrillas y los grupos paramilitares.
Antes de comenzar a abordar los antecedentes de este problema,
es conveniente conocer cuál es la realidad presente en referencia
a este tema. En primer lugar, debe considerarse que los conflictos
con la guerrilla no pueden aislarse del resto de la situación
global del país.
De acuerdo al análisis efectuado por The Heritage Foundation,
en Colombia, durante la administración del presidente Andrés
Pastrana, "las instituciones públicas fueron perdiendo
gradualmente la lucha contra el desorden, la corrupción oficial,
el narcotráfico y la violencia de la guerrilla."
Por otra parte, se expone que Colombia continúa siendo "el
más grande productor de cocaína en el mundo y de una
considerable cantidad de heroína." Incluso, se agrega
que la protección de este tráfico ilegal "ha
revitalizado una insurgencia que data de 40 años". Es
aquí donde se hace referencia a las guerrillas FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de
Liberación Nacional), quiénes se oponen al gobierno
democrático colombiano.
En referencia al proceso de paz iniciado con las FARC, se explicita
que el mismo no ha tenido resultados satisfactorios. Por otro lado,
se hace alusión a la gran cantidad de territorio que se les
ha cedido a estos grupos guerrilleros (FARC y el ELN). Esto implica
que estas guerrillas operan en un 70% del país, aproximadamente.
Otro dato de importancia que provee el análisis de The Heritage
Foundation se refiere a que estas guerrillas ganarían alrededor
de $500 millones o más por año debido a la protección
de los traficantes de drogas, los secuestros y la extorsión.
Por lo tanto, estos elevados ingresos les permiten estar mejor armados
que las propias fuerzas de seguridad colombianas.
Además de toda esta información con respecto al contexto
político colombiano, sobre todo acerca del conflicto con
las guerrillas, es de gran importancia conocer cuál es el
contexto económico del país. Con referencia a este
tema, también es interesante saber cómo ha sido clasificado
este país según el Índice de Libertad Económica
del 2001, presentado por The Heritage Foundation. Si se tienen en
cuenta algunos datos provistos por el mismo, es posible reconocer
que el grado de libertad económica colombiana no es elevado,
sino que ocupa el lugar número 68 dentro de un total de 160
países analizados, con un puntaje de 2,95. Esta cifra indica
que, en este aspecto, la situación colombiana es compleja,
ya que este índice va desde el 1 al 5, siendo el 1 el que
significa la mayor libertad económica, mientras que el 5
indica la menor libertad económica.
Incluso, de acuerdo a un estudio realizado por The Freedom House
el año pasado, en donde se clasifican a los países
como libres, parcialmente libres y no libres, Colombia se ubica
dentro de la segunda categoría. Si se profundiza en el análisis
que efectúa este instituto acerca de los motivos por los
cuales Colombia está en esa categoría, es de gran
relevancia el centrarse en un determinado aspecto. The Freedom House,
al igual que The Heritage Foundation, señala que uno de los
principales flagelos que atraviesa este país es la violencia
política. Además, se añade que la mayor parte
de las víctimas son civiles y que los crímenes que
aún no han sido resueltos superan el 90%.
A estos datos deben agregarse los que aparecen en uno de los últimos
informes de Amnistía Internacional, en el cual se menciona
que "la crisis de derechos humanos siguió agravándose
en medio de un conflicto cada vez más sangriento." Por
otra parte, se añade que "las partes que intervienen
en el conflicto intensificaron sus acciones en todo el país
mediante campañas caracterizadas por las violaciones graves
y sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario."
UN PASADO QUE PERDURA. Uno de los
principales problemas radica en que la población colombiana
es altamente vulnerable a los ataques de grupos paramilitares y
de las guerrillas. Esto se explica por el alto grado de presencia
de los mismos y sus continuos ataques.
Unos de los centros importantes dentro del territorio de 42.000
km2 que se encuentra militarizado por las FARC, es San Vicente del
Caguán. Sin embargo, la guerrilla habría logrado extender
esta área de influencia hasta 138.307 km2, aproximadamente.
La presencia de las FARC en Colombia data de 1966 y su jefe es Manuel
Marulanda, alias "Tirofijo". Esta es una de las guerrillas
de mayor poder y antigüedad en América Latina. También
es el principal grupo guerrillero de Colombia, ya que cuenta con
17.000 combatientes.
Ante esta compleja situación, es de gran relevancia el tener
presente cuál es la postura de los 40 millones de personas
que conforman la sociedad colombiana. Según lo expuesto por
Diana Duque Gómez* en su artículo Zona de Despeje:
Germen de Estado Totalitario, el pueblo no le otorga respaldo a
estas guerrillas, sino que, por el contrario, siente hacia ellas
un profundo rechazo. En ese mismo informe, Duque Gómez cita
algunas encuestas, entre ellas una realizada por Gallup entre el
5 y el 8 de agosto de 1999, en la cual un 68% de los colombianos
opinó que el gobierno no debe aceptar las exigencias de las
FARC; un 66% no está de acuerdo con el manejo pacifista del
gobierno; y un 55% aprueba la presencia de tropas extranjeras en
Colombia.
Un tema que no puede quedar al margen -que se vincula con lo que
fue planteado anteriormente- es el Plan Colombia. Si bien el gobierno
colombiano recibió fondos de EE.UU. para este plan, no se
han logrado resultados positivos en lo que respecta a la reducción
de la violencia y del narcotráfico.
UN CAMINO POSIBLE. El actual conflicto
con la guerrilla parece no tener una salida fácil. Por ello,
es probable que sean necesarias nuevas formas de encarar el problema
para lograr buenos resultados en el proceso de paz. Quizás,
uno de los principales pasos a seguir sea el centrarse en la búsqueda
del cese de la violencia.
Otro punto que no debe quedar afuera es tener en cuenta que en Colombia
también son necesarias ciertas reformas políticas,
tener instituciones más sólidas y una mejora en el
sistema electoral para permitir el desarrollo de un camino favorable
hacia la consolidación de la democracia. Sobre este tema,
debe tenerse presente que este tipo de cambios deberían iniciarse
lo antes posible, para poder lograr una diferencia visible en las
próximas elecciones generales que se realizarán en
el país durante el 2002.
Además, es importante retomar la dura realidad que debe afrontar
día a día la sociedad colombiana. Por ello, es de
gran relevancia que el cambio llegue y la población pueda
llevar una vida pacífica y segura en Colombia. Pero, para
que este cambio pueda efectuarse, es muy importante que la iniciativa
no parta sólo del gobierno, sino también de toda la
sociedad. De esta manera, la población estaría asumiendo
un compromiso y estaría mostrándose firme en la lucha
por recuperar la paz mediante el empleo de la vía pacífica.
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*Duque Gómez, Diana: "Zona de Despeje: Germen de Estado
Totalitario", Bogotá, 23/2/01. La autora nació
en Bogotá en 1957. Se graduó en Ciencias Políticas
y Administrativas en la Escuela Superior de Administración
Pública, ESAP. Obtuvo el título de Magistra en Estudios
Políticos de la Universidad Javeriana. Desde 1991, ha publicado
una columna de opinión en El Tiempo, La Prensa y El Nuevo
Siglo, respectivamente.
Marina L. Espósito es Asistente
del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
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