Venezuela, el factor español
Alvaro Vargas Llosa
Director del Center for Global Prosperity, Independent Institute. Miembro del Consejo Internacional de Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


Una parte del destino político venezolano parece jugarse en España desde hace algún tiempo. La decisión del gobierno español de promover un nuevo diálogo entre la dictadura de Nicolás Maduro y la resistencia democrática -y buscar respaldo para ello en la Unión Europea- no hace sino reforzar esta percepción.
No es difícil entender por qué España está en ese lío. Por lo pronto, en los últimos años una incesante riada de venezolanos se ha instalado en suelo español, algo que hubiera ocurrido en cualquier caso pero a lo que la simpatía del anterior gobierno de España por la oposición democrática venezolana muy probablemente contribuyó. No es difícil encontrarse venezolanos en las principales ciudades españolas; el espectro social, que antes era reducido y abarcaba a venezolanos más o menos pudientes y un sector de clase media, hoy es muy amplio. El efecto económico se siente en algunas áreas, por ejemplo la inmobiliaria: el precio de la vivienda en Madrid ha registrado el impacto de un gran número de venezolanos con capacidad adquisitiva que han invertido en propiedades.
Si a eso sumamos los lazos naturales entre España y América Latina, carece de sentido pretender que España no sea un actor participativo en la comunidad internacional en la cuestión de Venezuela. Hasta el cambio de gobierno ocurrido hace cuatro meses, había en España algo así como una postura “bifronte”: por un lado, la del gobierno del Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy, muy crítico de Caracas y determinante en la decisión de la Unión Europea de aplicarle sanciones a partir de finales del año pasado, y por el otro la de una figura marginal en su propio partido, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que sin embargo, gracias a su relación con Nicolás Maduro y compañía, y con algunos gobiernos latinoamericanos tanto de la izquierda carnívora como de la vegetariana, lograba hacer un contrapeso a Rajoy, actuando desde una diplomacia paralela, informal, a favor de objetivos distintos de los oficiales.

¿Cuál era el objetivo de Rodríguez Zapatero? El mundo de las motivaciones humanas me resulta siempre algo misterioso, pero lo que es evidente es que el resultado de sus gestiones favorecía la permanencia del régimen chavista y debilitaba la unidad de la oposición, lograda con tanta dificultad en 2010, pero puesta a prueba con salvaje agresividad por un Maduro que empleaba, con la ayuda material y estratégica de Cuba, todos los métodos represivos para reducir a la insignificancia a sus críticos y promover a opositores dóciles.
Poco después de la masacre de decenas de venezolanos a manos del gobierno durante la represión de las protestas populares de febrero de 2014 y el encarcelamiento de opositores en todo el país, surgió, como suele ocurrir cuando estos regímenes reciben críticas internacionales, la propuesta de un “diálogo” entre el oficialismo y la oposición (Cuba lo ha hecho muchas veces). Allí es cuando se hizo útil Rodríguez Zapatero, un resurrecto expresidente cuya contribución a la crisis española de hace una década y cuya marginalidad en el propio Partido Socialista Obrero Español habían desaparecido de la vida pública. En evidente coordinación con Caracas, Zapatero empeñó tiempo y esfuerzo en el “diálogo”.
No es poco lo que estos esfuerzos consiguieron: otros expresidentes salieron de la jubilación para sumarse a ellos (especialmente el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández). A su vez, entidades espectrales como Unasur se corporizaron rápidamente para dar señales de vida real y se plegaron a la operación dialogante. Todo esto acabó por arrastrar al propio Vaticano, que decidió “acompañar”, con el envío de un representante, las gestiones para promover una negociación.
No haré la penosa cronología de lo que sucedió desde marzo de 2016, cuando se iniciaron formalmente las conversaciones entre la dictadura y la oposición en Santo Domingo, hasta febrero de 2018, cuando todo entró, según palabras del Presidente de la República Dominicana, en “un receso indefinido”. Basta con decir que en ese lapso, mientras interpretaba una ópera bufa en la República Dominicana con el auspicio de Zapatero y compañía, la dictadura acabó con los pocos vestigios de institucionalidad republicana que quedaban en el país y procedió a la demolición de cualquier posibilidad de una salida pactada usando métodos brutales que escandalizaron a la comunidad internacional. Hasta entonces, esa comunidad internacional había mantenido, con notables excepciones, una actitud sumamente pasiva frente al país llanero, pero los hechos la obligaron a tomar posición. Mientras el país se hundía en la miseria y cientos de miles de ciudadanos huían como podían hacia diversos destinos, el gobierno perseguía a civiles y militares críticos, echaba más candados a los poderes del Estado, reemplazaba la Asamblea Constituyente por una entidad instrumental llamada Asamblea Nacional Constituyente, se dedicaba a una corrupción aun mayor de la ya conocida, fortalecía sus vínculos con el narcotráfico y hacía reelegir a Maduro por otros seis años, ante la estupefacción, incluso, de la izquierda vegetariana (véase, por ejemplo, la toma de distancia del gobierno de Michelle Bachelet, que había formado parte, junto con Bolivia, Nicaragua y México, del grupo de países “observadores” de las conversaciones de la República Dominicana).
Estos son, pues, los antecedentes de lo que acaba de suceder en España, donde el nuevo gobierno, de signo político muy distinto al anterior, ha descolocado a la resistencia democrática venezolana con una propuesta de diálogo que ha llevado al seno mismo de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por encargo del Presidente Pedro Sánchez, pidió esta semana a la Unión Europea, durante una reunión en Luxemburgo, que promueva un nuevo proceso negociador. Madrid no ha solicitado el levantamiento de las sanciones contra Venezuela todavía: sabe que no hay en la UE ánimo para semejante cosa y que tanto la oposición española como la oposición venezolana se movilizarían para tratar de impedirlo. Pero una propuesta de negociación en un contexto como el actual lleva implícito un cambio de actitud por parte de quien la hace que solo puede entenderse como el inicio de un camino que conduzca al fin de las sanciones. Podría defenderse, retóricamente, la idea de que ello solo ocurriría si hubiera concesiones reales de parte de Maduro y compañía, pero la concesión que importa hoy no es la de soltar a algunos presos políticos o preparar unas nuevas elecciones que volverá a ganar quien las controla, sino una transición democrática que pasa por la salida del chavismo del poder. La alternativa es dejar que siga la catástrofe humanitaria.
Madrid sabe que Maduro y Cuba han llevado las cosas a un punto de no retorno en Venezuela. Por tanto, el subtexto de la gestión española no es otro que la pretensión de adecentar un poco los métodos del impresentable chavismo, haciéndolo menos indefendible y así justificar un cambio de política por parte de Europa.
Que la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, haya afirmado que la política de la UE, incluidas las sanciones, se mantendrá, ha devuelto algo de tranquilidad, momentáneamente, a los demócratas venezolanos. Pero la influencia de Madrid en Europa cuando se trata de asuntos latinoamericanos es más o menos significativa; por tanto, se ha abierto un frente que no existía. La postura de Madrid a favor del diálogo ya está teniendo un desarrollo: cuenta con un actor diplomático, el secretario de Estado de Coo-peración Internacional y para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, que se propone visitar Caracas con frecuencia para materializar el propósito de su gobierno.
¿Qué sucede? ¿Por qué el gobierno de Sánchez, que conoce tan bien como el que más la tragedia que han infligido Maduro y el chavismo a su país, emprende ahora esta estrategia que solo dará oxígeno a la dictadura, dividirá aun más a la oposición y confundirá a algunos sectores de la comunidad internacional? Una parte de la razón detrás de esta operación diplomática tiene que ver con Podemos, es decir, la extrema izquierda española, cuyos vínculos con el chavismo han sido a lo largo de los años materia de amplia información y documentación. El gobierno español solo cuenta con una bancada socialista de 84 parlamentarios en un Congreso de los Diputados donde hay un total de 350 escaños. Aunque también depende para sostenerse, hasta que acabe la presente legislatura, de los votos del nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, para los asuntos venezolanos lo que importa es que Podemos juega un papel de primer orden como sostén principal del gobierno en minoría. Además de la capacidad de presión de Pablo Iglesias y Podemos, hay otro elemento a tener en cuenta: la inclinación del propio Sánchez. La versión del socialismo que encarna el actual Presidente español está más cerca de Rodríguez Zapatero que de Felipe González (quien, por cierto, ha expresado de manera categórica que “el tiempo del diálogo ya pasó” y que solo sirvió “para ayudar a Maduro y la dictadura”). Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, está, en términos ideológicos, bastante más en la órbita de González que en la de Sánchez (también lo está en términos generacionales, lo que contribuye a lo anterior), no se va a oponer a la decisión de propiciar un diálogo porque crearía un conflicto interno de grandes proporciones.
Para Borrell sería muy difícil pedir abiertamente el levantamiento de las sanciones contra Caracas (que por lo demás son bastante superficiales y solo afectan a un pequeño grupo de dirigentes de la dictadura, aparte de la prohibición de venta de armas). Por ahora no lo tiene que pedir, pues en esta etapa preliminar la idea es sentar a las partes y luego negociar eso y otros asuntos. ¿Qué asuntos? No se dice, pero en ningún caso Sánchez e Iglesias piensan en la salida del poder de Maduro, pues si ese fuera el objetivo, esa misma sería la propuesta que habrían puesto sobre la mesa: negociar una transición democrática. Madrid no ha pedido eso.
El argumento que ha utilizado el gobierno español es que la línea alternativa al diálogo no ha logrado nada. En principio, no le falta razón: allí está la dictadura, sin dar por ahora señales de derrumbarse a pesar de que nueve de cada 10 venezolanos la repudian y de que a gran parte de la comunidad internacional la tiene en contra. Pero tumbar a un régimen de esta naturaleza es siempre arduo, costoso y lento. Y una premisa para conseguirlo es que haya, dentro y fuera del país, un frente unido en la búsqueda del objetivo: conseguir que el dictador abandone el poder y se inicie una transición a la democracia. Muchas cosas conspiran contra ello todavía. A partir de ahora, hay una más.

Publicado en La Tercera.
 

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