Fetichismo por la gasolina en Venezuela
César Yegres Guarache

Economista. MSc en Finanzas. Profesor universitario. Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cumaná. Mención especial, Concurso Internacional de Ensayos: Juan Bautista Alberdi: Ideas en Acción. A 200 Años de su Nacimiento (1810-2010), organizado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


@YegresGuarache / cyegres@udo.edu.ve




Uno de los tópicos más emblemáticos de la colosal irresponsabilidad de la dirigencia política venezolana de las últimas décadas ha sido el del precio interno de los combustibles. De algún modo, se transmitió a la población el mensaje de un supuesto derecho adquirido de consumir combustibles baratos por ser un país petrolero. En efecto, podría argumentarse que la posesión de cuantiosos haberes de hidrocarburos y una industria petrolera consolidada (y sus consecuentes economías de escala) además de una política tributaria interna específica favorecen a esa reducción de precios relativa respecto a naciones que carecen de ellas. De hecho, en casi ningún país petrolero se venden los combustibles a precios superiores a la media internacional.
 
Sin embargo, la explotación de tales ventajas comparativas se ha llevado al absurdo en Venezuela y desde hace varios años el precio interno de la gasolina es el más barato del mundo, ocasionando brutales consecuencias como un excesivo consumo, contaminación ambiental, tráfico automotor, deterioro de la infraestructura vial y de las estaciones de servicio, desestímulos para fuentes energéticas alternativas, pérdidas contables y económicas para la industria petrolera y la nación toda, distorsiones de precios relativos e incentivos para el arbitraje y el contrabando.
 
Este fenómeno no es nuevo en Venezuela, pero indudablemente ha llegado al paroxismo con los gobiernos de Chávez y Maduro desde 1999, con el agravante de la destrucción operativa y financiera de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa). Parte del anecdotario que sirve para la inepta narrativa oficial ha sido la de catalogar a los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 (una revuelta masiva de disturbios que se iniciaron en Caracas, el “Caracazo”, y se extendieron a varias ciudades del país, con un saldo trágico de pérdidas humanas y materiales) como consecuencia directa del incremento del precio de la gasolina que se aplicó entonces, cuando los análisis permiten concluir que hubo allí muchos factores que se conjugaron y no han vuelto a repetirse.
 
Chávez arribó al poder en febrero de 1999 y nunca modificó el precio de venta al público de la gasolina -fue una de sus promesas de campaña electoral- a pesar de que en sus 14 años de gobierno la tasa de inflación acumulada fue de 1500%. Maduro, por su parte, ha subido ese precio únicamente en febrero de 2016, pero no ha servido de mucho en un escenario de hiperinflación, donde el índice de precios al consumidor se ha multiplicado por un factor de 77.400 en sus 5 años y medio en el poder.
 
Al momento de escribir estas líneas la situación que justifica otro incremento no podía ser más desoladora. Con el precio vigente, Pdvsa le entrega de forma gratuita el combustible a las estaciones de servicio y dinero para que éstas puedan pagarle a su personal y venderle al público al precio subsidiado. Eso que se paga finalmente al surtir el vehículo es absolutamente irrisorio: una botella de refresco (bebida gaseosa) de 2 litros en bolívares equivale a 3 millones de litros del más alto octanaje. Sí, son 3 millones de litros.
 
Venezuela está a las puertas de otro incremento del precio de la gasolina, pero todo apunta que se hará con un diseño ineficiente, sin considerar las recomendaciones de organismos multilaterales ni las experiencias favorables de otras naciones petroleras. A partir del 24 de septiembre pretende aplicarse en las estaciones de servicio un sistema automatizado de cobro, a manera de prueba piloto, como preámbulo a las nuevas condiciones de venta.  Hay muchos rumores y la confusión entre los consumidores venezolanos es general. No se conocen los nuevos precios, si habrá alguna limitación para la compra ni las modalidades de pago, en un país donde escasea hasta el dinero en efectivo. Lo único cierto son los mensajes públicos que señalan la inminencia del ajuste del precio, la necesidad de acabar con el contrabando y una posible discriminación en cantidad y precio para algunos consumidores, mediante el denominado “carnet de la patria” (un instrumento de identificación ciudadana, paralelo a la oficial cédula de identidad, que el Gobierno dice emplear con fines de facilitar la entrega de subsidios y diversos planes sociales, pero que ha sido denunciado por la oposición como un mecanismo de chantaje y control social).  Ya vemos que este fetiche es como la energía misma: sólo se transforma. 
 

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