Por Franklin López Buenaño

Hace ya varios años leí un libro, cuyo título se me olvida pero su contenido todavía me repica en la memoria. El autor, Luis Hidalgo López, documentaba el exceso de leyes y reglamentos que existían en el país y concluía que un ecuatoriano violaba alguna ley, en promedio, diez veces al día. Hoy me permito replicar más datos obtenidos por el mismo Dr. Hidalgo, que me han llegado por esa maravilla que es el correo electrónico. Hay que divulgarlos, es importante conocer que la corrupción no es la causa de la inseguridad jurídica, es el resultado de la superabundancia de reglas, leyes, reglamentos, ordenanzas. Quizás algún día lleguemos a tener conciencia de que el orden nace, no se hace. Si las leyes no son el "encumbramiento" de la costumbre, son inútiles, pocos las respetan y terminan por estimular comportamientos perversos.
Según Hidalgo, "durante el año 2000, el sector público ecuatoriano, incluido las tres Funciones del Estado, el Sector Descentralizado y las entidades autónomas, han promulgado en el Registro Oficial la nada despreciable cantidad de 4826 Normas Legales entre normativa principal y secundaria y sentencias de casación y apenas se han derogado 127 normas" Si tomamos en cuenta el tiempo, esto equivale a una norma cada 24 minutos, 8 segundos laborables. En buen romance, cada media hora algún organismo estatal nos dice qué podemos y qué no podemos hacer.
Las consecuencias de esta proliferación de normas son funestas. En primer lugar, supone que el sector privado está representado una "cáfila de vivos a quienes hay que regular". Supone que los ecuatorianos no tenemos conciencia ni valores morales, ni espíritu de cooperación, ni nada por el estilo. ("Cada ladrón juzga según su convicción".) En segundo lugar, cada una de ellas otorga más "ventajas competitivas" a los burócratas, como aumenta su discrecionalidad aumenta su poder de extorsión; el soborno, la coima, son el precio que hay que pagar para reducir el impacto negativo de la ley. Es definitiva, se ha vuelto un buen negocio aquello de "crear dificultades para vender facilidades". Finalmente, no hay que olvidar que los que promueven la emisión de una ley y los que tienen el poder de emitirla obtienen "rentas" pecuniarias o políticas, a costa de la mayoría de una ciudadanía impávida e indefensa.
Continúa Hidalgo, es tal la abundancia de leyes que no hay mente humana, inclusive con la ayuda de la informática, capaz de manejar las más de cien mil (100 000) normas vigentes, que han creado serios problemas en al administración de justicia ordinaria o administrativa, "dejan en el aire principios tan importantes como la jurisdicción y la competencia, lo cual abochorna a los jueces que son acusados injustamente de negligencia o corrupción; que la gestión de los propios servidores públicos se ve afectada por las interpretaciones del Órgano de Control Fiscal; que a las actividades productivas les es físicamente imposible desarrollar una acción conservadora producto de larga experiencia en el mercado; que los abogados asesores públicos y privados no se animan a dar su "opinión jurídica" en casos específicos por el temor al equívoco, etc."
Concluye el autor de tan importante nota postal, el resultado es la INSEGURIDAD JURÍDICA. "Es lamentable evaluar la eficiencia normativa del sector público. Nada soluciona. Se trata de una eficiencia desperdiciada. Sus efectos complican el Laberinto Legal y acrecienta la Inseguridad Jurídica en el País, a la misma velocidad de la eficiencia desplegada."
Si a la maraña legal, añadimos lo que habíamos calculado y presentado hace varias semanas, un sector público que acapara el 71 por ciento del Producto Interno Bruto, nos lleva a concluir que solo hay una alternativa: REDUCIR EL TAMAÑO DEL ESTADO. Y esto significa, eliminar dependencias públicas, suprimir erogaciones y gastos en asesorías nacionales e internacionales, derogar leyes, reducir y simplificar impuestos, transferir responsabilidades a instituciones de persuasión moral, consagrar los derechos a la propiedad privada de los que viven de los recursos del mar. Pero cada una de estas instancias tiene beneficiarios cuyos intereses se verían afectados. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Franklin López Buenaño es Profesor en la Universidad de New Orleans.