SITUACION GLOBAL. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tomaron giros inesperados en el 2000, contra un panorama de imprecedente cobertura mediática de la historia del chico balsero sobreviviente Elián González, quién fue entregado a su padre después de una larga batalla legal con parientes exiliados en Florida.
En respuesta a la presión ejercida por granjeros y empresarios norteamericanos para impulsar una reducción de las sanciones económicas contra la dictadura de Fidel Castro en la Isla, en octubre Estados Unidos aligeró el embargo -de 38 años- de comida y medicina hacia Cuba. Sin embargo, el prolongado control del caudillo en la isla se encontraba de cualquier forma menos disminuido. La represión a los medios independientes y otros disidentes de la sociedad civil continuaron, y la reducción de la política de emigración de Cuba aumentó la probabilidad de que se produzcan escapes de alto riesgo en balsa desde la isla.
Cuba también es el líder en el hemisferio occidental en la práctica de la pena capital, sólo sobrepasado en el mundo por Irán y la República Democrática del Congo.
Cuba logró la independencia de España en 1898 como resultado de la Guerra Hispano-Americana. La República de Cuba se estableció en 1902, pero estuvo bajo el tutelaje de los Estados Unidos con la Enmienda Platt hasta 1934. En 1959, el Movimiento 26 de julio de Castro -nombrado, luego de una temprana, fallida insurección- derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista, quién estuvo en el poder durante 18 de los anteriores 25 años.
Desde entonces, Fidel Castro ha dominado el sistema político cubano, transformándolo en un estado de un partido único. Las estructuras comunistas fueron institucionalizadas por la constitución de 1976 instalada en el primer congreso del Partido Comunista Cubano (PCC). La constitución hace referencia a una asamblea nacional que, en teoría, designa un Concejo de Estado el cual apunta a un Concejo de Ministros en sesión con su presidente, que funciona como cabeza de estado y jefe de gobierno.
En realidad, Castro es responsable de cada encuentro. Como presidente del Concejo de Ministros, jefe del Concejo de Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y primer secretario del PCC, Castro controla todo poder en Cuba. El PCC es el único partido autorizado, y vigila todas las entidades gubernamentales desde el nivel nacional hasta el municipal.
Desde el colapso en 1991 de la Unión Soviética, la cual ha subsidiado la economía cubana, Castro ha requerido inversión extranjera occidental. Más inversión ha venido desde Europa y Latinoamérica, pero esos fondos no han creado los $5 billones en subsidios soviéticos anuales. El gobierno declara que la economía en los últimos tres años se ha recuperado, pero el programa de austeridad del "período especial", involucrando drásticos cortes en el consumo de energía y el estricto racionamiento de comida y artículos de consumo, permanece.
La legalización del dólar estadounidense desde 1993, ha generado mayores tensiones sociales, ya que una minoría con acceso a los dólares desde el extranjero o traídos por la industria turística ha emergido como una nueva clase rica, mientras que la desesperación de la mayoría, que no cuenta con ese tipo de acceso, ha aumentado. En tanto, los salarios estatales han caído a $4 por mes o menos.
Por otra parte, el aumento de las acciones contra los disidentes pacíficos precedió al Quinto Congreso del PCC, realizado en octubre de 1997, como las elecciones el mismo mes de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Dos pequeñas explosiones de bombas en hoteles de La Habana el 13 de julio de 1997, también funcionaron como un pretexto para actuar contra los pacíficos grupos de oposición, a los cuales las autoridades cubanas intentaron vincular con actividades terroristas.
Ni el Quinto Congreso, en el que fue reafirmado el partido único, ni las elecciones nacionales del partido único, causaron sorpresas. Castro afirmó con orgullo que las encuestas indicaban que asistieron a las elecciones un 95% de los votantes, mientras que las críticos pensaron que la no participación podría ser considerada por las autoridades como disidencia, y mucha gente estaba asustada de las consecuencias de ser tan identificado.
Como resultado de la visita del Papa Juan Pablo II, entre el 21 y 25 de enero de 1998, el número confirmado de disidentes en prisión, cayó de 1.320 en 1996, a 381 a mediados de junio de 1998. Parte de la declinación se debió a la liberación de 140 de los 300 prisioneros por actividades políticas o crímenes comunes, cuya libertad fue solicitada por el pontífice.
En febrero de 1999, el gobierno introdujo una dura legislación contra la sedición, con una sentencia máxima de prisión de 20 años. Ésta comprende penas por el contacto no autorizado con los Estados Unidos y la importación o suministro de materiales "subversivos" - incluyendo textos acerca de la democracia - por nuevas agencias y periodistas. Un mes después, una corte usó la nueva ley para sentenciar a más de cinco años de prisión a cuatro conocidos disidentes. Castro aprovechó la ocasión del encuentro iberoamericano -el cual fue boicoteado por varios líderes latinoamericanos- para atacar a un pequeño grupo de disidentes y miembros de la prensa independiente.
A lo largo del 2000, las autoridades cubanas intimidaron y pusieron en prisión a periodistas independientes. Más de 15 fueron interrogados por los agentes de la Seguridad del Estado o puestos bajo arresto y otros 19 fueron forzados a exiliarse. En mayo, el gobierno sacó de la cárcel bajo libertad condicional a tres renombrados activistas antigubernamentales, quiénes junto a Vladimir Roca son conocidos como el Grupo de los Cuatro.
En octubre, más de 100 personas fueron detenidas alrededor de la isla para ser interrogadas.

DERECHOS POLITICOS Y LIBERTADES CIVILES. Los cubanos no pueden cambiar su gobierno bajo los términos democráticos. El 11 de enero de 1998, se eligieron los miembros de la asamblea nacional. Sólo 601 candidatos para el mismo número de bancas, mientras que a los grupos de disidentes u opositores se les prohibió presentar a sus propios candidatos. Sin embargo, la asamblea nacional cuenta con el derecho de poder legislativo. Cuando no está en sesión esta facultad es delegada a los 31 miembros del Concejo del Estado elegido por la asamblea y presidido por Castro.
Toda organización política y cívica fuera del PCC es ilegal. El disenso político, oral o escrito, es una ofensa punible, y esos que son castigados frecuentemente reciben años de prisión por infracciones menores. Hubo una sutil reducción de las restricciones en lo que respecta a la vida cultural; sin embargo, el sistema educacional, el sistema judicial, las uniones de trabajadores, las organizaciones profesionales, y todos los medios están controlados por el estado. Un pequeño grupo de activistas de los derechos humanos y periodistas disidentes, junto a una Iglesia Católica Romana obstruida, proveen el único reflejo de una sociedad civil independiente.
En Cuba el poder ejecutivo controla al judicial. Con respecto a la constitución de 1976, debe remarcarse que autoriza la concentración de poder en las manos de una persona, Castro, presidente del Concejo del Estado. En la práctica, el concejo sirve como un poder judicial de facto y controla las cortes y los procesos judiciales como un todo.
En 1999, el gobierno cubano mostró intenciones de mejorar la cooperación antinarcóticos entre la Isla y los Estados Unidos. En 1999, Cuba ejecutó al menos a 21 prisioneros con escuadrones armados, y en el 2000 mantuvo a otros 24 en la lista para ser ejecutados, en espera de una decisión final del Concejo del Estado en cuanto a su sentencia de ejecución. Dos de los que conforman la lista son de nacionalidad salvadoreña, quiénes fueron convictos de terrorismo luego de confesar el lanzamiento de bombas en 1997 contra hoteles en Cuba, hecho que produjo la muerte de un ciudadano italiano.
Cuba bajo Castro tiene una de las más altas tasas de encarcelamientos por ofensas políticas que cualquier otro país en el mundo. Hay varios miles de prisioneros políticos, la mayoría en celdas con criminales comunes y muchos convictos con cargos poco claros, tales como "diseminación de propaganda enemiga" o "peligrosidad". Hay reportes confiables acerca de la tortura de disidentes en prisión y en instituciones psiquiátricas, donde se encuentra una cierta cantidad de los arrestados en años recientes. Desde 1991, las Naciones Unidas han votado anualmente para asignar un investigador especial en derechos humanos a Cuba, pero el gobierno cubano se ha rehusado a cooperar.
En 1993, el vandalismo fue declarado como una forma de sabotaje, con un castigo de ocho años en prisión. Los grupos que se apartan del Estado son tildados de "criminales contrarrevolucionarios" y son sujeto de represión sistemática, incluyendo arrestos, palizas mientras están en custodia, confiscaciones, e intimidación por parte de uniformados o de la Seguridad del Estado.
La prensa en Cuba es el objeto de la campaña de intimidación ejercida por el gobierno. Periodistas independientes, particularmente esos que están asociados con cinco pequeñas agencias de noticias que ellos establecieron, han debido padecer una continua represión por parte de los agentes de Seguridad del Estado, incluyendo duras labores y ataques físicos mientras se encontraban en prisión. En un tiempo en que sus audiencias potenciales están aumentando, como resultado de Internet, cerca de 100 periodistas independientes han sido tildados de "contrarrevolucionarios" por las autoridades. Las agencias de noticias extranjeras deben contratar a reporteros locales a través de los oficiales de gobierno, lo cual limita las oportunidades de empleo para los periodistas independientes.
En 1999, en una ocasión Castro se refirió a 17 periodistas independientes por su nombre y dijo que eran conspiradores "contrarrevolucionarios" pagados por los Estados Unidos.
La libertad de movilizarse y el derecho a elegir la propia residencia, educación o trabajo, se encuentran bajo un severo control. Intentar dejar la isla sin permiso es una ofensa que es castigada. En agosto de 2000, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que Cuba no estaba siendo tolerante con un acuerdo de 1994 acerca de la migración de cubanos hacia Estados Unidos. En ese momento, el gobierno cubano les negó a más de 100 cubanos el permiso de salida dentro de un período de 75 días, pese a que esas personas contaban con visas otorgadas por los Estados Unidos. Ante esta situación, desde EE.UU. se dijo que la policía de la Isla estaba llevando a los cubanos a "arriesgar sus vidas en viajes desesperados por el mar, al negarles la posibilidad de emigrar en una forma segura, ordenada y legal."
Las autoridades cubanas no realizaron una adecuada investigación en lo que se respecta al hundimiento en julio de 1994 de un bote que transportaba al menos a 66 personas, de las cuales sólo 31 sobrevivieron, mientras intentaban escaparse de Cuba. Varios sobrevivientes alegaron que la embarcación se hundió porque estaba siendo perseguida y atacada por otros tres barcos cubanos que actuaban bajo órdenes oficiales. El gobierno negó cualquier tipo de responsabilidad, y dijo que la tragedia fue un accidente por acciones irresponsables de los que estaban a bordo. En 1999, Amnistía Internacional, citando lo que llama evidencia irrefutable e incluyendo testimonios de testigos presenciales, concluyó que la fuerza empleada por el gobierno cubano fue "desproporcionada" con relación a la naturaleza del crimen. Notó que "si los eventos ocurrieron de la manera descripta por varios de los sobrevivientes, los que murieron como resultado del incidente fueron víctimas de ejecución extrajudicial." Los que en Cuba conmemoraban la muerte, o que han protestado pacíficamente por el hundimiento, han sido intimidados y han debido afrontar persecuciones.
En 1991, a los católicos romanos y a otros creyentes se les permitió unirse al Partido Comunista, y la referencia constitucional al ateísmo oficial se quitó al año siguiente. La libertad religiosa ha significado pequeños avances. Los grupos religiosos afro-cubanos son cuidadosamente vigilados por oficiales cubanos. En la preparación para la visita papal en 1998, se permitieron las actividades de educación religiosa de la pastoral católica, y la Navidad fue celebrada por primera vez en 28 años.
En 1999, fue revelado que un año antes Castro había acordado en secreto un trato para permitir a 400 judíos, -que formaban parte de una pequeña comunidad religiosa de cerca de 1.500 personas- a emigrar a Israel.
En la era post-soviética, han sido reconocidos los derechos de los cubanos de tener propiedad privada y de participar en empresas junto a extranjeros. Los negocios no cubanos han sido también permitidos. Pero, en la práctica, hay pocos derechos para quienes no pertenecen al PCC. La membresía al partido todavía se requiere para obtener buenos trabajos y acceso real a los servicios sociales, incluyendo el cuidado médico y las oportunidades educacionales.
Muchos negros se han beneficiado con el acceso a la educación y cuidado médico básicos desde la Revolución castrista, y gran parte de la fuerza policial y de la armada alistó a personal negro.
Sin embargo, reportes confiables dicen que las deportaciones forzadas de ilegales y residentes sin permiso oficial para estar en La Habana, están en primer lugar dirigidas contra personas y familias de las provincias del este, las cuales son tradicionalmente áreas de poblaciones de razas mixtas o de negros.
Por otra parte, se calcula que cerca del 40% de las mujeres trabajan, y todas ellas están bien representadas en las profesiones. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es un problema, así como lo es la prostitución infantil.

Análisis realizado por The Freedom House para su publicación Freedom in the World. The annual survey of Political Rights and Civil Liberties 2000-2001 (Libertad en el Mundo. La encuesta anual de los derechos políticos y las libertades civiles 2000-2001). Traducción de Marina L. Espósito.