Por Carlos Alberto Montaner

Dos veces el gobierno uruguayo se la ha jugado frontalmente junto a los demócratas cubanos: en los sesenta, bajo la presidencia de Washington Beltrán, y ahora durante el gobierno de Jorge Batlle. En los sesenta, Beltrán, asqueado por la ola de fusilamientos que ensangrentaba a Cuba, envió un simple comunicado: "si se produce otro de estos crímenes, Uruguay rompe relaciones con La Habana". Y cumplió su palabra. El gobierno cubano siguió matando y Uruguay cortó sus vínculos con Cuba.
Ahora, como entonces, se trata de la violación de los Derechos Humanos en la Isla, asunto que debía ser ventilado en Ginebra ante la comisión de la ONU que investiga las denuncias, pero no resultaba sencillo que un país tomara la iniciativa, puesto que el gobierno cubano inmediatamente desata campañas de insultos y se alía con sus cómplices locales ?esos estalinistas irredentos que hay en todas partes? para intentar desestabilizar a quien se atreva a desafiar al viejo dictador cubano. Durante los últimos tres años los checos, muy gallardamente y con éxito, habían encabezado el empeño, pero la cancillería de Praga, sin grandes recursos para moverse por el mundo, ya mostraba síntomas de fatiga, y esperaba que las democracias latinoamericanas asumieran el liderazgo en un tema que, al fin y al cabo, pertenecía a este ámbito cultural y político y no al de Europa central. Bastante ya habían hecho los checos. Hacía falta un reemplazo.
Ahí fue cuando Uruguay dio un paso al frente. Y no porque se lo hubiera pedido el Departamento de Estado norteamericano, como falsamente afirma la dictadura cubana, sino porque el presidente Jorge Batlle es un demócrata consecuente, capaz de articular y defender con elocuencia una secuencia de preguntas y argumentos irrebatibles: "¿Pertenece o no Uruguay a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿Queremos o no un continente latinoamericano en el que se respeten los derechos humanos? ¿Pertenece Cuba a la ONU y está obligada a cumplir los tratados que firma? ¿Hay o no denuncias e indicios de que en Cuba se violan esos derechos? ¿Por qué no pedir, entonces, que un relator de Naciones Unidas visite la Isla y compruebe la veracidad o la falsedad de lo que alegan las presuntas víctimas?". Afortunadamente, en el pasado, los gobiernos de los presidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti ?uno "blanco" y el otro "colorado"? cuando tuvieron que manifestarse sobre el tema también votaron a favor de los demócratas cubanos. Batlle, sin embargo fue más allá: asumió sin miedo el liderazgo de América Latina.
Y lo hizo con tino. La resolución, sobria y equilibrada, absolutamente respetuosa, era un documento perfecto que no prejuzgaba nada: se limitaba a pedir una indagación. Varios países del hemisferio se le unieron enseguida ?Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala, y Perú entre ellos?, pero el de más peso acaso haya sido Canadá, estado que rara vez se alinea bajo propuestas de naciones latinoamericanas, tras cuya firma comparecieron las de Australia y Estados Unidos. Faltaban, sin embargo, dos países clave sobre los que la diplomacia y los servicios secretos cubanos ?dos brazos del mismo organismo? habían puesto toda la presión para tratar de neutralizarlos: México y Chile. La estrategia cubana era obvia: cobrarles un precio muy alto en desórdenes y crisis interna para obligarlos a abstenerse. Castro sabía que el prestigio de Chile y de México ?especialmente tras la llegada a ambos países de la democracia plena?, alineados frente a su gobierno, significaba un durísimo golpe contra el ya casi inexistente prestigio de la revolución cubana. Pero tanto el propio Fidel Castro como el canciller cubano Pérez Roque le habían asegurado a la cúpula dirigente que ellos habían conseguido poner de rodillas a los dos países: "los tenemos cogidos por ahí mismo" le dijo Pérez Roque a un diplomático latinoamericano mientras cerraba el puño a la altura de la entrepierna.
Pero se equivocaba el nada sutil canciller cubano. Tanto México como Chile tienen un compromiso muy serio con la defensa de los Derechos Humanos y no parecen estar dispuestos a sacrificar principios y valores como consecuencia de la extorsión a que trata de someterlos el gobierno cubano. Castañeda había sido muy firme cuando declaró que el México de Fox no tenía relaciones con la revolución sino con el Estado cubano, y eso incluía al conjunto de la sociedad, del que, naturalmente, no es posible segregar a los demócratas que dentro de la Isla son víctimas de la represión del régimen castrista.
México y Chile, pues, debían ser coherentes y sumarse decididamente a la iniciativa uruguaya y votar junto a casi todos los países latinoamericanos y todas las grandes democracias del primer mundo. Por otra parte, resultaba muy sano que los asuntos que afectaban a la comunidad latinoamericana fueran examinados a pedido de los propios países de nuestro ámbito cultural y no como consecuencia de iniciativas de Estados Unidos o la aún más lejana aunque siempre solidaria República Checa. La resolución uruguaya no sólo era un acto de justicia y de coherencia ética, sino también una prueba de madurez. Ya era hora de que los latinoamericanos llevaran la voz cantante.