Federalismo competitivo
Gabriela Calderón de Burgos
Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.



Ayer se conmemoró la Revolución Americana, evento que inspiró a muchos próceres de las independencias en Latinoamérica. Hoy se conmemora la independencia de Venezuela, proclamada por el Congreso de la “Confederación Americana de Venezuela”. En 1824 se expide la primera constitución de los “Estados Unidos Mexicanos”, basada parcialmente en la Constitución de EE.UU. Posteriormente, en 1830 nace el “estado Ecuador” con una constitución que dice este lo conforman los departamentos de Azuay, Guayas y Quito. Posteriormente, nace la Argentina moderna con la constitución de 1853 como la “Confederación Argentina”. Todos eran admiradores del modelo americano y pretendieron emular su sistema de gobierno federal. ¿Qué pasó?
El federalismo significa cosas distintas para distintas personas. Pero, en el sentido clásico, este es la unión de estados iguales entre sí, cada uno reservándose el derecho de conformar su propio gobierno electo, el cual retendría todos aquellos poderes no delegados al estado central. Este último recibiría de los estados la competencia sobre la política exterior, la seguridad externa, la política comercial internacional y pocas atribuciones más. En este modelo, el gobierno nacional debe tener el poder para prohibir cualquier barrera al libre flujo de personas, capitales y bienes entre los estados miembros. Bajo este modelo, los miembros pueden competir entre sí adoptando diversas regulaciones y políticas tributarias, introduciendo de esta manera la competencia en el ordenamiento político.
Esto es parecido a lo que entendían nuestros próceres por federalismo. En una carta de 1830 al entonces presidente Juan José FloresJosé Joaquín de Olmedo dijo: “cada Departamento tiene derecho de procurarse cuantas ventajas le brinde su clima y su localidad. Y este derecho debe ser subsistente aun cuando las ventajas que se proponga cada país no sean del todo compatibles con las de los pueblos vecinos; pero la justicia también exige que los trabajos y costos de las mejoras particulares de cada territorio, salgan de sus propios fondos, pues sería duro y violento obligar a los pueblos perjudicados a costear las ventajas ajenas, y pagar su propio daño” (Carta a Flores, Epistolario, Aurelio Espinosa Pólit, p. 566, 21 de abril de 1830).
Pero volviendo a lo que es el federalismo, este es algo muy distinto al modelo español. Allí aunque el gasto público está altamente descentralizado, la recaudación está altamente centralizada dado que, el 75% de todo lo que supuestamente deberían recaudar las autonomías se destina a una bolsa común que ulteriormente es redistribuida entre todos los gobiernos autonómicos en función de criterios muy variados. Esto tiene consecuencias nefastas sobre la administración pública porque no existe entre las autonomías ningún incentivo a administrar eficiente el gasto público porque el costo de financiarlo no lo soportan sus contribuyentes, sino (en su inmensa mayoría) los del conjunto de España.
En Argentina, en cambio, su federalismo tiene una estructura más propia de un gobierno centralista dado que para 2017 la mayoría de las provincias argentinas dependían del gobierno nacional para obtener al menos dos tercios de sus ingresos.
Nos conviene ir hacia un federalismo competitivo. Que cada provincia o cantón gaste en función de lo que le ingresa y que sufra o goce de las consecuencias de sus diferentes regulaciones e impuestos y que los ciudadanos tengamos la libertad para elegir entre los distintos regímenes.


Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 5 de julio de 2019 y en Cato Institute.
 

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