Contraste entre dos países: docentes en Alemania sin derecho a huelga
Edgardo Zablotsky

Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago, 1992. Rector de UCEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.



En mayo pasado tuve la oportunidad de visitar Alemania invitado por la Fundación Friedrich Naumann. Su realidad educativa no puede contrastar más con la que sufre nuestro país. Como muestra sirve un botón, una nota publicada hace pocas horas en Ámbito Financiero reporta que "los maestros, policías, bomberos y demás empleados públicos (en Alemania) no tienen derecho a huelga. Así quedó establecido luego que un fallo desestimó un recurso presentado por cuatro docentes que sufrieron una sanción disciplinaria luego de participar de protestas y paros en su horario de trabajo".
 
Hace poco más de un mes, el presidente Mauricio Macri definió, mediante un decreto, la composición de la Comisión de Garantías. La misma tiene a su cargo establecer que, cuando por un conflicto colectivo de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
 
Un ejemplo concreto se presentó pocos días después frente al conflicto que paralizó el servicio de subterráneos, al plantearse la posibilidad que el gobierno nacional impulsase declarar al transporte como un servicio público esencial.
 
Frente al nuevo paro docente, en el ya muy golpeado ciclo lectivo de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, líder de Suteba, amenazó: "si no hay novedades vamos a profundizar las medidas de fuerza". Mirta Petrocini, líder de la Federación de Educadores Bonaerenses, agregó: "Si esta situación no se modifica y el gobierno provincial continúa sin llamar a la paritaria, si insisten con el 15% de aumento, sin cláusula gatillo, se podría no iniciar las clases luego del receso de invierno", ¿no debería plantearse la posibilidad de definir la educación como un servicio público esencial y reglar de esa forma el derecho de huelga? Es claro que sí.
 
El futuro de nuestros niños es lo que está en juego, fundamentalmente de aquellos que menos tienen y, por ende, más necesitan. De lo contrario la supuesta igualdad de oportunidades, que brinda la educación de excelencia para todos, no será más que una utopía.
 
No necesitamos remitirnos a la realidad de un país del primer mundo como lo es Alemania, reconstruido física y moralmente luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Veamos sino la evidencia provista por Ecuador, donde en 2008 se reformó la Constitución Nacional incorporando a la educación como servicio público, prohibiendo por ende su paralización. La nueva Constitución, en su capítulo 4, sección segunda, artículo 35, inciso 10, señala: "Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes".
 
No hace falta reinventar la rueda, es imprescindible que, más allá de los justos reclamos docentes, los líderes sindicales no puedan volver a utilizar a nuestros niños de rehenes. De impulsar el gobierno del presidente Macri la definición de la educación como un servicio público esencial, estaría dando otro fuerte impulso a la revolución educativa que requiere nuestro país.
 

Publicado en Ámbito Financiero.
 

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