Por Héctor Ñaupari

De acuerdo con la mitología griega, Danastes, el mítico posadero de Eleusis, era apodado Procusto - que significa "el estirador" - pues, deseoso de que sus huéspedes más altos estuviesen cómodos en sus lechos, les cortaba la porción sobresaliente de sus miembros hasta asegurarse que éstos tuvieran su medida exacta; a los más bajos les ataba grandes pesos a los pies hasta que alcanzaban la estatura justa del lecho. Fue Teseo, el héroe, quien dio al singular posadero el trato dispensado a sus clientes. Los griegos también nos trajeron el mito de Sísifo, quien había sido cruelmente condenado por los dioses por haberlos engañado al escapar de los infiernos a empujar una enorme piedra con la fuerza de sus brazos para ver, atardecer tras atardecer, como la roca caía y volvía al mismo sitio, debiendo cada mañana empezar nuevamente su labor.
Hemos traído estas leyendas a colación porque tal parece que las perspectivas del Perú, con la asunción del economista Alejandro Toledo a la Presidencia de la República, son las de pendular entre los mitos de Sísifo y Procusto. Es decir, entre padecer la enésima vuelta del populismo - que toma ahora un rostro andino - y proseguir con la modelación de las libertades económicas y políticas al lecho procusteano del poder. El Perú que recibe Alejandro Toledo y su gabinete "de todas las sangres" presidido por el abogado Roberto Dañino, es un país al cual sus anteriores gobiernos, como a los huéspedes del mítico posadero griego, obligaron a adecuarse entre el estancamiento y el salto al vacío. En lo económico, el Perú padece desde 1997 una larga recesión con elevados índices de desempleo debido al prolongado déficit fiscal - ocasionado por el sobre gasto del Estado durante la última década - que fue financiado con los fondos de la privatización, y luego de la depredación de éstos por el gobierno anterior, únicamente con impuestos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la actividad productiva nacional registró una caída de 1,7% durante el primer semestre de este año. Esa caída se explica principalmente por la contracción de importantes sectores productivos como el agropecuario (2,1%), pesca (1,2%), manufacturas (1,8%) y comercio (1,1%). Sin embargo, el sector que impulsó la caída del conocido producto bruto interno (PBI) es el de la construcción, que acumuló una contracción de 11,2% en los seis primeros meses del año. En lo político, el Perú continúa careciendo de un reconocimiento mínimo de derechos fundamentales - como el derecho a la propiedad y a un sistema de justicia transparente y eficiente, fundamentales para que una economía de mercado germine y se desarrolle - los cuales, como toda la organización política del país, han estado sujetos a los caprichos de sus líderes. En ese sentido, cerca del 60% de los peruanos tienen todavía sus viviendas sin sus respectivos títulos de propiedad. Los costosos proyectos realizados por el gobierno de Alberto Fujimori, la Comisión de Formalización de la Propiedad - COFOPRI - y el Programa de Vivienda Familiar - PROFAM - solo alentaron la especulación de los terrenos, crearon nuevos tramites que encarecieron aun más los costes de los títulos de propiedad y fueron utilizados políticamente, con el fin de asegurar la ilegal tercera elección del hoy prófugo ex mandatario. Un porcentaje aún mayor de peruanos desconfía del Congreso de la República y del Poder Judicial, desconfianza que se ha acentuado debido sobre todo al corrupto manejo que de esos poderes hiciera el otrora poderoso asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Con estos antecedentes, el nuevo gobierno del Perú enfrenta dos círculos viciosos - el económico y el político - los cuales le es preciso romper para salir de la pobreza y dar los primeros pasos hacia la prosperidad. Sin embargo, las primeras señales y medidas dadas a conocer por Alejandro Toledo y sus ministros generan más de una suspicacia y reducen el beneficio de la duda - la mentada "luna de miel" entre el pueblo y el gobernante - que se da al primer gobierno elegido a través de un proceso electoral intachable en ocho años en el Perú. El Ministro de Economía, el financista internacional Pedro Pablo Kuczinsky ha anunciado que no habrá recorte de impuestos, y que tan sólo se realizará el recorte de un 2% al impuesto a la renta, de 18% a 16% durante el 2002, y que el 2003 se disminuirá otro punto porcentual. También anunció que el Impuesto Extraordinario a la Solidaridad y el Impuesto a los Activos serán totalmente eliminados, pero sólo al término del período gubernamental, en el 2006.
De otro lado, la anunciada desactivación del Ministerio de la Presidencia - que fagocita el 25% del Presupuesto Nacional, siete mil millones de soles - se realizará totalmente en el 2003. Pero esta desactivación es sólo en el papel, pues todos los programas del Ministerio de la Presidencia no serán desactivados, sino que serían transferidos a los gobiernos regionales y locales. En otras palabras, los ciudadanos seguirán pagando los costos de esos programas, pero ya no al Estado, sino a las regiones y municipios del Perú. Del mismo modo, el anuncio hecho sobre lo que en apariencia significaría reducir los Ministerios de Agricultura, Minería, Pesquería e Industria, no resiste el menor análisis cuando el verdadero objetivo es "unificar" esos Ministerios en un solo - y enorme - Ministerio de la Producción.
Además, se sigue la vieja tradición populista de encontrar la solución de cada uno de los problemas del país - los que existen y los vendrán - con la creación de un nuevo ente burocrático. De este modo, se ha anunciado la creación de nuevas entidades públicas con rango ministerial como el Consejo Nacional de la Descentralización, el Consejo Nacional de la Juventud y el Consejo Nacional del Deporte, todos ellos con presencia en el Gabinete y directamente dependientes del Presidente, tal como mencionó en su Mensaje a la Nación. Si en términos reales se mantiene el mismo nivel de gasto publico, y aún más éste va a incrementarse con las entidades que se irán creando, es lógico pensar que las tímidas reducciones tributarias no sirvan de nada y que el déficit fiscal no sólo no se reduzca sino que se incremente. Esto resulta sumamente desalentador en cuanto a expectativas de crecimiento, y refleja una grave irresponsabilidad, sobre todo teniendo el cercano ejemplo de la crisis de Argentina, debido justamente al mismo problema.
De otro lado, los problemas políticos del Perú siguen sin resolverse debido a que los partidos y movimientos representados en el Congreso ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en el número de comisiones parlamentarias que deben existir, y mucho menos en quién debe presidir cada comisión. Por el contrario, los representantes nacionales han estado más interesados en disputarse oficinas y en exponerse al ridículo y la figuración antes que atender los requerimientos de la población. Según una reciente encuesta de APOYO, la ciudadanía es favorable a la adopción de medidas de apertura política y de reconocimiento de derechos. Por ejemplo, el 82% de los peruanos piensa que el voto debe ser voluntario y un 79% piensa que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben tener derecho al voto. Ninguna de estas medidas ha sido expuesta en el mensaje presidencial del 28 de julio y no figura en la agenda de ningún parlamentario.
Para romper esos círculos viciosos y enfrentar serena y enérgicamente la crisis, se requieren un conjunto de indispensables y valientes medidas que el gobierno peruano debería implementar inmediatamente. En el campo económico, se debe cortar el nudo gordiano del déficit fiscal. Ello requiere realizar una inmediata y drástica reducción del aparato estatal con la consecuente liquidación de, por lo menos, la mitad de los ministerios actualmente existentes y, simultáneamente, la eliminación de todos los impuestos con excepción del impuesto a la renta. Una tercera medida en ese sentido es la real desactivación del andamiaje burocrático creado por la dictadura de Alberto Fujimori, liquidando para comenzar todos los organismos paralelos a los democráticamente elegidos y que fueron creados ex profeso para garantizar la permanencia del régimen autoritario, centralizando su poder. Estas medidas permitirían movilizar y recapitalizar la economía, hoy recesada, crear nuevos empleos y generar ahorro entre la población, el que actualmente no existe.
Asimismo, se debe liquidar el Banco Central de Reserva y reemplazarlo por una Caja de Conversión de Monedas, que permita la competencia entre las mismas y elimine la intervención del Estado en los tipos de cambio y la inyección de dólares al mercado, lo que durante la última década sirvió al propósito político de inventar un crecimiento cosmético, artificial e inexistente, y que era en realidad administrar una aspirina para enfrentar un cáncer. Deben eliminarse los aranceles y desactivar la Superintendencia Nacional de Aduanas a fin de promover el comercio externo, otra de las actividades económicas recesadas hasta el día de hoy.
Del mismo modo, debe procederse a la privatización de las empresas públicas que queden por privatizarse. A fin de realizar una privatización transparente e incuestionable, ésta debería llevarse a cabo mediante la modalidad de la subasta pública y la participación de los trabajadores de dichas empresas a través del sistema de accionariado difundido. También podría concedérseles un porcentaje de acciones proporcional al de sus años de servicio, con la eventualidad de que podrían dirigir o, cuando menos, participar en la gestión de la empresa privatizada. En cuanto a los servicios públicos de salud y educación, éstos deberían ser concesionados al sector privado, permitiendo al mismo tiempo que amplios sectores de la población puedan elegir el mejor servicio médico y educativo para ellos y sus hijos. Estas medidas promoverían el empleo y la competencia entre médicos y profesores, y no una medida populista, como el artificial aumento de sus sueldos lo que sido anunciado recientemente por el Presidente.
Las medidas políticas no deben detenerse en la tarea que se ha fijado el jefe del Gabinete de "crear una estrategia jurídica para someter a la justicia a Alberto Fujimori". Es evidente que restablecer la confianza en un Poder Judicial probo e independiente o en un Congreso que funcione en torno a propuestas consensuadas toma tiempo. También, establecer el voto voluntario y el de los militares y policías. Pero sobre todo se debe realizar de una vez esa propuesta angular de Mario Vargas Llosa pendiente desde 1990: hacer del Perú un país de propietarios. En consecuencia, la reducción de todos los costes de la legalidad, pero en particular los de la titulación de la propiedad, debería ser la meta del gobierno de Alejandro Toledo en el 2006.
Sin duda, todas estas medidas requieren una gran dosis de audacia, valentía y decisión. La responsabilidad de Alejandro Toledo y su gabinete es enorme. Pero si enfoca sus acciones en que los derechos y expectativas de los peruanos no los resuelve el Estado, sino la liberación de su energía creadora, entonces habrá logrado un estupendo gobierno. Todavía está a tiempo.

Héctor Ñaupari es abogado, catedrático de Derecho en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y miembro del Consejo Editorial de la Revista Electrónica Libertaria ACRATA, y coordinador para Perú de International Libertarian Network.